Durante una manifestación de trabajadores en el mineral de El Salvador, hubo un muerto y un herido a bala. Todos coinciden en que los autores de los disparos fueron carabineros. Los dirigentes laborales y voces de izquierda exigieron inmediata condena, política y judicial, y castigo a los responsables, que por cierto serían quienes percutaron las balas y todos los que están en la cadena de mando hacia arriba.

Estamos de acuerdo, los hechos no pueden quedar sin castigo. El punto es quiénes son los responsables y de qué. Porque la izquierda, maestra comunicacional, ha logrado instalar una verdad sin contrapeso: la protesta social justifica todo y los desórdenes públicos son un derecho. Y los encargados de reprimirlos, la policía, son los culpables de lo que suceda. Tesis a la que suman los gobiernos, haciéndose los desentendidos que ellos son los que envían a la policía a cumplir tan ingrata función. Y si bien a la ultraizquierda le entusiasma que las responsabilidades lleguen a las autoridades civiles, éstas han sido peritas en dejarlas cómodamente a nivel de Carabineros.

Pues bien, la ley –que se supone es la regla que nos rige, no las directivas de la izquierda– no dice eso, ya que prohíbe la paralización de actividades laborales fuera del proceso de negociación colectiva formal, impedir a los ciudadanos realizar sus actividades normales y las tomas de caminos y espacios públicos, como también la destrucción de la propiedad pública y privada.

En particular, tampoco permite que se atente en contra de la vida ni la integridad física de los carabineros. Porque en este caso existe otra versión: los efectivos policiales acusan que los persiguieron con –al menos– un enorme cargador frontal (tanto, que tenía hasta vidrios blindados) para arrollarlos, y en defensa de su integridad dispararon al conductor para que cesara el ataque, lo que produjo rebotes que provocaron el lamentable desenlace en terceros que estaban cerca, pero que eran parte de los disturbios.

Ni usted ni yo sabemos a ciencia cierta si es efectiva esa versión (era de noche y fue una situación confusa), pero debe ser investigada con igual celo por el Ministerio Público como la que dan los “trabajadores” (como si los carabineros no lo fueran). Pero hay dos antecedentes que la hacen plausible: una grabación de video a la distancia que lo demostraría y el simple argumento lógico que los carabineros saben que siempre se les echa la culpa, así es que si se animaron a usar sus armas de fuego, tienen que haber estado bien asustados. Y de ser efectiva, no sólo los policías están exculpados, sino que ahí hubo un delito de homicidio frustrado en la persona de éstos, que debe ser investigado y sancionado. También debe establecerse de dónde salió la maquinaria, porque puede haber sido sustraída –otro delito– o entregada voluntariamente, lo que pudiera constituir complicidad.

Se supone que el Ministerio Público es autónomo e imparcial, y que investiga a los que cometen delitos, no importa quiénes sean. Y que tiene la obligación de dar garantías a todos, sean “trabajadores” o carabineros. Veamos.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Tercera.