Pese a la contundente victoria de José Antonio Kast en las últimas elecciones, han surgido varias conductas de diversos sectores vinculados a la extrema izquierda, que generan poderosas dudas respecto de la salud de nuestro actual sistema democrático que no deben pasar inadvertidas.

Lo anterior se debe básicamente a dos razones. La primera, es que desde la administración saliente se ha intentado “amarrar” a un sinnúmero de funcionarios públicos, incluso de aquellos que corresponde nombrar por razones de absoluta confianza a cualquier gobierno de turno. Lo cual busca boicotear la labor del próximo presidente, impidiéndole ejercer como corresponde parte de sus funciones.

Y la segunda, más grave aún, ha sido el llamado de varias voces de extrema izquierda a tomarse las calles desde marzo, propiciando así por un nuevo “estallido social”, no sólo para protestar contra el futuro gobierno, sino también para ocasionar su caída, lo que reconocen y propugnan abiertamente. Ello, pese a la notable votación obtenida y a que estos mismos sectores ahora inconformes, se consideran a sí mismos los únicos verdaderamente democráticos, autoatribuyéndose así una más que discutible superioridad moral.

De esta forma, ambas situaciones muestran muy a las claras que sus promotores consideran que se encuentran más allá e incluso sobre la decisión popular, la que sólo resultaría legítima a sus ojos si los favorece. Todo lo cual es absolutamente inaceptable.

Esto confirma que buena parte de la izquierda no cree realmente en la democracia, pese a sus insistentes dichos en sentido contrario; situación que por desgracia ha ido contagiando a la izquierda tradicionalmente considerada democrática.

Y no cree en ella, porque la estima una creación burguesa, que además, está inspirada en una antropología incompatible con el colectivismo que profesa. De ahí que como en el fondo no la considera legítima, no tenga ningún problema en usarla como un instrumento más para llegar al poder, respetándola si le sirve para dicho fin o desconociéndola en caso contrario.

Todo esto debiera generar un amplio, decidido y contundente rechazo, tanto de la población como de la clase política en general. Sin embargo, y aun cuando ha habido diversas voces y reacciones, no deja de llamar la atención la poca fuerza que ellas han tenido; lo cual parece indicar que un sector no menor de nuestro país no es realmente demócrata.

En consecuencia, el horizonte inmediato se ve poco halagüeño. Con la agravante que ante posibles desórdenes y actos de vandalismo, y la necesaria respuesta que tiene la obligación de dar la fuerza pública, se añada el consabido problema de los “derechos humanos”, esgrimidos de manera mañosa tanto por instancias nacionales como internacionales, que sólo defienden a los antisistema y no al resto de la ciudadanía, cuyos derechos parecen no tener importancia alguna.

Nos encontramos así, ante una grave amenaza a nuestro sistema democrático. Por eso, si realmente queremos mantenerlo, es necesario un rotundo y contundente rechazo hacia estas actitudes y conductas por parte del grueso de la población.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por el diario El Sur de Concepción. El autor es Doctor en Derecho, profesor de filosofía del derecho en la Universidad San Sebastián y miembro del Capítulo Concepción de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile.