Aprobada la Ley para la Reconstrucción Nacional que, convengamos, constituye un hito de la mayor relevancia para el cambio de tendencia que Chile requiere y necesita, es preciso poner el foco y la urgencia en aquello que no puede seguirse postergando porque es esencial.

Llevamos más de una década con crecimiento mediocre, inversión estancada y un mercado laboral que no genera el empleo formal que el país necesita. Mientras tanto, tres nudos regulatorios —la rigidez laboral, la Ley Lafkenche y el Consejo de Monumentos Nacionales— actúan como frenos silenciosos, pero potentes.

Ignorarlos es aceptar que, la primera piedra que se puso con el proyecto de Reconstrucción Nacional no será suficiente y que el desarrollo seguirá siendo una promesa lejana. Es hora de continuar actuando con decisión, tal y como se hizo con la referida iniciativa legal.

En materia laboral, el diagnóstico es claro y se repite desde hace años. La informalidad se mantiene en niveles preocupantes: cerca del 27% de los trabajadores carece de contrato, y la recuperación del empleo formal postpandemia ha sido lenta e incompleta.

Es preciso insistir, con velocidad y convicción, en la necesidad de modernizar el marco regulatorio, entre otros, para: concluir la reforma al sistema de sala cuna y su financiamiento, sin encarecer la contratación y tendiendo hacia el financiamiento estatal; reemplazar subsidios ineficaces; flexibilizar el periodo de cálculo de la jornada laboral de las 40 horas, permitir regímenes de turnos laborales adicionales y especiales para determinados sectores, y avanzar hacia un sistema de indemnización por años de servicio más acotado, fortaleciendo al mismo tiempo el seguro de cesantía.

Estas no son propuestas ideológicas: son instrumentos para aumentar la formalidad, la participación femenina y la movilidad laboral, dando dinamismo a diversos sectores de la economía como el turismo y la agricultura. Sin mayor flexibilidad y certeza, las empresas seguirán postergando contrataciones o buscando alternativas en la automatización. El resultado es previsible: menos empleos de calidad y menor capacidad de crecer de manera inclusiva.

Otro efecto grave es el que está generando la Ley Lafkenche. La mera solicitud de un Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (ECMPO) suspende de inmediato otras concesiones, los plazos se alargan por años y las superficies reclamadas crecen sin límites claros de proporcionalidad ni de acreditación efectiva del uso consuetudinario. Hoy esas solicitudes acumulan y superan los tres millones de hectáreas en zonas clave para la acuicultura, el turismo y la pesca artesanal.

El expresidente Eduardo Frei ha sido muy directo en la materia, insistiendo en que no tiene sentido entregar millones de hectáreas a un número reducido de familias cuando lo que el país necesita es duplicar las exportaciones de salmón, entre otras, que ocupa una fracción de hectáreas menor y genera miles de millones de dólares y empleos en el sur.

Hablemos claro: la suspensión indefinida de concesiones y renovaciones no protege derechos ancestrales: los transforma en un mecanismo de veto que paraliza la inversión y el empleo regional. Revisar el efecto suspensivo, establecer criterios objetivos de proporcionalidad y acotar los plazos no es atentar contra las comunidades indígenas; es recuperar el equilibrio entre derechos legítimos y desarrollo productivo.

El efecto buscado de esa ley no puede haber sido el congelar la expansión, las renovaciones y otras inversiones del borde costero durante años, empero, es justamente lo que ha ocurrido, por lo tanto, es imperativo avanzar, salvo que alguien se declare satisfecho con lo ocurrido en cuyo caso debiera explicitar que su objetivo es decrecer.

Aun cuando la industria salmonera ha seguido exportando y creciendo en valor, el espacio productivo no crece a la par, versus lo que ocurre en la industria competidora en otros países. Además, cientos de concesiones no salmoneras también quedan congeladas, como concesiones marítimas relativas a puertos, emisarios, turismo y proyectos de infraestructura quedan atrapados, con los empleos que conlleva.

El tercer nudo es el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) y, más ampliamente, la permisología. Auditorías de Contraloría han documentado miles de solicitudes pendientes, algunas con cientos de días de retraso, muchas asociadas a obras públicas y proyectos de inversión. Proyectos que se dilatan años, capital que se va a otros países y trabajadores que esperan oportunidades que nunca llegan. Una reforma que permita destrabar la toma de decisiones y fije plazos efectivos no debilita el patrimonio: lo hace compatible con el progreso.

Estas tres áreas no son independientes. La rigidez laboral desincentiva la contratación; la Ley Lafkenche y el CMN elevan el costo y el riesgo de invertir. Juntas generan un círculo vicioso: menos inversión, menos empleo formal, menor crecimiento y, por tanto, menor capacidad de financiar mejores políticas sociales y de protección.

Chile ya demostró en el pasado que puede crecer por encima del 5% durante períodos prolongados. Esa capacidad no desapareció, sin embargo, está atrapada detrás de normas mal diseñadas o implementadas.

Avanzar no significa desmantelar protecciones. Significa diseñarlas de manera que cumplan su propósito sin convertirse en obstáculos permanentes; implica establecer plazos reales, criterios objetivos, proporcionalidad y certeza jurídica. Significa priorizar el empleo formal y la inversión productiva como bases del bienestar.

El costo de la inacción ya lo estamos pagando en cifras de desempleo, en regiones que no despegan y en una sensación colectiva de estancamiento.

El momento de las advertencias ya pasó. Lo que corresponde ahora es decisión política y técnica para destrabar estos nudos. La Ley de Reconstrucción es un gran primer paso, no podemos cansarnos de destacarlo. Pero para volver a mirar el desarrollo como una meta alcanzable y no como una aspiración lejana, es preciso seguir avanzando y hacerlo con celeridad.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por Ex-Ante el miércoles 26 de agosto de 2026.