La brutal golpiza a solidarios y gremialistas en la puerta de la Casa Central de la PUC… ¿ya pasó? No, no pasó, porque podría volver a suceder.

Carolina Mingo, una de las más afectadas por la violencia de los manifestantes de la Confech, fue muy certera cuando afirmó que ser de derecha es “un motivo de castigo social en la universidad”, lo que declaró en el contexto de una mucho más profunda afirmación previa, cuando sugirió que la propia PUC no estaba exenta de responsabilidad, ya que, dijo, “quienes tienen la misión de educar deben evaluar qué están entregando a las nuevas generaciones”.

Alumnos como ella, coherentes y valientes, necesitan conocer el porqué de todo lo que los afecta tan gravemente al interior de su —de nuestra— querida universidad. Dos son los procesos paralelos que se desarrollaron durante la rectoría de Ignacio Sánchez, visiblemente desde 2018, pero con antecedentes que se remontan años atrás.

Por una parte, la incapacidad para entender y enfrentar la gravedad del movimiento feminista (“generista”, más bien) que tuvo su expresión más radical en la toma de la Casa Central en mayo de 2018. La falta de comprensión del tipo de desafío institucional que implicaba esa toma y, por consiguiente, la rendición ante sus demandas, expresada en comisiones de trabajo, medidas administrativas y nuevos organismos a favor de la ideología de género, todo eso, marcó un punto de inflexión en el ambiente universitario. Las izquierdas, que vienen utilizando esas demandas como ariete eficaz, entendieron el escenario: las autoridades superiores no iban a marcar una línea divisoria, las compuertas estaban abiertas. La escena del mismo rector sentado confraternizando con manifestantes en plena Alameda, a finales de 2019, consolidó a las izquierdas en su percepción: el campo estaba despejado para quedarse con la universidad. Era cosa de tener paciencia.

Al mismo tiempo —quizás como un mecanismo de compensación de conciencia y de imagen— se desarrollaron dos procesos de naturaleza académica, pero que tuvieron enormes consecuencias en la identidad de la universidad. El primero, la diversificación de los sistemas de admisión y, de paso, la adhesión a la gratuidad. En el nombre de una muy deseable diversidad, la composición del origen de los alumnos cambió sustancialmente. Perfecto: una universidad católica debe estar abierta a todos. Pero, ¿tenía la corporación una masa crítica de profesores en condiciones de recibir a cientos y cientos de alumnos sin formación cristiana previa, y ofrecerles una antropología y un sentido cristianos de la vida? Porque de eso se trata una labor educativa de la Iglesia, ¿no?

No, ese cuerpo docente, desde hace unos 20 años, no está en condiciones de realizar esa tarea, aunque sigan intentándolo muy significativas excepciones. ¿Por qué? Simplemente, porque la obsesión por los rankings capturó a las autoridades superiores. Entonces, los concursos privilegiaron el currículo —¡qué importa que un matemático sea ateo!, me argumentaba un profesor— y las publicaciones se convirtieron en el pasaporte para la promoción académica —¡yo no estoy para perder el tiempo atendiendo alumnos!, me espetaba otro.

Además, un clima de inseguridad se fue extendiendo para quienes veníamos de atrás, de la universidad formadora —con sus defectos, por cierto—, y muchas voces comenzaron a callar. Un gran amigo, profesor de excelencia, me advirtió un día: “No vayas a Valparaíso de paseo con tus alumnos, algo te puede pasar”. Lo que a mí efectivamente me pasó… ya pasó. Lo que puede pasarles a otros, ¿hay voluntad de impedirlo? ¿Hay voluntad de revertir la universidad ambigua que se legó a estas nuevas generaciones?

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio el miércoles 14 de octubre de 2026.