La llamada Ley Antitabaco, que entró a regir el pasado 1 de marzo, ha puesto en la palestra la discusión sobre la legitimidad y conveniencia de que el Poder Legislativo restrinja las libertades individuales de las personas para obtener objetivos de bien público. No se trata sólo de que haya que proteger a los no fumadores, sino, más aún, de conseguir una transformación cultural que disminuya la tasa de adolescentes que se inician en el consumo de tabaco. Una meta de largo tiempo y transgeneracional.

Por cierto, pueden ser discutibles las formas concretas que han adoptado las restricciones en este caso, pero no se cuestiona la sensatez de limitar la autonomía personal cuando existe un interés social de envergadura que así lo aconseje. Lo paradójico es que sectores que se muestran entusiastas a la hora de hacer primar el bien público respecto de la salud física de las personas, lo ignoran y desprecian cuando se trata de cuestiones que conciernen al bienestar espiritual y moral. Así, en los llamados “temas valóricos” (pornografía, natalidad, eutanasia, marihuana) pareciera que no hay bien público que valga y que, en cambio, lo único que un Estado “no paternalista” puede hacer es respetar la libertad para que cada cual haga lo que quiera, aunque ello lo perjudique a él mismo o a toda la sociedad.

Similar inconsecuencia es la que se presenta con el argumento de que las leyes deben reflejar la “realidad social”, y que se enarbola cada vez que se pretende la legalización del aborto, el divorcio express o el blindaje jurídico de las uniones de hecho (AVP). Pero cuando estamos frente a costumbres sociales arraigadas como el tabaquismo, entonces nadie pretende que a la ley no le queda otra opción que adecuarse a lo que de hecho ocurre en la sociedad. Se sostiene, por el contrario, que la legislación debe constituir un factor de cambio cultural para que la realidad social sea rectificada. Una mínima coherencia exigiría convenir en que siempre lo que fácticamente sucede en una sociedad debe ser sopesado y contrastado con principios éticos y políticos para discernir si la ley ha de apoyarlo, tolerarlo o combatirlo.

La Ley Antitabaco revela que el legislador, cuando así lo desea, puede tomar en cuenta el bien público para limitar la autonomía individual y conseguir que las leyes no sean obsecuentes con realidades sociales de valor negativo.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Segunda.