¿De qué forma se puede organizar una sociedad para que el que unos obedezcan y otros manden? En definitiva, para que exista orden. Cuando fuimos niños –porque eso es indiscutible: todos fuimos niños– nos teníamos que organizar de alguna manera para que unos mandaran y otros obedecieran. Se elegían dos capitanes para que cada uno eligiera a su equipo cuando nos disponíamos a jugar al fútbol. O había uno, elegido por el resto, que contaba y los otros corrían a esconderse, cuando jugábamos a las escondidas. Más grandes se entregaban razones. Por ejemplo, cuando viajábamos de jóvenes, unos daban razones para ir a la playa, otros al sur, a disfrutar de los lagos. Finalmente ganaba el panorama que parecía asegurar mayor entretención. 

Lo mismo sucede a nivel macro, a nivel de la sociedad política. Algunas semanas atrás, en una entrevista radial, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, era inquirido sobre su modo de enfrentar a drogadictos que se habían tomado, literalmente, varias plazas de su comuna. Tal vez es un poco ruda la forma en que el alcalde se acercaba a ellos. Tal vez demasiado mediática la forma de mostrar sus acciones en sus redes sociales y en las de la Municipalidad. Todo eso puede ser discutible. Pero los argumentos que entregó ante dicha interpelación fueron notables. Dijo que él había sido elegido por la gente, conquistando la mayoría que exige la ley, como autoridad legítima. Su mandato no sólo incluía, sino que consistía en hacer respetar el orden establecido. Si alguno piensa, decía, que puede discutirle la autoridad a la autoridad legítima, entonces se había destruido el principio del orden social. Notable. 

Su conclusión era que las autoridades elegidas en democracia, y podríamos discutir los fundamentos filosóficos del sistema democrático rousseauniano, como una de tantas formas de reconocer la autoridad, pero no la legitimidad de ésta cuando ya se han instaurado las reglas. Si de entre los muchachos que eligen a sus jugadores uno quiere estar en dos equipos al mismo tiempo, tendrá que esperar sentado en la cuneta, ya que la regla validada por todos indica que esto no puede ser. De tal manera que, una vez elegida una autoridad, la única forma de “sacarla” sería ganando la siguiente elección. Claro, a menos que la autoridad pierda legitimidad en su ejercicio. Pero justamente ese punto puede ser probado de un modo absolutamente objetivo, basta verificar si la autoridad está o no cumpliendo las reglas o el marco normativo en que todos decidimos jugar. 

Thomas Molnar (1921-2020) gran filósofo húngaro, muy necesario de redescubrir en estos tiempos que vivimos, escribió su libro Authority and Its Enemies en 1976, en plena Guerra Fría. En él sostenía que los principales enemigos de la autoridad eran, en primer lugar, la razón individual, es decir, sostener argumentos de todo tipo y de toda clase, intrincados, eruditos y sofisticados, pero que cuestionan las normas consagradas por todos para el funcionamiento de la sociedad. Esa razón individual –o “subjetivismo”, podríamos decir–, se ha visto tanto en el estallido social de aquel nefasto octubre de 2019 en Chile como en las actuales marchas “estudiantiles” en París durante las últimas semanas: “me parece que tal cuestión no es justa”. Y punto. 

Un segundo enemigo, según Molnar, es la voluntad popular. Hacerse vocero de la voluntad popular, cuando una autoridad ya está en ejercicio, y lo ejerce de modo legítimo, es siempre, no pocas veces, un enemigo de la autoridad. A tal punto de que cualquiera podría hacerse vocero de la voluntad popular. Lo cierto es que la voluntad popular queda expresada en las elecciones democráticas, según el modelo de democracia en el que vivimos en la modernidad. Por último, existe un tercer enemigo de la autoridad, que es a todas luces, el más violento enemigo de la autoridad: los proyectos de emancipación, en términos de Molnar. En esto se refiere a los procesos político-filosóficos dirigidos a socavar una autoridad legítima que no sea del gusto del bando contrario, que se niega a reconocer la autoridad legítima y busca por todos los medios, incluidos la violencia, para derribarla. Esto se vio tanto en la Revolución Francesa, como en Mayo del 68, como en el estallido social chileno de 2019. 

Una sociedad sin autoridad no sólo es problemática, sino imposible. Un pensador argentino le escribía una carta a un grupo anarquista luego de que llegara a sus manos un panfleto con su declaración de principios que iba formado por el Comité Político de la Asamblea Anarquista: “Muy interesantes sus principios y su plan de acción. Pero deben reconocer que han debido elegir al redactor, al comité y a la asamblea para poder actuar”. La utópica desaparición de la autoridad no implica la desaparición del poder, sino que implica la sustitución de una autoridad por otra, de orden fáctico. Lo decía el alcalde Sichel en su entrevista: si no mando yo a sacar a esos drogadictos de la plaza, ellos serán los dueños de esa plaza: ¿cuál de los dos tiene más autoridad? Decía algo así. La democracia también necesita autoridad. El más grande enemigo de la autoridad, señalará Molnar, y que reúne y agrupa a todos los demás enemigos, es la razón desconectada de la verdad objetiva.