La Facultad de Derecho de la Universidad de Chile fue tomada por sus alumnos el 29 de abril, aduciendo –se publicó entonces– supuestas impropiedades del Decano: inexactitudes de su currículo, plagio de un libro. Cuarenta y ocho horas antes, un grupo de profesores había hecho igual denuncia, pidiendo se investigara. Pero el presidente del Centro de Alumnos aclaró que el tema indicado –los cargos contra el Decano– no era el “central” de la toma. Esta buscaba un “proceso de reforma… profundo” de la Facultad, acusada de carencias en investigación, extensión, “proyecto de desarrollo institucional de largo plazo”, miembros del claustro, “espacios de deliberación reales”, etc. etc. (El Mercurio, 11 de mayo).

Intervino el rector de la universidad. Primero, nombrando una comisión de intelectuales, no contemplada por los estatutos, para que investigara el tema del presunto plagio, cuyo informe fue desfavorable al Decano. Segundo, acusando directamente a éste de dicha incorrección y aun delito. Tercero, encabezando un confuso y secreto forcejeo en que intervinieron el imputado, los profesores denunciantes, el Consejo Universitario y los alumnos en toma. Culminó el forcejeo con la renuncia del Decano y el nombramiento de un Vicedecano, que deben materializarse la semana que comienza, con las características que siguen:

• La renuncia del Decano habría tenido el «aliciente» de que, si no se presentaba, cabía lo destituyese el Consejo Universitario
• El nombre del Vicedecano –ya conocido, y que corresponde a un jurista de mucha reputación– habría sido consensuado entre el Rector, por una parte, y por la otra: 1) los profesores que denunciaron al Decano, y 2) los alumnos ocupantes de la Facultad (cuando menos, ambos grupos aprobaron pública y previamente dicho nombre). El claustro del organismo no intervino para nada.
• Adicionalmente, el Rector y los alumnos habrían consensuado de antemano que el vicedecano por nombrarse “regularizara la situación de los académicos invitados”, y promoviera la “instauración del consejo de escuela”, “la participación de los centros de investigación en los consejos de la Facultad”, “políticas de bienestar estudiantil”, etc. (El Mercurio, 30 de mayo).

Las conclusiones de todo lo anterior son desgraciadamente muy claras:

• Los alumnos de Derecho de la Universidad de Chile (o parte de ellos) se toman la Facultad para imponer una reforma determinada de sus estudios, orientación, profesorado, claustro, etc. Intervención, ésta, prohibida por la ley y los estatutos del plantel, y que además desprecia los mecanismos participativos que esos mismos estatutos establecen, aprobados en plebiscito (me parece recordar) por los estamentos universitarios
• Las acusaciones infamantes contra el Decano, verdaderas o falsas, son sólo parte de la táctica de los alumnos para obtener sus verdaderos objetivos. Logrados éstos, las imputaciones pasan al olvido.
• Dichas acusaciones se resuelven anticipadamente, prescindiendo de estatutos y reglamentos de la Universidad, y en general del «debido proceso» que ha reclamado para ellas el mismo presidente del Centro de Alumnos (El Mercurio, 30 de mayo). Y aplicando, en cambio, un sistema irregular de insinuaciones, presiones y cabildeos, hasta obtener la renuncia. Cooperan en diversos grados a la irregularidad el Rector, el Consejo Universitario, los profesores denunciantes (que jamás condenaron la toma, «colgándose» tácitamente de ella), y el mismo Decano… el último, es cierto, in extremis y abandonado por todos. El claustro de la Facultad nada ha dicho, tampoco, y probablemente nada dirá. Esto, en una institución DE DERECHO.

Se ha recordado que, el año 1997, una toma parecida impidió, en la misma Facultad, que pudiera ser elegido Decano un abogado de gran capacidad, pero que no era «políticamente correcto». Es probable que la fuerza indebida y abusiva de entonces haya sido precedente, ejemplo, de la actual… como ésta lo será de otras futuras.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Segunda.