“Los sumos sacerdotes y los ancianos celebraron consejo y dieron una buena suma de dinero a los soldados que custodiaban el sepulcro, advirtiéndoles: ‘Tenéis que decir: los discípulos de Jesús vinieron de noche y robaron su cuerpo mientras nosotros dormíamos…’ Los soldados tomaron el dinero y procedieron según las instrucciones. Y se corrió ese rumor hasta hoy” (Mateo 28, 11-15). San Agustín, a quien celebramos este 28 de agosto, ironizaba con este soborno ideológicamente falso: “si estaban dormidos y era de noche ¿cómo supieron que fueron los discípulos?”.

La persona mandatada para gobernar y administrar el Estado de Chile, con autoridad y responsabilidad de conservar el orden público acaba de asegurar que en nuestro país hay abortos clandestinos. Su enfático conocimiento del hecho –delito penal según ley vigente– incluye cercana ciencia de hechores, lugares y circunstancias: el delito se comete en centros médicos que ofrecen buenas condiciones, y por personas que disponen de buenos recursos. De esta reconocida y detallada ocurrencia de delitos penales, la persona mandatada para hacer cumplir la Constitución y las leyes concluye que esta inequidad se resuelve legislando para que la gente que no tiene recursos pueda hacerse los mismos abortos y con la misma carencia de riesgos de salud y de muerte que la gente de buenos recursos.

Antes de criticar este singular razonamiento lógico (la ley debe igualar el derecho y la seguridad de los ciudadanos para cometer delitos), conviene indagar su fundamento gramático. Los abortos cometidos en Chile, por personas de buenos recursos y en lugares de buenas condiciones, son “clandestinos”. Clandestino significa “secreto, oculto, y especialmente hecho o dicho secretamente por temor o para elusión de la ley”. San Agustín preguntaría hoy: “y si han sido y siguen siendo secretos, ocultos, ¿cómo lo sabe, y con tantos detalles, quien lo afirma de modo tan público y categórico?”. ¿Será por ciencia propia? ¿Participó, presenció, recomendó, aprobó, practicó profesionalmente? ¿Lo sabía siendo titular del Ministerio de Salud Pública? ¿Lo supo por su primera Ministra de Salud en su actual mandato? Y si ésta dijo exactamente lo mismo (sólo antepuso “cuicos” en lugar de “buenos recursos”) ¿por qué le pidió la renuncia? Mandatada bajo juramento para cumplir y hacer cumplir las leyes, además de profesional de la medicina ¿sabía y continúa conociendo la pormenorizada comisión de estos delitos penales y en lugar de denunciarlos, como le ordena la ley, no sólo los ha silenciado y encubierto sino los esgrime, ahora, como “razón” para posibilitar legalmente que los pobres los cometan en igualdad de condiciones con los ricos?

Vigentes la primera garantía constitucional –derecho y protección de la vida– y los Códigos Penal y Procesal, quien pretende hacer del crimen clandestino un derecho legal ¿cómo puede eludir el cargo de infringir abiertamente la Constitución y dejar las leyes sin ejecución?

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por Revista Humanitas, www.humanitas.cl.