El pasado domingo fue publicada en el cuerpo Reportajes del diario El Mercurio la columna de Carlos Peña titulada “Ser padre y ser gay”. El ella se desarrolla la particular tesis sobre la independencia total entre la condición sexual de una persona y sus virtudes morales, aserto por el cual no es posible establecer un principio universal a priori sobre la conveniencia de que los hijos sean criados y educados por un padre y una madre, sino que, frente a tal imposibilidad, sería necesario decidir en atención a las circunstancias del caso particular que se analice. Al respecto, es necesario hacer notar los errores que promueven la persuasión:

Peña sostiene que “lo que sea mejor para un niño no puede juzgarse en abstracto, sino que debe hacerse en concreto”. No discrepo, tratándose del ejercicio jurisdiccional, con la necesidad de que el juez pondere prudentemente las circunstancias del caso que conoce. Pero de ello no es posible concluir la premisa abstracta –vaya paradoja– con la que Peña inicia su razonamiento: del hecho que en determinados casos tal o cual padre sea un ejemplo o una maldición no es razonable negar los principios generales según los cuales, precisamente, se juzgan en el caso concreto las circunstancias que para Peña lo son todo: el interés superior del niño se juzga en concreto ciertamente, pero según principios o estándares que trascienden esas circunstancias. Por ello es que la conclusión del columnista –“el interés de los hijos (…) no se inclina ni por los homosexuales ni por los heterosexuales”– es lo verdaderamente falaz dado que descansa en la confusión entre lo accidental (circunstancias contingentes) y lo sustantivo (principios permanentes).

A mi juicio, ello se debe a otro error: pues referirse a la homosexualidad como mera “condición” y a sus prácticas como simples “preferencias” que nada tienen que ver con la disposición moral o el carácter de la persona es, cuando menos, un juicio gratuito. Aquí yace el origen de todos los errores de razonamiento del autor: una gigantesca petición de principio que hace las veces de cimiento de todo su edificio argumental. Este razonar sí merece llamarse “racionalización de un prejuicio”: nunca es lícito postular lo que debe demostrarse. Asumir sin más que la homosexualidad y sus prácticas son irrelevantes moralmente y que en nada influyen sobre la idoneidad de los padres para criar y educar a sus hijos constituye un antecedente totalmente cuestionable: a falta de sentido común sobran los libros y los papers.

Incluso más: de no existir tal información, subsiste la evidente inclinación natural que, conforme a la razón, permite a cualquiera concluir el mismo juicio universal: la más conveniente crianza y educación de los hijos es posible de alcanzar en el seno de la unión estable e indisoluble entre un hombre y una mujer. Claro, Peña deforma esta conclusión atribuyéndole una serie de consecuentes ad misericordiam (“devalúa a los homosexuales, los presenta como anomalía”), sin darse el trabajo de justificar tal atribución en su mérito.

Por último, que el Estado promueva tal principio no implica que trate a los miembros de la sociedad con diferente consideración y respeto. El pensamiento de Dworkin no es obstáculo para que la autoridad prefiera determinadas conductas sobre otras, algo muy distinto de discriminar arbitrariamente a las personas; antes bien, es porque se reconoce a todos igual dignidad que se prefiere ciertas conductas, contextos, situaciones y decisiones sobre otras, siempre en razón del Bien Común que beneficia a todos. La neutralidad que Peña reclama del Estado es una verdadera utopía, un lugar común de moda que, como tantos otros, suena bien pero prueba poco.

Como se ve, su argumentación deja mucho que desear. Habrá muchos que criticarán este simple análisis por centrarse especialmente –obsesivamente dirán ellos– en el rigor formal del raciocinio. Pues bien, hasta que demuestren –y no solo afirmen con citas de autoridad y apelaciones a la modernidad– que tal análisis es incorrecto para evaluar argumentos, son ellos quienes incurren –para variar– en petición de principio. Es la debilidad intrínseca del sofisma: tergiversar, atenuar o exagerar, postular sin demostrar. Con esas prácticas, al decir de Schopenhauer en su Dialéctica Erística “se amparan mutuamente la debilidad de nuestro entendimiento y la versatilidad de nuestra voluntad. Esto ocasiona que, por regla general, quien discute no luche por amor de la verdad, sino por su tesis, pro ara et focis y por fas y por nefas”. Un probable causa de ello es también sugerida por el mismo autor: “la vanidad innata, que tan susceptible se muestra en lo que respecta a nuestra capacidad intelectual, no se resigna a aceptar que aquello que primero formulamos resulte ser falso, y verdadero lo del adversario”. Y concluimos el recurso a Schopenhauer y esta breve opinión con un sensato consejo: “tras esto, cada cual no tendría otra cosa que hacer más que esforzarse por juzgar rectamente, para lo que primero tendría que pensar y luego hablar”.