Cuando dos partes se sientan a negociar, ambas ceden en sus pretensiones para conseguir algo a cambio, “hay que dar para recibir” podría ser el principio básico. Hay otro factor importante en toda negociación: que las partes negociadoras puedan cumplir con lo ofrecido, es decir, necesitan tener total o casi total control sobre lo que se comprometen a dar o, simplemente, actúan deslealmente. No obstante, esto no es lo único desleal que puede ocurrir, existe algo peor: el chantaje. En ocasiones, una de las partes presiona indebidamente a la otra, aprovechándose de su debilidad. Doblemente grave, si el objetivo o supuesto objetivo argumentado para la negociación, es un interés superior que les atañe a todos, a los negociadores y a un tercero que depende de ellos. Este raciocinio debería corresponder al punto de partida de cualquier análisis serio que se haga del proceso constituyente, iniciado con la firma del espurio “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”, firmado el 15 de noviembre de 2019. 

El Gobierno entregó la Constitución a cambio de la paz social, pero ésta aún no llega. El primer punto de esto que llaman acuerdo dice: “Los partidos que suscriben este acuerdo vienen a garantizar su compromiso con el restablecimiento de la paz y el orden público en Chile y el total respeto de los derechos humanos y la institucionalidad democrática vigente”. O sea, letra muerta. Es cierto que los partidos políticos no son responsables del orden público, sino el Gobierno, pero no han colaborado desde el Congreso ni desde la propaganda. Siempre obstruyendo las decisiones gubernamentales. Los derechos humanos también han quedado de lado, porque son unidireccionales; están fuera los derechos de las víctimas del estallido subversivo y, por supuesto, los derechos de los carabineros agredidos, pero no así los derechos de los “luchadores sociales”. La institucionalidad democrática tampoco se salva, pues, desde un principio no se respetó. Este “acuerdo” se originó sobre la base de la presión de células violentistas y la amenaza creciente de una acusación constitucional contra S. E. el Presidente de la República. Simple y llanamente, un chantaje a la autoridad legítima.

La bajeza izquierdista no tiene nombre. Los zurdos se sentaron a la mesa de negociaciones sin la más mínima intención de cumplir su parte. Si ofrecieron paz social, significa que ellos eran los autores del desorden social, o sea, autores de una crisis insurreccional de gravísimas consecuencias para nuestra patria y sus habitantes, pero que en aras del bien común estaban dispuestos a dejar. De no ser los autores, descaradamente, usaron la crisis para imponer su megalomanía constitucional contraria a la votación ciudadana. En otras palabras, no les preocupó para nada el bienestar de sus connacionales. Se trataba de cumplir sus caprichos, por supuesto, los que se disocian del interés nacional.

Posibilitó el chantaje la ausencia de un Gobierno moralmente íntegro, valiente y fiel a algún principio (pedir fidelidad a un principio específico, a estas alturas, es pedir demasiado). Ahora nos enfrentamos a una temporada de incertidumbre política, llena de elecciones y desorden social en el momento más inoportuno. Además, cuánta validez tendrá el resultado de este proceso, considerando que el Partido Comunista ya dijo que utilizaría la violencia para intimidar a los integrantes de la célebre Asamblea Constituyente con el fin de que sigan sus lineamientos.

Chile sufre ahora las consecuencias negativas de un acuerdo obtenido mediante coacción, que terminó siendo una rendición del Gobierno. Éste entregó la Constitución, traicionando a sus electores, a cambio de nada en la práctica. Una rendición más de la “no izquierda”. ¿Qué debe pasar para que este sector entienda que la izquierda lo quiere todo y no descansará hasta conseguirlo? Las elecciones son solo una anécdota o un trámite para ésta. En las urnas, perdió su programa de gobierno, pero no fue un revés porque, usando la violencia, lo impusieron por sobre la voluntad popular. 

Lo ocurrido con este supuesto acuerdo debería ser una lección importantísima de este año que está terminando, tal vez la más importante. Si bien fue firmado el 2019, el proceso al que dio origen se desarrolló este año, con ello se pudo apreciar que había nacido muerto. Obviamente, la rendición y traición del oficialismo también se hicieron patentes. La paridad y los cupos reservados para los “pueblos originarios” recientemente impuestos, pero que no estaban en el acuerdo original, también nos muestran la poca seriedad y nobleza de uno de los firmantes. Se vienen tiempos aún más difíciles para nuestra institucionalidad, pero no porque sea difícil cumplir un acuerdo o llegar a algún consenso, sino porque uno de los participantes en este proceso no está disponible para conversar ni para acordar nada. Lo está para obstruir y violentar.