Yo quiero agradecer que me hayan invitado a presentar esta obra, que me ha impresionado mucho y que me excede completamente; porque me excede como historiador y me excede como jurista. Y yo creo que excede también al derecho y a la justicia.

O sea, es una obra que trata de un tema monstruoso, con lo cual un historiador del derecho efectivamente la puede mirar con gran interés, pues obras de este tipo no se escriben; no se denuncian los hechos que en esta obra están denunciados y además están testimoniados.

Voy a empezar derechamente, tomando como introducción un párrafo de una sentencia de la Corte Suprema del año 2012; no es arcaica, sino que podemos decir que es de ayer. Pongan atención porque es realmente un párrafo no más. Dice: “Es imprescindible dejar claro que luego del 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas y de Orden se levantaron en armas y destituyeron al gobierno constitucional y legítimamente instalado hasta entonces, asumiendo el poder mediante el ejercicio de las facultades constituyente, legislativa y ejecutiva”. Esta fórmula, en una sentencia, es un simple despropósito, evidentemente.

Hay que pensar que hay jueces del Supremo Tribunal, que en este momento lo son. Algunos de ellos son amigos míos, otros son conocidos, otros son colegas que son capaces de escribir esto. Son capaces porque se ve que documentación no conocen ninguna. Hay uno de los que suscriben el fallo que, con mucho acierto dijo, no suscribo ninguno de los considerandos del 1 al 13 por no ser pertinentes. Lo cual muestra que el buen sentido hacía innecesario entrar en esta afirmación. Es más, es una afirmación que no vale ni jurídicamente ni históricamente, son simples despropósitos. Los jueces de nuestra Corte Suprema se entretienen en esos reportes. No toda la Corte, porque es solo una sala. Pero lo que sucede es muy sorprendente y si no fuera por el autor, esto habría pasado inadvertido.

Estos jueces, que afirman que las Fuerzas Armadas se alzaron y todo lo demás, no conocen que todo esto está publicado. La declaración de la propia Corte diciendo que se ha quebrantado la institucionalidad; la declaración de los ex Comandantes en Jefe que afirman que la seguridad del país está amenazada por la situación en que se encuentra y la frase clave de esa declaración, que “El Mercurio” publicó en un rinconcito abajo, es la siguiente: “opinión que comparten quienes fueran nuestros subalternos”; o sea los que estaban como Comandantes en Jefe en ese momento en acción. No conocen que la situación del régimen chileno en 1973 había llegado a una situación límite; ¡cosa que hoy día hasta los historiadores más ignorantes saben! Esta es la segunda vez que pasó lo mismo: los políticos llevaron al país a una situación de la cual no pudieron sacarlo, como pasó el año 24 y como pasó en el año 73.

Y estos jueces tienen tiempo para escribir esta fantasía. Es algo que yo encuentro que merece ser examinado, porque a los cuarenta años ya sabemos muchas cosas. Sabemos por ejemplo, por fuentes escritas, que el Presidente del Senado Eduardo Frei Montalva el año 73, antes que se produjera el pronunciamiento, cuando le fueron a pedir que tomara medidas. No, les dijo, estas cosas se arreglan solo con fusiles, desgraciadamente. Y hay dos testimonios, totalmente independientes, uno publicado como “acta Rivera” y el otro publicado en las memorias de Sergio Díez. Ahora en fin, en otra ocasión dijo lo mismo, o sea estaba medio obsesionado con este asunto de los fusiles, porque a los dos les dijo lo mismo. Y después, cuando se produjo el pronunciamiento, a lo mejor podrían saber estos ministros, si ellos necesitaban hacer esta declaración, tenían que saber que Frei Montalva, presidente del Senado, en principio el sucesor de Allende, una vez depuesto Allende, declaró a todos los vientos en la prensa española, en el ABC, que eso era el ejercicio del derecho de rebelión de los autores españoles, que todos conocemos. Bueno, hagamos primero un pequeño inciso. No es simplemente que cuando el gobierno es malo, se lo deponga. La concepción hispánica es que rex eris si recte facies, si non facies non eris. O sea, si actúa rectamente podrá gobernar; pero si no actúa rectamente, no puede gobernar. La condición nuestra es un poder condicionado, da lo mismo como lo hayan elegido, como haya llegado. Lo importante es que está condicionado a hacer el bien, a ser un buen gobierno, no comprometer la situación del país. Ahí tenemos la autoridad —si es que fuera autoridad, no me voy a meter yo— de Frei Montalva, para decir que fue bien depuesto en ese momento. Por lo demás, se conocen conversaciones de Frei Montalva con otros personajes que no quiero nombrar, en las que discutían ellos cuánto tiempo debían quedarse los militares: unos decían cuatro años, otros ocho años, qué se yo. Ah, y todos esperando que después les devolvieran el pastel a ellos solucionado. Bien, entonces estos ministros, veo que no han leído nada de lo que se sabe sobre esto. Yo no creo que ellos, para ser buenos ministros, necesiten leerlo; pero si se meten en el tema, alguien debería leerlo, nosotros por lo menos los historiadores pensamos así. Hay una carta de Frei a Rumor que parece que fuera abogado del pronunciamiento militar. Hoy día, hasta en las escuelas quieren discutir si esto es un pronunciamiento o si es golpe de Estado. Verdaderamente no es muy importante, pero claramente es un pronunciamiento, porque tiene fines y tiene una meta que alcanzar. No es un golpe de Estado para cambiar un gobernante por otro, sino que asume el gobierno para hacer una tarea.

Aquí anuncio algo, o enuncio algo mejor dicho: en realidad el que hizo el golpe de Estado fue el propio Allende y lo hizo en 9 de agosto, cuando llamó a los Comandantes en Jefe al Gobierno y el mismo dijo a la prensa y por televisión: “Este es mi último gabinete”, porque la única manera de evitar su propia deposición, era neutralizar a los Comandantes en Jefe, creyó él. Después hay una grabación del día 11 de septiembre en que Pinochet dice: “¡No!, que se vaya, lo embarcamos en un avión y no queremos más triquiñuelas”, porque Allende se vanagloriaba que él era capaz de arreglar cualquier cosa, mediante alguno de estos artilugios.

Bien, todo esto a uno lo deja perplejo, que en una sentencia, cuarenta años después, todavía estos señores tengan una visión fantasmagórica de lo que pasó en 1973. ¿En qué país estamos? Y además que la mayoría del tribunal considere necesario meter como antecedente circunstancial este tipo de afirmaciones, que no son historia, son más bien novelística o imaginativa. ¿Será una profunda convicción del tribunal de que esto no se sostiene, que el fallo no se sostiene —ya vamos a ver qué dice el fallo— y hay que adobarlo con estas opiniones personales de ellos que, en realidad, más que fundamentar el fallo lo debilita. Ya muestra de partida, en el considerando segundo, que ya partieron ellos con una declaración que no hace a la resolución del caso y que revela una ignorancia crasa, supina, vergonzosa, a los cuarenta años de lo que pasó.

Bueno, si esto asombra, veamos entonces qué se dice en esta sentencia. Yo en realidad naturalmente no puedo examinar todo lo que aquí en el libro se promete; no que se promete, sino que se contiene: inconstitucionalidades, arbitrariedades e ilegalidades. Bueno, habría que leer el libro de nuevo o empezar a explicar el libro. El libro se explica solo, porque están los documentos, está todo. La gracia es haber reunido y clasificado estos desaciertos. El tema me excede a mi evidentemente, me deja en la perplejidad. Me reconfortan en cierto modo ciertas opiniones, como la de doña Raquel Camposano, o las opiniones de Hermógenes Pérez de Arce aquí presente, y muchas otras más. No es que uno se encuentre descolocado frente a esta situación. Esta situación es la que está completamente descolocada. ¿Qué dice esta misma sentencia? Yo voy a destacar tres puntos. El resto no lo voy a leer; ya después de eso creo que ni vale pena.

Primero. Discuten si el delito de que se acusa es de lesa humanidad. El fundamento que dan —esta vez suscrito por todos los que firman el fallo— en el considerando catorce, es que este es un delito de lesa humanidad o en contra de la humanidad, porque así lo califica la conciencia jurídica universal; o sea que los jueces están disparados, lo que ellos encuentran que es la conciencia jurídica universal, eso es lo que ellos aplican.

El profesor alemán Michael Stolleis, en un estudio titulado “El constitucionalismo pre y post moderno” —es decir, “El Estado pre y post moderno”— se refiere a este punto. Hoy día, dice él, nosotros habíamos montado un Estado que era capaz de asegurar, en la vía de lo humano digamos, el derecho a una población en un territorio. Pero ahora se ha formado una trama tal de organizaciones internacionales y demás, que tienen incidencia sobre el Estado e, incluso, por ciertos acuerdos del Estado se impone sobre su propio derecho. Y con eso hacen desaparecer toda seguridad de la población, porque si la población apenas se puede defender dentro del Estado, imaginen si se va a poder defender contra organismos y movimientos internacionales. Esto, señalan los europeos, como una gran preocupación, la maraña de poderes que anulan el poder del Estado; porque el poder o lo tiene el Estado o lo tienen otros. Ahora el Estado lo sigue teniendo en alguna medida y lo demás está perforado por estos super poderes y va disminuyendo el grado de seguridad que el Estado puede dar. Bien, entonces ya hay aquí una disociación del derecho internacional humanitario, los crímenes contra la humanidad y demás.

Después, el segundo punto que va siguiendo el razonamiento es el famoso punto del secuestro. El secuestro es crimen contra la humanidad según la OEA. Bueno, supongamos. Ahora a mí me bajan muchas dudas que sea según la OEA, porque EE.UU. lo practica en Guantánamo o donde sea. El sí que secuestra: EE.UU. es el permanente secuestrador del mundo. Hay otros estados más primitivos que eliminan, pero EE.UU. secuestra; secuestran árabes, secuestran en todas partes. No sé si eso de la OEA tenga algún valor. Y ahora bien, esto del secuestro va unido a declarar imprescriptible el delito, o sea se va a condenar a una persona aunque haya pasado un largo tiempo o aunque esté prescrita la pena o el delito. Las dos cosas pueden prescribir. Bueno, esto, si hubiera juristas. Yo soy jurista historiador y por eso más o menos me codeo con autores de diversos tiempos. Yo diría lo siguiente: la verdad es que la imprescriptibilidad es lo más inhumano que puede existir, porque cualquier responsabilidad que tenga una persona tiene que desaparecer al cabo de un tiempo razonable, y muy corto, porque eso produce la paz social, la tranquilidad y demás. No puede tenerse a una persona bajo la perpetua amenaza de que en cualquier momento lo van a denunciar. Eso es totalitario, eso es inhumano. Esto de declarar imprescriptible cualquier delito es una cosa inhumana, eso sí que es inhumano, y llegar a establecer cuánto tiempo ha transcurrido y si sigue siendo responsable o no. Bueno, y si es procesada una persona de cualquier edad; en fin, cuantas cosas más.

La prescripción. Hay dos prescripciones, yo lo digo porque sé que ustedes lo conocen, pero lo recuerdo. Hay una prescripción que se refiere al dominio, o sea si una persona se queda con algo de otro, al cabo de un tiempo se sanea. Y lo mismo, hay una prescripción de los delitos. El que hizo algo incorrecto, al cabo de un tiempo no lo pueden ya perseguir más por el delito, y si lo persiguen, no le pueden aplicar tampoco la pena. Eso favorece la paz social sin emplear la amnistía ni nada. Pero aquí se trata de que no hay amnistía porque es imprescriptible y de que persista la situación. Y todo esto es aceptado por los ministros de la Corte Suprema con toda tranquilidad. Lo encuentro fantástico. Después viene el artilugio del secuestro permanente, porque resulta que de todos modos puede suceder que ni siquiera con un crimen de lesa humanidad a una persona la puedan condenar. Entonces se inventa de que una persona desaparecida está secuestrada —a lo mejor ella iba pasando, a lo mejor la vio— y el secuestro es el delito que se inventa; que es un delito permanente hasta la fecha en que el juez entre a conocerlo, o sea que no hay prescripción de nuevo, y se le puede sancionar por un delito que no ha cometido, porque esa persona no puede ser responsable de tenerlo, de mantenerlo por diez o veinte años, porque si lo deja abandonado a lo mejor se muere de hambre; pero no, es condenado como si mantuviera a toda esa gente y se preocuparan de ella. Todo esto es fantasmagórico. Entonces yo creo que hemos entrado, en esta sentencia, hay de todas la que ustedes quieran, de todos los colores, de todos los tamaños, digamos. Pero esta sentencia es suficiente para darnos cuenta de que hemos entrado en una especie de situación fantasmagórica. Ahora no podemos detenernos más en otras arbitrariedades y otras cosas, pero querría redondear estas consideraciones, a propósito de la sentencia —se podrían hacer a lo mejor más—, en dos o tres puntos:

La discriminación contra los militares, porque no se puede discriminar contra ningún chileno. Pero contra los militares sí que parece que se puede. No solo se puede, aquí hay una sentencia en que se considera lo natural digamos. Y además hay también discriminación. La discriminación puede ser positiva o negativa. La discriminación contra los militares está recomendada por el presidente Aylwin a la Corte Suprema y la Corte Suprema ni siquiera contestó. Según dice Vial, que es un buen historiador, hasta el propio Aylwin se dio cuenta de que esto era un disparate. Pero, en fin, no hemos encontrado el texto pero muchos lo afirman. Entonces, hay una discriminación contra los servidores de la patria y hay otra discriminación en favor de los terroristas, las dos hechas por el mismo Aylwin. Es una maravilla Aylwin. Es tanto que en la historia de Chile no se había visto algo semejante. Entonces resulta que los terroristas, su último acto fue indultar a los terroristas; o sea los terroristas no pueden ser acusados, encausados ni castigados. Y en los primeros actos de su gobierno fue trabajar por la imprescriptibilidad de los delitos que se les imputan a los militares. Entonces, los militares están siempre obligados a contestar cualquier acusación o denuncia que se haga, en cambio los otros no; como eran terroristas, esto no tiene ninguna importancia. Los servidores de la patria esos sí, que después que han cumplido sus funciones tienen que responder cualquier denuncia o ser llevados a los tribunales. Si ustedes me lo permiten, yo recuerdo haber hablado con un Comandante en Jefe que estaba muy preocupado porque, en tiempos de Aylwin, era muy difícil cumplir las funciones para los militares, ya que los citaban todos los días a todo lugar. Era una cosa increíble. Eso es una forma de discriminación. Antes se había hecho en Chile la discriminación contra los comunistas, por ejemplo la ley del año 48, la que se hizo pretextando que conspiraban contra la seguridad del Estado. En cambio, de los militares jamás se dijo ni se supuso tal cosa, sean delitos contra la humanidad o que se yo. Entonces, esta práctica mantenida durante cuarenta años clama a cielo, evidentemente no tiene ningún sentido.

Ahora, mi segunda consideración es la siguiente: ¿Por qué o cómo es posible que en Chile no se haya dictado una Ley de Amnistía y si hay una Ley de Amnistía la perforan por todos lados para que no se aplique? O sea, ¿por qué no se quiere amnistía en Chile? Bueno, yo como historiador no puedo dar una respuesta terminante, pero sí puedo mencionar un hecho que no he visto mencionado. En Chile hay desde 1990 un empate. Hay dos bloques: uno, los del gobierno cívico-militar y otro del gobierno de los partidos. Estos dos afloran en el plebiscito del año 1988. En principio hay un empate, en que uno saca 43% y el otro saca el 54%; hay como 10% de diferencia. El año 90 viene Menem, el Presidente de la Argentina a Chile, a la trasmisión del mando, y le preguntan: ¿que opina usted del presidente Pinochet? No puedo ocultar mi admiración —dice—, un presidente que después de dieciséis años tiene un cuarenta y tanto por ciento de los votos, eso no se ve en América. Bueno, este testimonio advirtió el empate; o sea que esta situación se producía. Y después podemos ver que Pinochet perdió el plebiscito con un 43% en 1990; en la elección sacó un 43 %. Y hoy día, hace pocos meses, la señora Bachelet ganó con un 47%, o sea 43 – 47. ¿Con qué diferencia?: que Pinochet tenía el 43% sobre 6,9 millones de votantes. Ahora ya la gente está tan aburrida de votar que sólo votaron cinco millones setecientos mil en la última elección y de esos cinco millones setecientos mil, sacó el 47% la señora Bachelet. O sea, se ha mantenido durante estos cuarenta años un empate, y este empate —esto sí que lo he estudiado— tiene consecuencias institucionales muy claras. Por ejemplo, no se gobierna para los grandes intereses del país, sino para impedir que se revierta el empate. El pánico es que se revierta el empate. Entonces, tenemos un presidente cuadrienal aterrado porque se revierta el empate si le va mal. Y eso ha hecho que se pueda mantener una política de discriminación hacia los militares, como señal de que el gobierno actual, el gobierno de la Concertación se afirma en una precaria mayoría frente al resto. Esta característica de empate es la de los últimos cuarenta años. O sea hay que tenerlo en cuenta. No voy a detallar las elecciones. Y eso efectivamente es un factor. Ahora, dentro de lo que habría que examinar —yo no lo he examinado— es hasta qué punto los jueces juegan también al empate, favoreciendo al gobierno, para que no pierda su mayoría, ya que es el gobierno el que normalmente nombra a los jueces, a lo largo de la carrera. Hasta qué punto eso influye, en que la judicatura esté también condicionada o haga esas declaraciones fantásticas que hemos visto.

Bueno, yo los dejo a ustedes con la inquietud sobre este tema.

Nota: Este artículo corresponde al comentario realizado por el autor en la reciente presentación de la segunda edición del libro “Procesos sobre violación de derechos humanos. Inconstitucionalidades, arbitrariedades e ilegalidades” de Adolfo Paúl Latorre.