Cada cierto tiempo –con intervalo que era de semanas o meses… pero ahora es de días– nos sorprendemos y horrorizamos ante hechos de fuerza y aun sangre que protagonizan niños que apenas cuentan 15, 16 años… quizás el asalto de una casa, ejecutado con particular violencia y crueldad; quizás un homicidio sin sentido, como el reciente de un muchacho de 18 años a mano de otro de 15, suceso que todavía llena las páginas de los diarios… pero sin que nadie pueda insinuar, siquiera, una posible razón de lo sucedido.

Tan inquietantes signos (y más que signos) despiertan exasperadas reacciones ciudadanas, y propuestas inútiles, pues no van al fondo de las cosas. V. gr.:

1. Rebajar la edad de la responsabilidad penal, como ya se hizo, obedeciendo a un doble supuesto, simultáneamente irreal y peregrino: a) que los niños de esa edad reciben hoy de los adultos elementos que les permiten juzgar, mejor que los de ayer, la moral y consecuencias de sus actos; y b) que si no lo hacen, su proceder puede ser corregido, y el menor «reinsertado» en la sociedad, por una acción combinada judicial/estatal.

Ninguna de semejantes presunciones se formula sustanciándola en hechos ni razonamientos.

2. Derivado de los fantasiosos supuestos anteriores, crear una justicia de menores, y un monstruo burocrático a cargo de la «reinserción», el SENAME, y extenderlos y dotarlos más y más de personal y recursos monetarios que siempre (se reclama) “quedan cortos”.

Y efectivamente “quedan cortos”, porque el problema tampoco está ahí.

A la verdad, dichos centros de «reinserción», de nombres poéticos y realidades sórdidas, no son administrados por los funcionarios a cargo, sino por los propios menores internos. Quienes, como ha revelado una reciente crónica periodística, imponen al interior de cada centro una filosofía de vida y conducta, una jerarquización de los recluidos, y unos mandos, ajenos a toda idea de «reeducarse». Pues se fundan en la clase y gravedad de los respectivos delitos perpetrados.

El personal del SENAME hace lo que puede, a menudo con gran sacrificio y excelentes intenciones. Pero –atendidos su escaso número y capacitación, los pocos centros que existen, la cantidad enorme y creciente de muchachos que sería necesario internar para rehabilitar y la insolucionable exigüidad de fondos– su esfuerzo es una gota en el mar. La tarea excede cualquier «judicialización» o «estatización», y cualquier monto de recursos imaginable. Es una tarea, por ese camino, imposible.

3. Agravar, hacer casi automática, y hasta tasar previamente en sumas fijas, la responsabilidad civil de los padres por los hechos de sus hijos menores.

Que se pueda sugerir algo así, es muestra de la desesperación en que estamos cayendo ante el desafío que plantea la delincuencia infantil y juvenil. Esa responsabilidad ya existe legalmente, y tratar de hacerla «objetiva» –es decir, que dependa del solo hecho y no de sus circunstancias particulares– conduciría inevitablemente a graves abusos e injusticias: en el Chile de hoy, los padres, sobre todo los de reducidos medios económicos, carecen de poder real sobre su prole, aun sobre la infantil. Y no es culpa de ellos, sola ni principalmente, como veremos.

4. Algunas autoridades relacionadas con el tema, por último, han hecho traspaso público del problema que estudiamos a la «familia» y a la «escuela», criticando la formación –o falta de formación– que reciben de ellas los niños chilenos. Sería factor fundamental de sus caídas delictuales. El Estado no puede, agregan, suplir ese vacío.

Tratándose de los sectores modestos de la sociedad, esta acusación es objetivamente un descaro, disculpable sólo por no pensar bien lo que se dice…

El Estado de Chile no tiene nada que exigir ni pedir a la familia ni a la escuela, en el caso de los pobres.

A) La familia legal, entre ellos, va camino de desaparecer. Cada vez son menos los matrimonios, y cada vez más las simples «parejas» y los hogares cuya cabeza es una mujer (generalmente una abandonada). Crece la cantidad de divorcios solicitados: su número equivale al 50% de los matrimonios habidos desde la vigencia de la ley que permite aquéllos. Los hijos que nacen anualmente fuera del matrimonio exceden hoy el 65% del total correspondiente al año respectivo (eran el 15% el año 1965). Y alcanzan el 15% del mismo total, los nacidos de madres adolescentes.

Los hijos de padre o madre ausente, o cuya madre vive con un «padrastro» (al cual suelen odiar, y que no raramente los maltrata de distintas formas, algunas pavorosas)… ¿qué «formación» recibirán?

Sin duda la disolución de la familia, y de su autoridad formadora sobre los hijos, es un fenómeno profundo y de múltiples causas, pero el Estado «progresista» tiene en él parte importante de la culpa.

La más grave: no proteger ni promover la familia matrimonial. Al revés, la equipara con cualquier tipo de pareja. Hay –decía la ministra del SERNAM, Servicio Nacional de la Mujer, el año 2006 (El Mercurio, 1 de octubre)– “diversos tipos de familia”, y en eso, en esas “opciones”, “no puede entrometerse el Estado”. El cual reconocía como familias a cualesquiera “modelos de convivencia basados en el afecto, compromiso, responsabilidad e integración social”.

La definición copiada, se observará, es aplicable a todo vínculo sexual constituido al margen del matrimonio, incluso a la pareja gay que viva con su gato. Y no incluye ni podría incluir ningún tipo de permanencia mutuamente obligatoria del vínculo: este pacto de permanencia es incompatible (por definición) con el concepto mismo de «pareja».

Pero el Estado «progresista» va más allá. No sólo equipara «matrimonio» y «pareja» (cualquier pareja), sino que claramente perjudica al primero. Hay numerosos ejemplos. El matrimonio tiene una sola opción a subsidio de vivienda; la pareja, dos. El matrimonio puede verse obligado a sumar las rentas de ambos cónyuges, para los efectos del impuesto a éstas, aumentándolo; la pareja, no. Etc.

Si la familia matrimonial es lo mismo –y aun es menos– que cualquier «familia» de las que el Estado «progresista» define de modo tan amplio y vago, ¿con qué cara aquél le pedirá, ni menos le exigirá, que sin ninguna ayuda –peor aun, perjudicándola– eduque y forme a los hijos mejor que los otros «modelos de convivencia» más favorecidos y que carecen de todo compromiso de estabilidad? Y sin éste, ¿qué autoridad tendrán esas seudofamilias para educar y formar a los niños que vivan con ellas?

Por otra parte, el Estado «progresista» ha impulsado oficialmente, de distintas maneras, la precocidad sexual de los adolescentes, sustrayéndola de la autoridad y hasta del conocimiento de los padres. Un ejemplo, el último de muchos: el suministro estatal, secreto y gratuito, de la «píldora del día después» a niñas de 14 años. Todo padre responsable, todo educador, sabe que la precocidad sexual es la puerta a muchas corrupciones, o su acompañante inseparable, y por ellas al delito.

Resumiendo, muestra un tupé inmarcesible que las autoridades estatales reprochen la delincuencia infantil y juvenil a las familias, después de facilitar el propio Estado su menosprecio y destrucción.

B ) Y exactamente lo mismo cabe decir de la responsabilidad achacada a las escuelas.

El 90% de nuestra enseñanza es gratuita, vive de la subvención que recibe del Estado, y no puede cobrar otra suma. Esa subvención (mis lectores están hartos de oírmelo) es la mitad de la mínima indispensable. Por eso, los establecimientos escolares apenas sobreviven, carecen de los elementos y mantenciones más imprescindibles, tienen cursos sobrepoblados y sus maestros están en el aula seis de las ocho horas diarias de trabajo.

Además, la enseñanza municipal, 50% de la gratuita, se halla sujeta al Estatuto Docente, que hace por completo imposible al municipio, al director o a la comunidad escolar, librarse –con la rapidez necesaria– del profesor ignorante, fallero, violento, alcohólico, grosero, etc… Una inamovilidad total, que no tiene ningún otro gremio del país.

¿Y así sería culpa de la escuela no «formar» a los alumnos para apartarlos del delito?

¡Si ni siquiera puede –sin «reubicarlo» previamente en otro liceo o escuela– expulsar al muchacho cuya carrera antisocial ha debutado en el mismo establecimiento!

Sin embargo, estas disculpas –tan poco válidas– esconden una verdad real. A saber, que sin reconstituir y promover la familia matrimonial en el mundo popular, y sin darle a la enseñanza gratuita los recursos y las facultades de que hoy carece, no habrá leyes, ni castigos, ni SENAMES que valgan, ni que solucionen, ni de lejos, el problema de nuestra delincuencia infantil y juvenil.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Segunda.