La tramitación de un proyecto de ley que prohíbe enviar tareas escolares a la casa en colegios con subvención del Estado es una muestra más de la falta de consideración que tienen las autoridades con la autonomía de la gestión pedagógica que corresponde a los establecimientos educacionales y las competencias profesionales de los docentes. La novedad es que en esta oportunidad, a los desaciertos de la legislación ya aprobada de la reforma educativa, se sumó la Cámara Alta, que tomó una decisión que corresponde estrictamente al ámbito pedagógico, sin consultar a los maestros.

La falta de respeto a la profesión docente está tomando dimensiones desbordadas. Nos preocupa que quienes quieren mejorar la calidad de la educación estén menoscabando al profesorado y le impidan ejercer la capacidad indiscutible de todo profesional.

Llaman profundamente la atención los argumentos sustentados por los senadores para aprobar este proyecto: “…Chile tiene la mayor cantidad de niños con trastornos mentales y colon irritable, los cuales son directamente asociados al agobio y la sobreexigencia que provoca la jornada escolar completa en los estudiantes…”. Fue el propio Parlamento el que aprobó la ley de la Jornada Escolar Completa –con fines asistenciales más que académicos–, y hoy alzan la voz para plantear que “las tareas escolares no están al servicio del aprendizaje o bienestar del estudiante, sino que están al servicio del colegio, de obtener mejor rendimiento que otra… escuela”.

En estas livianas expresiones se vislumbra la tremenda desconfianza hacia la labor de la escuela y el intento de sembrar la duda al mostrar el desconocimiento del fin último de su gestión educativa, como es la formación integral de todos sus estudiantes. Atribuirles a las tareas escolares los problemas de salud mental o el uso de medicamentos da cuenta nuevamente de la poca seriedad con que el Senado ha tratado este tema, sin tener evidencia científica.

La conclusión unívoca de estas argumentaciones es que todos los males que presentan los estudiantes se terminarán al dejar de hacer las tareas escolares. No consideran los estudios en los cuales se analiza el tiempo que utilizan en videojuegos, computador o celular. Cuando en 2012, el Presidente de Francia, Françoise Hollande, intentó prohibir las tareas en escuelas primarias y secundarias, fue ridiculizado en la prensa. Incluso, el Senado tampoco consideró el informe del Ministerio de Educación que se negaba a una prohibición definitiva, cuestión que provocó que la actual ministra declarara al respecto: “Si son eliminadas absolutamente es tan arbitrario como tener a los niños recargados de tarea en las casas”.

Ante estas visiones, nos parece que falta prudencia y reflexión profunda para no generalizar y utilizar argumentos burdos y presuntuosos. Para la OCDE (2014), los deberes representan oportunidades de aprendizaje, y recomienda que las escuelas establezcan mecanismos de ayuda a los estudiantes con necesidades económicas para que tengan las mismas oportunidades que sus compañeros de cumplir con ellas.

Puede resultar cierto que en casos determinados se produzca un exceso de exigencias que comprometan el tiempo libre de los estudiantes afectando su necesidad de esparcimiento. Para evitarlo, a los profesores y a la comunidad educativa les corresponde graduar el tipo de tareas que se deben dar y bajo qué condiciones. Son ellos los que forman día a día a los estudiantes y son los únicos con voz calificada para dirimir este debate. Resulta absurdo imponer una legislación que interfiera en la gestión propia de los profesionales de la educación y nos llama la atención el silencio que sobre este tema ha mantenido el Colegio de Profesores.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio de Santiago.