Como se sabe desde los albores de la historia, el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. En parte ello se debe a que gracias a él, quien lo detenta puede llevar a cabo acciones fuera del alcance del ciudadano común, y por regla muy general, con pocas o incluso nulas posibilidades de recibir un castigo por ellas, en caso de ser deshonestas. De ahí que desde el punto de vista personal, prácticamente su único muro de contención sean sus convicciones morales y/o religiosas.

Sabido lo anterior, se ha intentado generar en los últimos siglos diversos mecanismos de control y de sanción para aquellos gobernantes que abusen del poder que se les ha conferido, con a veces intrincados mecanismos normativos y de contrapeso, siguiendo y perfeccionando la ya clásica doctrina de Montesquieu.

Sin embargo y al margen de la utilidad de lo anterior, a veces se cae en el espejismo de creer que este problema se encontraría resuelto por el sólo hecho de contar con una institucionalidad relativamente bien pensada, casi como si se tratara de una máquina lubricada correctamente. Se olvida con frecuencia que detrás de todas las instituciones hay personas de carne y hueso, sometidas a las mismas tentaciones que sus semejantes. Por eso no sirve de mucho poseer una impecable institucionalidad si quienes la encarnan no poseen sólidas convicciones morales (las tradicionales, se entiende).

Ahora bien, si se aplica lo anterior a la realidad chilena, el panorama no puede ser más desolador, al punto que los problemas y escándalos que se han ido acumulando en los últimos años son tantos y de tal magnitud, que se corre el riesgo de perder la capacidad de asombro. Y dentro de estos múltiples asuntos, tal vez los más peligrosos sean la inmigración creciente y descontrolada, la rampante y agresiva inseguridad, y la general y desvergonzada malversación de caudales públicos, que está haciendo que muchos servicios y prestaciones básicas que otorga el Estado hoy se encuentren pendiendo de un hilo.

Más aún: estas situaciones han aumentado de manera tan vertiginosa, que a ratos cabría preguntarse si Chile realmente cuenta con los mecanismos para enfrentarlas, o si se prefiere, si nuestra institucionalidad no era simplemente de papel.

Por momentos parece que sí, que toda esta institucionalidad era un simple espejismo, al considerar, por ejemplo, la facilidad con que ha penetrado el crimen organizado o por la grosera desaparición de recursos públicos. Y tal como pintan las cosas, tampoco parece que sus autores, cómplices y encubridores vayan a recibir algún castigo por las acciones realizadas, e incluso que se encuentren realmente preocupados por ello.

Sin embargo, por otro lado, esta “institucionalidad de papel” ha comenzado a funcionar, sobre todo gracias a la labor de la Contraloría General de la República, destapando múltiples escándalos, algunos insospechados, y otros tolerados por muchos durante largo tiempo. Todo lo cual significa que existen las herramientas para enfrentar esta situación.

De esta manera, Chile se encuentra en un momento crítico: o el próximo gobierno realiza de manera valiente y decidida las acciones necesarias para revertir de verdad esta situación, o la institucionalidad vigente terminará siendo, efectivamente, sólo de papel.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por el diario El Sur de Concepción. El autor es Doctor en Derecho y profesor de filosofía del derecho en la Universidad San Sebastián.