Con bombos y platillos, y con la implícita intención de sacar la vilipendiada Reforma Tributaria de la agenda pública, el Gobierno anunció otra más de sus grandes reformas: el fin del sistema binominal. Pero, tal como ha sido la tónica de las grandes propuestas de esta Administración, el proyecto ya viene con grandes fallas, y no a nivel de letra chica, sino que incluso en los titulares.

Son muchas las columnas que se pueden escribir acerca de los diversos riesgos intrínsecos a la propuesta, incluyendo un brutal aumento de parlamentarios o cuotas con dudosa justificación para mujeres. Ya habrá tiempo y ensayistas dispuestos a discutirlas todas, por lo que en esta oportunidad sólo me referiré a un punto crítico: la idea de aumentar parlamentarios —y específicamente senadores— en las regiones más pobladas del país.

De los 34 diputados que pretende incorporar Bachelet con su propuesta, 15 cupos quedarían en la Región Metropolitana. Casi la mitad. Para defender aquello se ha argumentado que “se quiere dar más representatividad a la población”, y como prácticamente la mitad de los chilenos vive en la Región Metropolitana, se ha creído oportuno otorgar la misma proporción de nuevos diputados a la capital del país. Dicha propuesta podría ser plausible en alguna medida —si obviamos el hecho de ser una mala señal para la descentralización del país—, pero lo que resulta francamente injustificable es que también se pretenda aumentar el número de senadores de la Región Metropolitana, de 4 a 7, así como en otras regiones con mayor población.

El Gobierno ha querido mejorar la representatividad poblacional, buscando igualar el número de electores por cada escaño —cosa que ni siquiera logra con estas medidas—, pero olvida que también hay una representatividad por regiones y que es tan importante como la primera. Cada región tiene su propia agenda, sus propias demandas y merece un adecuado peso en nuestra sede legislativa.

El principio que estoy enunciando no es ninguna novedad. Chile ha abrazado el bicameralismo siguiendo el modelo de Estados Unidos, donde la Cámara de Representantes busca dar representatividad a la población y el Senado busca dar igualdad a los Estados. Así, California tiene 53 representantes y 2 senadores, mientras que North Dakota tiene apenas 1 representante, pero los mismos 2 senadores que California.

Estados Unidos entendió, desde los albores de su República, que cada región tiene su propia idiosincrasia y que no todo puede quedar sujeto a los ocurrencias de los territorios más poblados. Sin duda, una importante lección, no sólo para otras Federaciones, sino también para países unitarios, como Chile.

La Constitución quiso seguir la misma senda y aunque en 1989 se le otorgó 4 senadores a algunas regiones, podemos advertir que el principio se mantiene: Aysén tiene los mismos senadores que la región de Coquimbo, o la de O’Higgins. No obstante, lo que pretende hacer ahora el Gobierno es sencillamente olvidar por completo el principio de representatividad regional, y condenar al Estado a un modelo de toma de decisiones cada vez más centralizado.

Esta discusión no es ociosa, porque no se entiende la necesidad de tener un Congreso bicameral si no hay un criterio de diferenciación entre sus ramas. Giovanni Sartori ha dicho que si no se logra dicha diferenciación, lo único que habrá será duplicidad de funciones y burocracia. En países como Alemania, las dos ramas se diferencian por sus atribuciones: una es la Cámara política y la otra es netamente legislativa. En otras naciones como Inglaterra, la diferencia radica en cómo se accede al poder —por herencia o designación, en el caso de los Lores; por elección popular en el caso de los Comunes—. Y en otros países, como Estados Unidos —o Chile hasta ahora— lo que se ha buscado es tener representación poblacional y territorial al mismo tiempo, para demostrar que todas las regiones son igualmente importantes a la hora de analizar políticas públicas de alcance nacional.
Por consiguiente, son muchas las dudas que persisten con medidas como la planteada. Con su propuesta de fin al binominal, el Gobierno no sólo elimina la representatividad de las regiones, sino que además se expone a tener un Congreso ineficiente, con funciones repetidas y una innegable acumulación de burocracia. Sería bueno despejar si esta decisión fue simplemente un olvido, en medio del caos por sacar adelante la propuesta, o si el cambio es premeditado y esta Administración quiere explícitamente dejar de darle la debida representatividad a las distintas regiones. Sea cual sea el caso, en definitiva, el país merece una explicación.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por Chile B, www.chileb.cl.