Un nítido ejemplo para explicar el hastío que la enorme mayoría de los chilenos siente respecto de los partidos políticos es lo que ocurrió con la designación del nuevo consejero del Banco Central.

El gobierno propuso a Pablo García para llenar el cupo que dejó Manuel Marfán. Sin embargo, el nombre del economista encontró resistencia en el Partido Socialista, que se considera propietario del sillón que ocupó Marfán hasta diciembre y no se resignaba a perder el espacio conquistado. La situación se destrabó cuando el PS llegó a un acuerdo con el Partido por la Democracia: el PPD aceptó que García llenara anticipadamente el cupo que esta colectividad dice tener en el Consejo del BC, y que hoy está en manos de Enrique Marshall, a cambio de que en 2015, cuando éste deba ser reemplazado, el lugar lo ocupe un socialista.

A última hora, sin embargo, el presidente del PS amenazó con no apoyar el compromiso, lo que puso una nota de duda sobre la operación que finalmente se concretó ayer en el Congreso, pero confirma la intencionalidad de las partes involucradas: proteger el coto del que se han apropiado más allá de toda norma institucional.

En ninguna parte está establecido que los partidos sean dueños de los asientos del Consejo del Banco Central. Por lo mismo, se equivocó el senador Fulvio Rossi al declarar que apoyó el pacto porque permitirá preservar “un cupo PPD” en el consejo y garantizar que en el futuro “el cupo sea de sensibilidad PS”. Corresponde al Presidente de la República designar a los consejeros previo acuerdo del Senado, y aquellos no pueden actuar a nombre de un partido o grupo. En consecuencia, también son improcedentes las palabras del senador Juan Pablo Letelier, quien dijo oponerse al nombramiento de García porque éste “no representa al PS”.

La idea de un Consejo del BC con distintas sensibilidades pretende hacer de éste un organismo que adopte “decisiones de Estado”. Pero eso no significa que los partidos realicen la privatización encubierta que hoy reconocen con desparpajo al hablar de cupos que les pertenecerían.

Esa inefable habilidad que muestran para echar a perder las instituciones en el afán de proteger su interés propio distancia a los partidos de la gente. La opinión pública espera de sus políticos que se esfuercen por nombrar a los candidatos más calificados en los cargos de alta responsabilidad. Lo sucedido con la designación de García hizo que lo que debiera ser la instancia clave del proceso de designación -la audiencia en la que ayer expuso ante la Comisión de Hacienda del Senado sus argumentos- haya sido sólo un trámite, porque los partidos ya habían acordado enrocar “sus” cupos. Poco importó, de esta forma, que García tenga un impecable currículum como director ejecutivo del FMI para el Cono Sur y, anteriormente, como gerente de estudios del Banco Central.
Nuestros políticos son adeptos a culpar al empedrado para justificar su impopularidad. Acusan a la Constitución, al binominal, al voto voluntario, etc., y proponen reformas que supuestamente van a mejorar las cosas. Pero la verdad es que mientras ellos no exhiban virtud cívica o no se dicten normas que los fuercen a ejercerla, seguirán actuando de manera egoísta, ampliando la brecha con un público cada vez más cansado de que le pasen gato por liebre.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Tercera.