En períodos eleccionarios, surge el debate sobre la legislación actual del aborto. Se plantean argumentos médicos, sociales y afectivos susceptibles de ser manipulados comunicacionalmente, lo que produce confusión en los términos que se usan e impide una discusión clara y transparente. Quienes sugieren modificar la legislación actual plantean la inclusión del “aborto terapéutico”, con lo que se permitiría aplicar esta acción en situaciones clínicas muy disímiles, como un embarazo extrauterino complicado o un feto con una malformación, una paciente embarazada con cáncer de cuello uterino o una niña de nueve años embarazada producto de una violación.

El concepto de “aborto terapéutico”, por la amplitud de circunstancias en que se podría aplicar, es un término equívoco y no favorece el entendimiento transparente de lo que se pretende legislar. Nos parece más claro utilizar los conceptos subyacentes en la legislación, como son el de “aborto directo” y “aborto indirecto”.

El aborto indirecto se da en una serie de casos clínicos, de relativa alta frecuencia en las maternidades de nuestro país, como son embarazos extrauterinos con embrión vivo, infección ovular o cáncer de cuello uterino en una mujer embarazada. En ninguno de ellos, la madre o el médico tratante quieren eliminar directamente al embrión/feto. Lo que se realiza es la aplicación de protocolos clínicos de tratamiento de la patología debidamente aprobados. Se trata la enfermedad base, en forma directa, sabiendo que la probabilidad de pérdida del embarazo es alta (esto último, cuando se produce, es un efecto indirecto del tratamiento). Dada la complejidad de estos casos, es deseable, además, la consulta al comité de ética del hospital o la consulta con otros colegas, de manera que la decisión sea tomada en forma prudente y colegiada. En estos casos, la muerte del embrión/feto no es deseada ni buscada directamente, sino que sólo tolerada como un efecto involuntario (indirecto). Si se pudiera, se salvaría esa vida.

En el aborto directo, por el contrario, la acción busca eliminar directamente al embrión/feto. Las causas por las que se indica pueden ser de la más variada índole, como abortos eugenésicos (por malformaciones fetales), por motivos sicológicos, sociales, etcétera. En estas situaciones, la acción del aborto no mejora la enfermedad, sino que más bien elimina al enfermo.

La legislación hoy da cuenta de esta distinción claramente. Los casos de aborto indirecto están contemplados en la ley. No es necesario explicitarlos, entre otras cosas, por su dinamismo clínico inherente. Los casos de aborto directo no están permitidos en ninguna de sus formas.

Durante los últimos 20 años de vigencia de la ley actual en Chile, se han producido alrededor de cinco millones de embarazos, debidamente controlados. Esta cifra es importante y nos permite evaluar qué ha sucedido. En todo este tiempo, ninguna mujer dejó de recibir el tratamiento médico correspondiente a su patología, tampoco han sido procesados médicos por aplicar los protocolos técnicos que cada una de esas situaciones clínicas exigió. El sentido común clínico, y de los jueces, permite darse cuenta de que no se está frente a un aborto directo en los casos en que el tratamiento médico de la patología ha llevado a la pérdida de un embarazo.

Cabe preguntarse si será necesario cambiar esta legislación, que ha permitido un adecuado manejo médico de casi cinco millones de madres desde 1989. Desde el punto de vista médico, pensamos que no se justifica. Dicho con otras palabras, la “terapéutica médica” no requiere modificar esta legislación para una adecuada atención clínica.

Es evidente el sufrimiento de los padres de un niño con malformaciones o de una adolescente violada. Frente a estos casos, debemos preguntarnos con honestidad si es la eliminación de esos niños la mejor respuesta que la sociedad puede entregar. ¿Somos tan pobres como sociedad que no somos capaces de acoger y acompañar a los más débiles?

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio.