No de otra manera pueda calificarse el período que entra a vivir el país a partir del momento en que la acusación constitucional contra el ministro Víctor Pérez fue aprobada por la Cámara de Diputados forzándolo a presentar su renuncia antes del trámite en el Senado. Todo hacía prever que ahí iba a reiterarse la votación.

La acusación era una falacia. Se acusó a Víctor Pérez de no haber actuado con presteza para desarmar una huelga de camioneros declarada como último argumento para mover a los poderes públicos a que terminaran con el vandalismo en las carreteras. Es decir, era una huelga enteramente justificada.  Y que por lo demás, se sabía, terminaba de inmediato, como así sucedió. También se le culpó del accidente de aquel joven manifestante que, huyendo de carabineros, se desplomó hacia el río Mapocho, como si él hubiera ordenado hacerlo. 

Lo acusaron quienes militan en los partidos que durante meses han estado respaldando la violencia, la destrucción y el saqueo y cuya única reacción ha sido la de proteger a los violentistas y denostar a las fuerzas de orden encargadas de mantener el orden público. Los ha dejado impávidos el gigantesco costo social que ha provocado esta violencia. Pensemos nada más que en las 300.000 personas que perdieron sus empleos entre octubre y diciembre del año pasado; pensemos en lo que ha significado para los grupos más modestos el colapso del sistema de locomoción colectiva por la destrucción de las instalaciones del metro; pensemos en las enormes dificultades de abastecimiento que ha generado a las familias chilenas la destrucción de supermercados y de comercio en general. Todo eso, no lo han visto y, según ellos, no ha existido.

La hipocresía de esos partidos es manifiesta. Hoy, aprovechando una pasajera mayoría en las cámaras del Congreso quieren dictar cátedra de moral y de derecho al resto del país, cuando en sus manos la función política ha perdido toda noción de decencia y de rectitud para emplearse como instrumento al servicio de las ideologías más perversas como la marxista. Sin duda, el comando de estas fuerzas políticas ha sido copado por las fuerzas más extremistas como son las del denominado Frente Amplio y del partido comunista. Ellos mandan y detrás de ellos se alinean quienes juran que van a la cabeza, pero que no son más que unos engranajes miserables en la estrategia de los primeros. Ahí está sobre todo ese partido autodenominado demócrata cristiano jugando el mismo papel que en la década de 1960 cuando le pavimentó el camino al comunismo y que, cuando este llegó al poder y comenzó a aplicar sus políticas, sus dirigentes corrieron desesperados a los cuarteles pidiendo la intervención militar.

Esta acusación es una clara advertencia al gobierno en el sentido de que, si muestra alguna intención de ejercer la autoridad con firmeza, el parlamento se va a encargar de desarticularlo. Al gobierno le corresponde entonces apreciar cómo puede responder a esta estrategia, pero al país desde ya le corresponde declararse en estado de alerta y de preparar su defensa de cara a esta evidente estrategia de anarquía y destrucción.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por el autor el miércoles 4 de noviembre de 2020 en su página de  Facebook.