El proyecto de reforma constitucional presentado por el Gobierno contra la delincuencia ha sido calificado, una y otra vez, como “iliberal” o simplemente como “no liberal”. Especialmente por la longitud que podría tener un estado de excepción dictado unilateralmente por el Presidente de la República. Pero, ¿qué significa ser liberal para entender después por qué algo pueda ser calificado de “iliberal”? La palabra liberal tiene, sin duda, relación con “libertad” por lo que liberal vendría así a ser partidario de la libertad, lo cual parece ser muy razonable. Pero ¿de qué libertad estamos hablando? Veamos las opiniones de Carlos Peña y de Agustín Squella en sus últimas columnas publicadas en El Mercurio.

Carlos Peña en su columna “Ha llegado carta” sostiene que, si bien Kast avanza algunas ideas que aparentemente son partidarias de la libertad, las ata, sin embargo, a un conjunto de valores y creencias provenientes del cristianismo. En esa hipótesis, continua Peña: “La democracia, la libertad o libertades, y el Estado de Derecho descansarían y encuentran su fundamento en una cierta cultura subyacente”. Lo cual, siempre para Peña, es incompatible con la verdadera libertad “que supone el derecho de las personas a abandonar su identidad étnica, religiosa o lo que fuera”. Kast y su gente, en cambio, según él, “piensan que la libertad no equivale a una simple autonomía…”. Algo similar había sostenido Agustín Squella en “¿Iliberales o Antiliberales?”: “La más amplia dimensión ética del liberalismo, consistente en la autonomía de los individuos para formarse y adoptar creencias acerca del bien y de lo que debe hacerse para lograrlo”.

En conclusión, para ambos autores, la libertad y, por lo tanto, el liberalismo, es sinónimo de autonomía, esto es, capacidad para que cada uno pueda darse a sí mismo los principios por los cuales va a regir su conducta. En las hipótesis de ambos autores parece que da lo mismo tanto el Decálogo de Moisés como el Decálogo del Tren de Aragua y que cada persona gozaría de autonomía para elegir uno u otro y así, según el Decálogo elegido, ordenar su conducta. ¿Cómo, entonces, prohibir a otro que mate a su prójimo, o que no lo asalte y robe en plena vía pública? Este liberalismo, llevado a su extremo lógico, impide prohibir determinadas conductas, aunque ellas pongan en riesgo bienes esenciales de la vida en común. Para los autores que comentamos, ese bien esencial en el campo moral es lo que ellos denominan la “autonomía individual”. Pero, por esa vía, no hacen sino abrir la puerta a la peor de las delincuencias, como ha sido la del Tren de Aragua.

Precisamente, en la validación que han tenido estas ideas por muchos de los dirigentes políticos y de sus respectivos partidos, me parece que se puede encontrar una de las razones más poderosas para explicar el inmenso auge que la delincuencia ha adquirido en Chile. Es que, en esta hipótesis, atacarla ha venido a constituir un acto del condenado “iliberalismo”.

Para vencerla, en cambio, es menester volver a ideas fundamentales de nuestra cultura y de nuestra civilización. En primer lugar, que los principios que han de regir nuestra conducta libre no se inventan al arbitrio de cada uno, sino que se conocen en nuestra naturaleza individual y social. El crimen, la mentira, el robo son actos malos porque afectan en forma decisiva la convivencia social. No hay ninguna posibilidad de vida en común si ellos reciben algún tipo de validación. Nadie puede alegar autonomía moral para justificar esos actos.

Las normas de construcción de edificios o las que rigen la práctica de la medicina no dependen de la voluntad de las personas, sino de nuestra naturaleza y de la de los materiales que ocupamos. Por eso, antes de entrar en obras o en una operación quirúrgica es menester estudiarlas para aplicarlas correctamente.  Eso es lo que nos manda la norma moral de la cual, por lo tanto, las normas de la construcción o del ejercicio de la medicina entran a formar parte. Un constructor o un médico que evaden las normas que rigen el actuar de sus profesiones no pueden alegar autonomía para evadirlas y, por lo tanto, se hacen culpables de los daños que puedan causar y deben responder por ellos.

La libertad es una facultad formidable para hacer el bien, pero su riesgo es el de hacer el mal. Este no puede ser aceptado, por lo que impedirlo o castigarlo no constituye una restricción de la libertad sino una defensa de ella. Para vivir en libertad, hemos de reprimir la delincuencia. Darle la pasada, como la hacen Peña y Squella, es la más auténtica demostración de “iliberalismo”.

Dejemos primero estas ideas en claro y, después, discutamos si es conveniente o no autorizar un determinado estado de excepción como el que propone el proyecto del gobierno. 

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero el martes 15 de septiembre de 2026.