Un año atrás, el parlamento de Chile promulgó la ley de “no discriminación”, ley que incluye a dos conceptos subjetivos y categorías que no existían en nuestro ordenamiento jurídico, estos son la “orientación sexual y la identidad de género”, eso después de siete largos años de presión del lobby LGTBI: Lesbiano, Gay, Transexual, Bisexual e Intersexual. Este gobierno finalmente entregaba la ley que resultara ser la pieza clave de un juego de dominó imparable.

El grupo LGTBI ha sido tenaz, agresivo e influyente, más aun gracias a la aparición en escena de un nuevo actor, Pablo Simonetti que desplazó al que fue, en su inicio, su socio de batalla, Rolando Jiménez, presidente del Movimiento de Liberación Homosexual, Movilh.

Con esta ley se tiene ahora un marco legal que permite perseguir a los que discriminan arbitrariamente, en específico a los que afirman que la orientación sexual de las personas es conforme a su configuración genital y que las relaciones sexuales deben responder al orden natural de las cosas, esto es, entre un hombre y una mujer. Estas afirmaciones hoy están calificadas de “retrógradas”, “sectarias”, “dogmáticas”, y los cristianos son los más apuntados por el grupo LGTBI. La no discriminación, el respeto a la diversidad y tolerancia son ahora los nuevos parámetros “morales” en boga, los principios bases inalienables.

Resulta que en el efecto dominó, la primera pieza es la que genera la caída de todas las otras. Con la nueva ideología imperante, la que promueve la “teoría de género”, la primera pieza es la ley de no discriminación, o ley mordaza… Es la trampa de los ingenuos que no creen que esta ley es clave para todo lo que ha de venir. Así fue como a los pocos meses de su promulgación, el Ejecutivo anunció con bombos y platillos que impulsaría la legalización de las uniones civiles, con la finalidad de “regularizar los efectos patrimoniales resultantes de los ‘lazos afectivos’ entre dos personas”, incluyendo entonces a las uniones homosexuales, justamente en nombre de la no discriminación.

Es así como que por primera vez en la historia de Chile, un gobierno de derecha, con un presidente católico y defensor de la familia, patrocina un proyecto radicalmente contrario a la esencia misma de la familia, ésta que la Carta Magna juró proteger y promover. Este proyecto se llama “Acuerdo de Vida en Pareja” (boletín 7873-07).

En ese entonces había en el congreso otros cuatro proyectos sobre el mismo tema, uno del candidato presidencial y ex senador Allamand (llamado AVC, “Acuerdo de Vida en Común”), otro del ex senador C. Ominami con el senador Girardi, otro de los ex senadores Nuñez y Viera-Gallo, y el último del senador Bianchi. Al final quedaron el AVP y el AVC que fueron recientemente fusionados en la Comisión de Constitución del Senado, compuesta por los senadores Hernán Larraín, Alberto Espina, Patricio Walker, Soledad Alvear y Carlos Larraín. Este último ha sido el único que siempre ha manifestado su rechazo. El miércoles 9 de abril la comisión se pronunció a favor de legislar, con cuatro votos a favor y uno en contra.

Hasta la fecha, la Comisión de Constitución ha recibido varias instituciones de la sociedad civil. Curiosamente se declararon en contra tantos los que protegen la institución del matrimonio como los que quieren “abrirla”: los partidarios de reforzar el matrimonio porque afirman que la legalización de las convivencias da un golpe más a esta milenaria institución, y los que quieren el matrimonio igualitario, porque consideran que este proyecto es insuficiente, “un híbrido, un gesto de buena voluntad por parte de los que no quieren abrir el matrimonio a los homosexuales” (Mauricio Tapia, abogado partidario de “abrir” el matrimonio).

En 2012, el proyecto estuvo bastante dormido pero despertó en diciembre. Hernán Larraín afirmó que la comisión tenía que, si o si, avanzar en el tema y responder al compromiso presidencial sobre la “necesidad de regular la convivencia” (ministra C. Pérez) de unas 2 millones de personas que viven en esta situación “fruto del amor”. Se aclaró que “no se altera el art.102 del código civil” que afirma que el matrimonio es entre un hombre y una mujer.

El pueblo cristiano ha manifestado su total rechazo al proyecto: la Conferencia Episcopal entregó una declaración formal en contra del AVP/AVC y también las Iglesias evangélicas. Ambas intervenciones desataron la furia del grupo LGTBI que reclamó que un órgano del Estado (en este caso el senado), en un Estado laico, no podía solicitar opiniones religiosas. Por cierto el argumento no se sostiene ya que, si bien nadie cuestiona la independencia del Estado respecto de la religión, esta independencia descansa en el orden del derecho a las libertades de religión y de expresión que el estado debe garantizar. El asunto es que se nota una clara odiosidad hacia la Iglesia católica y evangélica en general y a sus creencias en particular.

El AVP/AVC es un engendro que quiere dar sin dar: quiere dar reconocimiento social a las convivencias hetero y homosexuales pero sin darles un estatuto jurídico; quiere regular los efectos patrimoniales de la convivencia sin considerar los bienes muebles, sino solo onerosos no registrables, quiere declarar competentes los tribunales civiles y no los de familia. O sea, jurídicamente hablando esta cosa no tiene ni pies ni cabeza. A lo más ofrecerá beneficios fiscales, tal como ha ocurrido en otros países, beneficios que a la larga también desaparecerán. La ventaja indiscutible de la unión civil está en la ausencia de compromiso entre las partes, formula atractiva para una generación joven desencantada que tiende a comprometerse cada vez menos, no solamente con el otro, sino con los principios, la política, los desafíos, las responsabilidades, etc…

Entonces, sin tener claro los motivos para legislar, se insiste en que se debe legislar “para legitimar y validar las relaciones de amor”. Pero resulta que el derecho nunca ha contemplado las “lazos afectivos” a la hora de legislar porque esa no es la finalidad de la ley: el derecho solo ordena, garantiza y protege los frutos de las relaciones entre las personas, estos son los hijos, los bienes, los contratos. Al introducir este nuevo parámetro subjetivo, y en vista que son muchos los tipos de “lazos afectivos”, es lógico pensar que en algún momento será legítimo pedir también que se legalice –en nombre de la no discriminación– la poligamia (que existe en muchos países), la poliandra, el poliamor, etc… Los que piensan que es una exageración están equivocados, porque eso ya está pasando. Este es el efecto dominó.

Para tratar de estar bien con Dios y el diablo, algunos tienen una solución híbrida y ofrecen un AVP que regularía todos los tipos de “lazos afectivos”, de tipo familiar o social, tío/sobrino, abuela/nieta, parientes, etc…; pareciera así que las uniones homosexuales serían una más dentro de un lote y que perderían su importancia. Pero resulta que no es así porque no son una más y tampoco tienen la naturalidad de una relación abuelo/nieto. Esta propuesta por lo tanto terminaría validando las uniones homosexuales.

Pero el asunto es que tenemos un millón de parejas convivientes. La explicación a este fenómeno pertenece más a las ciencias sociales, pero desde ya se puede afirmar que hay parejas que esperan tiempos mejores para casarse, otras que prefieren la convivencia por sus ventajas en materia de vivienda, otras esperan la llegada de los hijos, y también hay parejas –cada vez más– que sencillamente no quieren formalizar su relación y que son felices de no estar sujetas a régimen alguno. Por lo tanto, ese afán de “querer regular” parece más bien una intervención directa del Estado en la libertad de sus ciudadanos y su rol subsidiario se vuelve paternalista, aunque con bastantes rasgos de totalitarismo.

El asunto es político y hay una agenda sobre este tema. En definitiva, este proyecto quiere otorgar el reconocimiento social de las uniones homosexuales, y el punto conflictivo solo está en si, además, se les otorga estatuto jurídico (con escritura inscrita en el registro civil).

Se le ha pedido formalmente a la Comisión que aclare sus motivos reales para querer legislar, pero hay tanta presión que la petición cae en oídos de sordo… Es una lástima que no se saque partido de las experiencias negativas extranjeras porque evitaría a Chile cometer los mismos errores que los que pasaron por estos caminos. Más aun con la catastrófica tasa de natalidad que el censo acaba de arrojar… Efectivamente, viendo el caso francés, se constata que, después de 13 años de PACS (Pacto Civil de Solidaridad), 80% de las parejas son casadas, 17% conviven, 3% eligieron el PACS; de estos 3%, el PACS homosexual representa solamente el 0,2%. Las cifras de Alemania son parecidas. Ahora bien, la cifra aun alta de 80% de parejas casadas se explica por la inercia de las generaciones matrimoniales anteriores pero la verdad es que la tendencia al PACS aumenta (lo utilizan los jóvenes), y que los divorcios también aumentan; lo único que está en franca desaparición es el PACS homosexual… Lo complejo está en que entonces hay tres estatutos jurídicos: el matrimonio, el PACS y la convivencia, lo que representa un dolor de cabeza para los notarios y jueces: en temas de herencia y filiación, ellos deben lidiar con la realidad de estas tres figuras y es un nudo gordiano. Se puede prever que, a la larga, la dualidad matrimonio/PACS no tendrá sentido y el legislador tendrá que elegir para que desaparezca uno de los dos: matrimonio o PACS y por cierto, entre dos opciones, la más apremiante es siempre la más precaria…

El PACS está hecho para la pareja, no para la familia, es la consagración de “l’amour a la carte”, la solución para tener algo de formalidad pero sin compromiso alguno. Parafraseando a la Ministra Pérez, si se trata de regular una relación “fruto del amor”, se ve que al final eso es temporal: a la luz del PACS francés se ve claramente que, a la hora de afianzar la relación de amor y de proteger a los hijos, las parejas siguen aspirando y optando por el matrimonio. O sea, la miríada de convivencias nos permite darnos cuenta que no toda familia está fundada en el matrimonio, pero sin duda alguna, el matrimonio funda la familia.

El Presidente Piñera está terminando su mandato: ¿cuál será el legado que dejará a Chile? Sus cualidades de gestor y administrador no bastarán para ser recordado como un gran presidente. Esta calificación no es para el que trae prosperidad y estabilidad sino para el que impone su sello en temas esenciales como los valores, Dios, la patria, la familia, y si bien el ser humano tiende a postergar lo esencial por lo importante que parece urgente, sabe en su interior que hay cosas que deben ser resguardadas. Por desgracia, en temas esenciales, este gobierno está regando lo sembrado por los gobiernos anteriores, impulsado por una corriente ideológica que promueve una agenda no atada a nada “dogmático” y cuya estrategia está en vaciar los conceptos de su esencia (familia, patria, Dios). Esta corriente además quiere legitimar la conducta homosexual y otorgarle los mismos privilegios que los de la familia heterosexual, incluido la adopción o la procreación medicamente asistida que crea filiación-ficción….

Esta corriente afirma que, en nombre de la no discriminación, de la igualdad y de la libertad, todos los tipos de familia son semejantes a la familia matrimonial. Pero resulta que no es así: las uniones homosexuales son por naturaleza, infértiles; las uniones heterosexuales “de facto” son simples y no florecen. Solo la familia matrimonial asegura la estabilidad, el compromiso, la protección de los hijos, pero también la estabilidad y prosperidad social. La fragilidad que la amenaza, por múltiples factores que conocemos, hace que el Estado debe proteger la familia matrimonial contra vientos y mareas, y todas sus políticas públicas deberían estar enfocadas a asegurarla, ya que ella protege el capital humano del país: los hijos.

En la comisión de constitución, el movimiento LGTBI ha sido muy agresivo, actitud que responde al patrón de conducta inherente a las ideologías: intolerancia, agresividad, imposición, destrucción. Esta ideología quiere destruir la estructura “dogmática arcaica” del matrimonio pero sin suprimirla sino que “abriéndola” para todos, construyendo una estructura con la cáscara de matrimonio pero vaciada de su esencia; una cáscara que con el tiempo se desintegrará; una “de-construcción” que consiste en destruir el concepto para construirlo sobre nuevas bases.

La regularización de las uniones NO benefician a nadie: ni a los homosexuales que solo buscan el matrimonio igualitario, ni a los heterosexuales que serían bien lesos de elegir una formula de menos categoría. Entonces solo cabe sincerar el debate que la comisión se rehúsa enfrentar: ¿le damos o no reconocimiento social/jurídico a las parejas homosexuales?

Es de esperar que los que acuden a las urnas dejen de pensar que aquí no pasa nada. El voto de hoy no se inscribe en la dualidad derecha/izquierda, que ya no existe, sino que tiene que reflejar el compromiso y coherencia de cada uno con los principios y valores que sustentan nuestra vida diaria; el voto de hoy es un voto de conciencia.