El proceso constitucional ya está llegando a su cénit, cuando le queda menos de un mes de campaña a los candidatos al Consejo Constitucional y la Comisión Experta ya está discutiendo el articulado que han propuesto las subcomisiones para el anteproyecto de Constitución.

Como profecía autocumplida, los primeros textos para la Carta Magna confirman las previsiones que hemos hecho en nuestras últimas columnas. Pienso que el panorama se ve auspicioso, aunque todavía hay que estar alertas y encomendar a nuestros candidatos las mejoras que el texto requiere.

Las propuestas de capítulos preparadas por las respectivas subcomisiones tienen, en general, una visión coherente con la que hemos desarrollado en esta tribuna. Así, en los artículos resuenan muchas referencias a la Constitución de 1980/2005 y a las “12 Bases Constitucionales”. 

En consecuencia, parece un texto noviembrista, pero con coqueteos al septiembrismo, como el reconocimiento de la autonomía de los cuerpos intermedios (Cap.1 art. 4.2) o la consagración de la provisión mixta en casi todos los derechos sociales (Cap. 1 art. 3), manteniendo así vigente la tan vilipendiada subsidiariedad.

Sin embargo, hay algunos puntos ciegos que exigen jugar nuestras fichas en el Consejo Constitucional para impedir que el texto deje la puerta abierta al octubrismo. Primero, aunque se consagra la dignidad humana como “primer deber de la comunidad política” y límite de la soberanía (Cap. 1 arts. 1 y 6), no se hace referencia al derecho a la vida del que está por nacer, dejando a la ley la responsabilidad de prohibir o permitir el aborto.

Asimismo, aunque se reafirma que “[l]a familia es el núcleo fundamental de la sociedad”, sostiene que el deber de protección y fortalecimiento es a “las familias” (Cap.1 art. 4.1), dando espacio al reconocimiento de uniones homosexuales o de otro tipo. 

Por último, quedan dudas en torno a la provisión privada de dos derechos sociales cruciales: la salud y las pensiones (Cap. 2 art. 1.16 y 1.20). A pesar de que se reconoce la posibilidad de ofrecer seguros privados de salud, no se señala qué ocurrirá con los centros de salud; mientras que con las pensiones no se hace ninguna referencia a quiénes serán los prestadores del servicio, ni a la propiedad de los fondos, despertando al fantasma del sistema de reparto.

A pesar de que esté casi todo prácticamente “cocinado”, tenemos una nueva oportunidad de revertir estos errores en la elección del 7 de mayo. En consecuencia, debemos deliberar en conciencia por quién votar, no sólo por quien represente mejor en la teoría nuestros principios, sino también por quien tenga mayores opciones de salir electo. Y eso implicará ampliar nuestro abanico de posibilidades, considerando no sólo a los candidatos republicanos, sino que también algunos candidatos de Chile Seguro o el Partido de la Gente (PDG).