Después de cuatro años de letargo, el movimiento estudiantil de izquierda ha empezado sus manifestaciones. Sus medios son conocidos: paros y movilizaciones. Cuando se les reprocha su doble estándar respecto del gobierno anterior, responden indignados algo así como lo siguiente: “Aquí el problema es distinto, estamos en presencia de un gobierno de ultraderecha que perjudica el derecho social a la educación”. Luego, hay que salir a la calle y paralizar el país. Es decir, parece que en el cuadrienio anterior no había problemas serios o, si los había, bastaba una carta para que se arreglaran.

Las movilizaciones actuales no difieren mucho de las que vimos en otras épocas, y todas funcionan sobre la base de tres trampas que han probado ser muy eficaces desde el punto de vista retórico.

La primera es la trampa del tuerto, que solo es capaz de ver los intereses de una parte de la sociedad, casualmente los suyos. Desde hace mucho tiempo, vemos cómo, en un contexto donde los recursos son escasos, los sectores estudiantiles más poderosos presionan para recibir la mayor parte de los beneficios en desmedro de otros que tienen mayor necesidad. El caso típico fue la gratuidad, que favoreció a los estudiantes universitarios en perjuicio de los niños que están en la educación inicial.

Como si fuera una broma, se promovió esa iniciativa en nombre de la igualdad, cuando todos sabemos que el principal partido se juega no a los 18 años, sino en la primera etapa de la vida. En efecto, una intervención oportuna cuando los niños tienen 2, 3 o 5 años es mucho más eficaz para emparejar la cancha que todas las gratuidades universitarias que podamos imaginar. Pero esos niños no votan ni marchan, y por eso sus intereses permanecen invisibles para los estudiantes universitarios y las autoridades que han decidido complacerlos. Su mirada está tuerta.

La segunda es la trampa en las reglas del juego. Una herramienta favorita de los estudiantes radicales es el recurso a los paros. Como son conscientes de que muchos jóvenes quieren estudiar, es necesario doblegarlos. ¿Cómo se hace para privar a la gente de su derecho a estudiar sin que los afectados puedan hacer algo? Muy sencillo, se dice que los paros son “democráticos”, porque han sido aprobados por una mayoría. Con eso dejan mudos a quienes deberían manifestar su discrepancia. Basta ver cómo trataron a los alumnos de Solidaridad que en la Universidad Católica se atrevieron a mostrar su discrepancia con los paros.

Sin embargo, este modo de argumentar es tramposo. El filósofo alemán Robert Spaemann ha puesto de relieve la injusticia de este modo de proceder. En el supuesto —discutible— de que aceptáramos la legitimidad de los paros, para que la decisión resulte justa sería necesario proceder a una doble votación. En primer lugar, habría que votar acerca de si los alumnos (y probablemente también los profesores) estarían dispuestos a someter a la decisión de la mayoría la posibilidad de alterar la actividad docente.

¿Quién le ha dado a una mayoría de estudiantes el poder para decidir sobre los derechos de la minoría? Nadie aceptaría, por ejemplo, que se sometiera a votación la idea de que su mascota pase a otra persona. Lo consideraría un disparate. ¿Es el derecho a la educación menos relevante que el de poseer una mascota?

Una vez obtenido ese acuerdo unánime, que evita la imposición arbitraria de la mayoría sobre los derechos de las minorías, recién entonces se podría debatir si procede ese paro que interrumpe las actividades de enseñar y aprender. Aquí, sin embargo, se deciden paralizaciones por la simple voluntad de una mayoría circunstancial.

Hay, todavía, una tercera trampa. Una vez que los radicales consiguen impulsar el paro y las movilizaciones, vienen de manera inevitable los enfrentamientos con las fuerzas del orden. Más allá de las promesas de los organizadores, estos distan de ser pacíficos. Cuando se producen consecuencias desagradables, los estudiantes radicales solo son capaces de ver aquello que los afecta a ellos. Así, se concentran unilateralmente en denunciar la “represión” de que han sido objeto, sin atender a si cumplieron las normas legales o al tipo de actividad que desarrollaron sus compañeros más violentos, que destruyen la propiedad pública o privada o atacan a los carabineros con bombas molotov. ¿Qué dirían si la policía fuera quien les lanzara las bombas a ellos o los agrediera con los mismos medios? Sin embargo, solo parecen existir ellos y sus intereses: es la trampa narcisista.

Si estas tres trampas son bastante claras, ¿cómo puede ser que funcionen tan bien y que puedan convencer o, al menos, dejar paralizados a muchos estudiantes, que son incapaces de defender sus derechos más elementales?

La razón es muy simple. Estas estrategias funcionan porque se basan en la extorsión emocional. Basta con encontrar una causa que parezca o sea noble para que su invocación justifique cualquier cosa. Así, el alumno que se atreva a impugnar un paro es transformado en un cómplice de un genocidio, de la destrucción de la naturaleza o de una política económica que favorece a los poderosos. Si esto se acompaña del adecuado bullying digital, entonces ya no hay resistencia posible.

Matones han existido siempre, pero se ve que estos son, además, matones emocionales.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio el domingo 7 de junio de 2026.