Sin querer caer en el conocido y muchas veces falso cliché según el cual “todo tiempo pasado fue mejor”, no cabe duda de que en los últimos años los escándalos que han sacudido a nuestro país han crecido tanto en número como en magnitud. Y aunque seguramente antes varios de ellos permanecían escondidos, parece claro que hemos ido deslizándolos por una pendiente resbaladiza a este respecto cada vez más preocupante.

Como se sabe, estos escándalos han sido sobre todo económicos y políticos, no faltando la conjunción de ambos. Y lo que llama crecientemente la atención no es solo su magnitud, sino sobre todo las instituciones públicas que se han visto envueltas en ellos, muchas de las cuales gozaban hace no muchos años de un razonable prestigio de cara a la ciudadanía.

Además, esta situación afecta a todo el espectro político, razón por la cual prácticamente ningún sector puede lavarse las manos y lanzar la primera piedra a este respecto. Por eso se ha señalado aquí en más de una oportunidad que en buena medida, pareciera existir en Chile una institucionalidad de papel.

Ahora bien, es necesario tener en cuenta que el mayor problema de este fenómeno no son tanto los escándalos en sí mismos, pese a que en demasiadas oportunidades han resultado (y valga la redundancia), intolerablemente escandalosos. El problema de fondo y más complejo es la falta de confianza que la ciudadanía acaba teniendo en sus instituciones.

Ello, pues si cada sector, sea público o privado, sólo vela por sus intereses, por ilegítimos que estos puedan ser y además, para alcanzarlos está dispuesto a cualquier cosa, se está abonando el terreno para convertir a Chile en un Estado fallido, como por desgracia tantos abundan en la actualidad. Es decir, de llegar a una situación en que existan tantos feudos de poder luchando cada cual por su esfera de influencia, que en definitiva nadie sea capaz de “ponerle el cascabel al gato”, como se dice, situación de la cual resultará cada vez más difícil salir.

Por eso es necesario tomar conciencia que al igual que las personas, los países no tienen su futuro asegurado, o si se prefiere, que no existe, salvo en la imaginación de algunos, un futuro promisorio esperándonos más adelante, casi como si tuviéramos derecho al mismo. Ello, pues los errores y las malas decisiones se pagan, y a veces muy caro, razón por la cual, tal como una vida se puede ir al traste con una sola acción, algo parecido puede pasar respecto de un Estado. Por regla general demorará más tiempo, pero llegará, de darse las condiciones a esta situación. Y por lo mismo, resultará mucho más difícil y largo poder superarla.

Así entonces, mientras se pueda, mientras aún quede algo de institucionalidad que funcione de manera decente, hay que luchar de manera decidida contra este verdadero cáncer de la corrupción y tomar conciencia que un país resulta inviable si cada persona y cada sector o grupo sólo piensa en su bienestar sin importar los costos ni los demás. Sin esta mirada global y fin común de una sociedad, estamos condenados a un estrepitoso fracaso.

En teoría, aún estamos a tiempo para revertir esta grave situación que nos aqueja. Pero esto requiere de un espíritu cívico que no se logra con una ciudadanía cada vez más atomizada, preocupada sólo de sus intereses y de su defensa a ultranza por cualquier medio.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por el diario El Sur de Concepción. El autor es Doctor en Derecho, profesor de filosofía del derecho en la Universidad San Sebastián y miembro del Capítulo Concepción de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile.