Este fin de semana tendremos los comicios donde elegiremos cuatro importantes autoridades: gobernadores regionales –que por primera vez serán electos– alcaldes y concejales, y convencionales constituyentes. Las papeletas, naturalmente, serán de gran tamaño, y no podremos deliberar respecto de todos los nombres como verdaderamente nos gustaría. Sin embargo, creo pertinente sugerir algunos elementos de juicio a la hora de elegir a quienes redactarán la nueva Carta Fundamental. Son, al menos, los criterios en los cuales me basé para elegir por quién votaré, no sólo para la Convención Constitucional, sino que también para el cargo de gobernador regional. 

En primer lugar, el respeto o reconocimiento de dos tradiciones que han dado forma a la chilenidad. Me refiero a la tradición cristiana y a la tradición institucional y constitucional de nuestra Patria. Chile es un país que ha sido forjado en torno a valores cristianos como la solidaridad, la protección de los débiles y, en el último tiempo, la subsidiariedad. Quienes creemos que son los principios cristianos los que deben dar forma a nuestra sociedad, naturalmente, debemos elegir a convencionales que se manifiesten inspirados en dichos principios. Una buena noticia es que muchos de esos principios tienen un respaldo prácticamente transversal en la población, y los que no, pueden difundirse y defenderse de un modo más adecuado. En ese sentido, una razón para estar medianamente optimistas es que los principios sociales del Cristianismo pueden constituir un piso mínimo de quienes integrarán la Convención.

Por supuesto, los países no se desarrollan en abstracto, sino que van configurando de manera orgánica sus instituciones en el tiempo. Por eso, no creemos razonable que un candidato busque acudir a la Convención importando instituciones o modelos extranjeros, o buscando inventar un nuevo modelo, cuando tenemos quinientos años de experiencia de gobierno, tres siglos bajo una monarquía y dos bajo una “monocracia presidencial”, con un interregno parlamentarista que, ante la experiencia anterior y posterior, puede considerarse -sin exagerar- bastante breve. En ese sentido, a la hora de diseñar las instituciones que puedan ofrecer una salida a la actual crisis socioinstitucional, no podemos sino considerar nuestra rica experiencia en la materia. Volviendo al presente, nuestra crisis no es, en sentido estricto, de régimen de gobierno, porque una de sus principales causas se encuentra en el sistema electoral, y otra en que uno de los poderes del Estado –el Legislativo– se arroga facultades que no le corresponden mientras que el otro poder –el Gobierno– ha dejado de ejercer las que le competen legalmente. 

Finalmente, y relacionado con la tradición cristiana, es necesario explicitar que el desarrollo del país, de todos y de cada uno de sus integrantes –el desarrollo integral que promovía Pablo VI–, corresponde buscarlo, en primerísimo lugar, a las agrupaciones que nacen de la creatividad humana y que son más cercanas a las familias, base de la sociedad. De esta manera, son los cuerpos intermedios de carácter territorial –barrio, municipio, región– o funcional –empresas, universidades, colegios, fundaciones, medios de comunicación, etc.– los que deben primariamente orientar sus fines particulares al bien común, promoviendo el progreso espiritual y material de la población, y especialmente de los más débiles, dejando al Estado un carácter subsidiario, es decir, de coordinación, estímulo y suplencia de los cuerpos intermedios. En síntesis, pienso que los candidatos a la Convención Constitucional por los cuales conviene votar deben inspirarse en la tradición social cristiana que ha dado forma a nuestra Patria, valorar la experiencia político institucional del país por sobre experiencias foráneas o creaciones intelectuales, y finalmente reconocer el derecho preferente de las familias y las agrupaciones intermedias en la promoción del bien común, al mismo tiempo que asignarle al Estado un papel estimulador de la sociedad civil.