En las últimas horas el debate presidencial ha ido derivando hacia una cuestión no menor: ¿qué hacer con el Ministerio de Desarrollo Social en un contexto de reducción del aparato público, y cómo redirigir más eficientemente las políticas públicas por él propiciadas, de tal manera de atender mejor la solución de las urgencias sociales reales que nos afectan a la inmensa mayoría de los chilenos? 

La respuesta a esta pregunta, por cierto, no es simple y requiere de un análisis asociado a una apertura de mente para entender el ciclo histórico político de dos instituciones claves en el devenir del desarrollo socioeconómico de Chile, insertadas ambas en el aparato burocrático del Estado. Me refiero a la Corporación de Fomento de la Producción y al mismo Ministerio de Desarrollo Social.

Un poco de historia nos ayudará. La primera se crea con el fin confeso de tener a su cargo todo lo relacionado con los préstamos, expropiaciones, reconstrucción y auxilios a los damnificados en las provincias afectadas con el terremoto del 24 de enero de 1939. En su parte final, el artículo 1 de la ley que la creó señalaba tajantemente: “esta corporación durará seis años”, cosa que no ocurrió.

No obstante lo anterior, la institución en comento si bien en una primera etapa cumplió eficientemente el objetivo para el que había sido creada, con el transcurso del tiempo se transformó en una agencia de operadores políticos, particularmente del Partido Radical. 

La evidencia es bastante abrumadora a este respecto, con honrosas excepciones por supuesto, como es el caso de Mario Hiriart Pulido, ferviente católico y un técnico de alta calificación, distinguido por sus pares en más de una ocasión.

Hacia la década de los sesenta, al llegar al poder la Democracia Cristiana con Eduardo Frei Montalva a la cabeza, tenía claro el diagnóstico que hemos esbozado, lo que motivó la creación de un órgano administrativo en el cual pudiesen cobijarse los artífices del programa de gobierno entrante. Lo explícito del artículo 1 del cuerpo legal que le dio vida a este nuevo órgano, facilita mucho lo aseverado: “Artículo 1°- La Oficina de Planificación Nacional es un servicio funcionalmente descentralizado, con patrimonio propio y personalidad jurídica de derecho público, sometida a la supervigilancia directa del Presidente de la República, a quien asesorará en todas aquellas materias que digan relación con el proceso de planificación económica y social”. 

Lamentablemente, lo que ya había ocurrido con la Corfo se replicó con este nuevo órgano administrativo, prolongándose posteriormente en la administración del presidente Allende. Bajo el gobierno militar esta realidad cambió radicalmente, recuperando ambos entes un rol técnico de excelencia en el marco de la profunda reforma administrativa puesta en marcha por el supremo gobierno, atacando de raíz el problema de la extrema pobreza. ODEPLAN, hoy Ministerio de Desarrollo Social, se convirtió en un instrumento fundamental para realizar tal cometido, enfocando las políticas públicas a través del llamado “mapa de la extrema pobreza”. 

Gran mérito en este esfuerzo se debió a Don Miguel Kast Rist, quien fue el gestor de esta brillante etapa de esta repartición pública, que significó un giro decisivo en la concepción de las prioridades públicas, concentrando la toma de decisiones en extirpar la pobreza extrema de nuestro territorio. 

Esto es amplia y transversalmente reconocido en el ámbito público económico nacional, maximizando así la eficacia ejecutiva de los programas implementados con este fin, reduciendo de manera ostensible el fenómeno de la miseria y redistribuyendo de mejor manera los recursos. 

Por su parte, la Corporación de Fomento de la Producción, se puso a la tarea de ser el brazo gestor de un cambio de paradigma estatista a uno de libre mercado.

Así, el Estado, en esta nueva visión económica, saneó financieramente las empresas que dependían de Corfo para finalmente privatizarlas con un beneficio notable para las arcas fiscales, redirigiendo los recursos liberados de la administración de estas unidades productivas a planes sociales de alto impacto que favorecieron a las grandes mayorías nacionales que vieron elevarse su standard de vida como nunca antes. 

De ahí, que me parece imprescindible la fusión del Ministerio de Desarrollo Social con la Corfo. Es un asunto de sentido común y de toda lógica; basta con revisar en dominio público los fines, objetivos y propósitos de ambas agencias estatales para constatar la identidad de éstos en casi su totalidad, de tal manera que el avance esté centrado en reducir el Estado y su burocracia para favorecer un ahorro determinante que generará sinergias positivas en todo el ciclo económico, allegando más recursos a las familias de clase media y vulnerables que claman este cambio de rumbo, de tal forma que abandonándose el clientelismo político y oportunista que tanto daño ha causado a tantos compatriotas necesitados, se dé un salto cualitativo que implique una alta dirección impactando favorablemente en él un auténtico desarrollo social nacional 2,0.