El Congreso, a petición del Presidente Piñera, renovó el estado de excepción en las comunas de la Región de La Araucanía y algunas del BioBío, prórroga que alcanza solo hasta el fin del actual período de gobierno. La prensa consultó a la futura ministra del Interior cuál sería la actitud de la nueva administración en esta materia, a lo que ella respondió que el Presidente Boric no considera necesario este régimen jurídico especial en el “Wallmapu”.

El separatismo es de los peores fenómenos que le pueden ocurrir a una sociedad; tras de él viene la percepción de que el orden jurídico nacional, al que los separatistas se encuentran sometidos, es ilegítimo y, en consecuencia, se sienten con derecho a rebelarse de todas las formas posibles, puesto que, liberados de un orden jurídico racional, la violencia se convierte en una opción válida. Esto es precisamente lo que ocurre en la parte de nuestro país en que se renovó el estado de excepción.

La decisión del gobierno entrante es discutible, la manera de anunciarla me parece gravemente equivocada en una persona que en pocos días más asumirá una de las más altas responsabilidades del Estado. En esa zona del país, la muerte se ha vuelto dramática y macabramente habitual, regularmente caen nuevas víctimas inocentes, como los dos jóvenes que realizaban patrullajes de prevención de incendios forestales y que hace pocos días fueron ejecutados al más puro estilo de las mafias del narcotráfico, por citar solo un ejemplo. Es obligación primaria del gobierno, cualquiera este sea, brindar la mayor seguridad posible a las personas, protegerlas de cualquier forma de delincuencia y restablecer el orden allí donde se ha perdido.

Aunque no lo comparto, comprendo y respeto que las nuevas autoridades tengan una estrategia diferente de la actual, que piensen que el diálogo es mejor camino para restablecer la paz y la seguridad. Ojalá estén en lo cierto, por la vida y tranquilidad de quienes viven en esa parte de Chile.

En pocos días más, la designada ministra Siches prestará juramento o promesa de cumplir y hacer cumplir la ley, vale decir, de velar por la soberanía de nuestro país. A partir de ese momento, sus acciones y palabras tendrán consecuencias que pueden prolongarse en el tiempo mucho más allá del período en que ella ejerza el cargo. La Constitución y la ley vigentes, que ella jurará, disponen una división político administrativa de Chile y su territorio, y en esa división no existe el Wallmapu. Esa es una designación que dan precisamente quienes reivindican una parte de nuestro territorio para sí, sobre el cual no es descartable que, además de la violencia, en el futuro intenten acciones contra nuestro país ante organismos internacionales.

Como ciudadana, Izkia Siches tiene todo el derecho a tener una visión de nuestra historia, de la legitimidad de las reivindicaciones sobre parte de nuestro territorio, y expresarla. Como ministra no. Lo perderá el 11 de marzo, cuando jure o prometa cumplir y hacer cumplir la ley de Chile.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Tercera, el sábado 26 de febrero de 2022.