La gran noticia de la semana es el acuerdo político alcanzado en la reforma tributaria, a través de la firma de un documento suscrito por el ministro de Hacienda y los senadores de la comisión respectiva. El acuerdo viene a confirmar una serie de aprensiones, en orden a que el proyecto tenía graves errores técnicos que complicarían enormemente su aplicación, afectaba a la clase media y, en los hechos, elevaba el impuesto a las empresas al 35 por ciento, un exceso sólo entendible en el actual clima de ideologización.

Hay razones efectivas para sentir alivio con el cambio. Probablemente, la menos destacada es que, bajo la estética de un acuerdo gobierno-oposición, tuvimos una primera constatación de que el núcleo socialdemócrata moderado, que fue el centro de gravedad de la Concertación, sigue teniendo, por ahora, la capacidad de mantener el pacto gobernante dentro de los límites de la racionalidad. No es mucho más que eso, pero tampoco es menos, y por Dios que se agradece. Obviamente que el descontento social debe haber servido mucho a esos grupos para sostener sus reparos y darles eficacia.

Como la política tiene sus ritos y sus formas, que la visten de manera que sea presentable en sociedad, era inviable este cambio en el proyecto simplemente como consecuencia de un quiebre interno en la Nueva Mayoría. Por esta razón, a nuestra menguada oposición parlamentaria le correspondió jugar un rol muy importante, ya que fue indispensable su participación en un proceso que sin ella nunca habría podido existir. Me resulta imposible definir el resultado como un avance, pero no cabe duda que es una recuperación parcial del enorme retroceso para el país que es este gigantesco aumento “calórico” en la dieta del Leviatán. Nada menos que tres puntos del PIB.

Con todo, hay tres elementos que no dejan de deprimirme. Primero, el aire corporativista que se respira en el acuerdo. Una verdadera lista de supermercado de excepciones que benefician al sector de más acá o a los productores de más allá. El sano principio democrático de que las leyes son normas generales, impersonales y abstractas, más aún cuando imponen cargas como son los tributos, es un ideal que ya hay que ir a buscar a los libros. No puedo dejar de intuir que algo tiene que andar mal si un acuerdo de este tipo hace que suban las acciones de ciertas empresas y no de la economía en general.

Segundo, no existe en el debate público, ni tampoco tiene espacio, la posición de que subir los impuestos es malo per se.  Ideas como que Chile no necesita un Estado más grande; que esta reforma sólo posterga la posibilidad de que seamos desarrollados, e incluso que tengamos mejor educación, son verdaderas excentricidades políticas en el país actual.

Por último, comprendiendo perfectamente que la oposición tenía que participar de este acuerdo, no logro entender algunos rostros de satisfacción que se ven entre sus dirigentes. El acuerdo era necesario, pero como lo son muchos otros males en la vida, que se pueden asumir con resignación, con estoicismo y hasta con dignidad. Pero de ahí a celebrarlos hay una distancia demasiado grande como para ignorarla y, al mismo tiempo, aspirar a tener éxito en política.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Tercera.