“Debate amplio” es lo que el ministro Elizalde ha señalado que necesitamos respecto de la extensión del matrimonio a parejas de un mismo sexo. Como en tantas otras cosas, tal vez sea el moderado progresismo de nuestra Jefe de Estado lo que está tras dicha cautela: a nadie le puede caber duda respecto del lado hacia el que quiere ver inclinada la balanza, pero no es de quienes quieran pasar aplanadoras, ni retroexcavadoras, por sobre todo el mundo.

¿Pero qué es un debate amplio? Como en todas las cosas, algo se podrá hacer por mejorar los mecanismos de participación ciudadana. Pero reconciliémonos cuánto antes con el hecho de que estamos en una democracia representativa, y recordemos que las cosas no mejoran mucho porque en lugar de que participen quince ONG del debate, lo hagan una treintena. Si debate más amplio significara tal cambio cuantitativo, y nada más que eso, francamente lo ideal sería seguir el acelerado ritmo propuesto por el ministro Gómez y acabar con esto cuanto antes.

Pero debate amplio tal vez puede significar también algo de cambio cualitativo: un debate en el que se atienda al amplio rango de argumentos que tiene cada parte. ¿Podemos esperar algo semejante? Si nuestra expectativa es moderada, tal vez no haya que ser completamente escéptico al respecto. Hay reglas básicas que cumplir, por supuesto, como la de no tener a nuestro interlocutor por un enfermo (o, al menos, no imaginar que sus argumentos dependan de su enfermedad): si alguna vez esa advertencia aplicaba en una dirección del debate, hoy indudablemente vale en las dos direcciones.

Pero atender seriamente a la contraparte pasa no solo por cierta buena disposición, sino por comprender por ambos lados la envergadura de lo que está en discusión. Que no lo comprendamos depende, en buena medida, del hecho de que el matrimonio mismo se ha vuelto para nosotros un AVP: un contrato que regula ciertos efectos de una relación afectiva de carácter privado, eventualmente pasajera. Si el matrimonio es eso, a pocos les podrán caber dudas respecto del carácter arbitrariamente discriminatorio de su limitación a parejas de sexo distinto.

Cualquier atisbo de debate serio pasa, entonces, porque los opositores del matrimonio homosexual puedan, en las instancias y en los niveles de profundidad que se requiera, dar cuenta de lo que implica entender el matrimonio como una institución social que regula no un afecto privado sino una relación pública, que es tal no solo por el modo en que pone en relación recíproca a los sexos, sino también por el modo en que así adquiere una dimensión transgeneracional. Es de ahí, después de todo, que arranca no solo la necesidad de su regulación jurídica —para otras relaciones privadas existe el derecho común como distinto del derecho de familia—, sino también su valor simbólico (el apetecido “reconocimiento” que vuelca también a las mentes menos tradicionales a pelear por el ingreso a esta institución).

Si se quiere ponerle un nombre a tal esfuerzo, podríamos decir que se trata de volver a sacar a la luz una concepción robusta del matrimonio. La palabra “robusta” desde luego puede atemorizar, como si se tratara de volver el debate más odioso aún. Pero la verdad es que es precisamente tal discurso robusto, y sólo él, el que puede mostrar que no es un mero prejuicio lo que lleva a oponerse al cambio propuesto.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por Chile B, www.chileb.cl.