En los borradores que el Ministerio de Educación ha enviado a los rectores universitarios para que comenten las bases de la iniciativa gubernamental, hay dos principios, transparencia y participación, que han pasado algo inadvertidos en su gravedad.

Dada la orientación en que se fundan todos los borradores –el estatismo– es imposible no vincular la transparencia con la pérdida de la privacidad de los proyectos educativos. Quienes trabajamos hace décadas en las universidades sabemos que hay numerosos procedimientos que requieren de discreción: comisiones evaluadoras y calificadoras de profesores; sumarios, negociaciones salariales, calificaciones de los alumnos, elaboración de ante proyectos de investigación, y otros muchos etcéteras. Esa discreción corresponde a la imprescindible prudencia que deben tener cada una de las entidades, al saber que hay otras que compiten con ellas, y por respeto a la honra de las personas y a su trayectoria. La transparencia elevada a principio universitario impedirá toda discreción, toda imprescindible reserva –como ya lo estamos comprobando en otros ámbitos de la vida nacional, incluso en los que afectan a la seguridad nacional– colocando a los órganos de gobierno universitario y a los profesores e investigadores en una casa de cristal que nos resultará inhabitable, inhóspita, vulnerable al asalto desde fuera e incluso desde dentro.

Cuando se miran las atribuciones de los organismos encargados del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad, se comprueba el carácter invasivo con el que operarán en el nombre de la trasparencia.

Más grave todavía es el principio de la participación.

Si ya se establece en los borradores la obligación para las universidades del Estado de “contemplar normas generales que regulen la participación de los distintos miembros de la comunidad universitaria, señalándose que al menos un representante de los estudiantes y al menos un representante de los funcionarios tendrán participación con derecho a voto en los organismos colegiados académicos a los que el respectivo estatuto asigne el carácter de superior”, el cogobierno comienza a sentar sus reales desde esas corporaciones estatales para influir en todo el sistema.

Ya sabemos cómo operan estas mareas: primero se establece la obligación para las universidades del Estado, después se establece la posibilidad para las restantes universidades, después presionan las federaciones de estudiantes en manos de las izquierdas, (con la colaboración de esos profesores ideologizados que nunca faltan: la Facultad de los rupturistas) después se obliga a todas las corporaciones a establecer un cogobierno limitado, y finalmente se presiona por un cogobierno de los tres estamentos mediante porcentajes en los órganos de administración y en los mecanismos de elección de autoridades. Los más viejitos nos conocemos el cuento.

Como bien dijo sobre el cogobierno Igor Saavedra hace ya años: debe rechazarse de plano “la falacia, elevada casi al nivel de primer principio en nuestras universidades, de que ‘todos los universitarios son iguales’, la que se llevó a un extremo en años aún recientes para sustentar un intento de trasplantar al terreno universitario los problemas de la política nacional. En efecto, de la aceptación sin calificaciones de esta tesis puede seguirse en un sentido estricto que la forma apropiada para el gobierno de la universidad es el de la democracia ideal: el poder reside en la asamblea. La proposición es falsa, sin embargo; precisamente el rasgo más característico de la universidad es el hecho que se trata de un cuerpo social altamente jerarquizado, en que sus integrantes por cierto no son todos iguales”.