Un solo voto –50 a favor y 49 en contra– determinó que en Uruguay, un país de 3,3 millones de habitantes, se apruebe un proyecto de ley que despenaliza el aborto hasta las 12 semanas de gestación. En Uruguay, a diferencia de países como el nuestro, el argumento principal no es reducir las muertes maternas, pues ellos tienen uno de los registros más bajos de la región (seis al año); tampoco es la sobrepoblación, pues es un país con los más bajos índices de fecundidad (1,99 hijos por mujer). El fundamento central es el supuesto derecho de la mujer a disponer de su propio cuerpo y todo lo que a él se refiera.

Se busca, entonces, oponer la protección de los derechos de las mujeres, frente a los derechos de los concebidos no nacidos –etapa de la vida por la que todos hemos pasado–. Los argumentos esgrimidos para esa decisión son planteados básicamente por organizaciones que promueven el aborto a libre demanda, es decir, en cualquier etapa del embarazo y sin “justificación”, basados en un claro y evidente interés ideológico, una forma específica de lo que consideran debe ser una mujer: “independiente”, “empoderada”, “dueña de su cuerpo”, “viviendo su sexualidad a plenitud”, “capaz de decidir”, capaz de dar muerte a su propio hijo en su vientre.

Se puede entender que en una sociedad “plural” existan organizaciones que promuevan estos intereses, pero decir que son estos, y no otros, los que responden a todas las mujeres, y más aun que son nuestros derechos, no es correcto. Soy mujer: a mí no me incluyan, ni me representen, como estoy segura de que no representan a muchas mujeres profesionales, amas de casa, estudiantes, adolescentes e, incluso, niñas que han asumido, en este país de retos y emprendedores, la activa protección del derecho a la vida, nada más y nada menos que la de sus propios hijos. La limitación de un derecho fundamental como el derecho a la vida no depende de la imposición de una mayoría.

Para dar esta apariencia de derecho y justificar una legislación que vincule a todo un país se apelan a supuestos datos objetivos.

Así, se dice que en el Perú hay más de 350 mil abortos al año, pero ¿quién lo dice? Estas mismas organizaciones, no el Estado. Las cifras oficiales del Ministerio de Salud, al 2008, determinan que el 80% de las causas de muertes maternas se vinculan no a abortos sino a una deficiente atención del parto, sobre todo en zonas rurales. ¿Por qué, entonces, no promover una mayor y mejor atención de la mujer embarazada?, ¿por qué, entonces, manipular estas cifras? Porque la realidad no les da la razón. Las mujeres sí somos capaces de dar vida a nuestros hijos aun en las condiciones más duras y exigentes, y no necesitamos del Estado un derecho a matar, sino un respaldo para llevar nuestro embarazo con dignidad.

Esta manipulación no es solo de cifras sino también jurídica. Se dice que existe el derecho al aborto terapéutico porque este se encuentra despenalizado en nuestro código: los códigos penales no reconocen derechos, sancionan ilícitos. Un ejemplo: el robo entre familiares está despenalizado. ¿Existe entonces el “derecho a robar” a padres o hermanos?, ¿se necesita un protocolo? Ciertamente, no.

Esto no es un debate de hechos objetivos y análisis de normas, sino una manipulación de datos para imponer una agenda ideológica particular.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por Population Resaarch Institute, http://lapop.org.