Desde los agitados años 60 se ha asumido como algo natural y propio que la universidad sea un espacio intensamente politizado. Al menos desde las revueltas de fines de los años sesenta —con el llamado Mayo del 68 como símbolo— se instaló la idea de que la vida universitaria implica, casi por definición, una alta carga ideológica, tanto de profesores como de estudiantes. No estamos hablando de discusión política, lo cual es inherente a la vida intelectual, sino algo distinto: la progresiva normalización de una hiperpolitización reflejada en la frase que oí alguna vez a un académico decir en un claustro: “todo en la vida humana es política”, la misma reducción que Marx realiza en la primera Tesis sobre Feuerbach.

Ese desplazamiento del sentido propio de la universidad, como espacio de búsqueda del saber y del conocimiento, hacia la voluntarista idea de que el saber debe ser útil a ideales políticos, aun cuando en ese servicio se someta la verdad y la ciencia, es problemático cuando muchos lo consideran parte del “espíritu crítico” universitario. Esta idea de instrumentalizar la universidad, como institución social, merece hoy ser revisado con mayor atención. Porque lo que comenzó como una apertura al debate ha derivado, en no pocos casos, en la instalación de doctrinas ideológicos que, por definición, son cerradas en sí mismas, y no abiertas a lo real, es decir, contradictorias con el espíritu de la vida académica y científica.

El problema no es tampoco que haya política en la universidad. El problema es cuando la ideología sustituye al criterio científico, donde es verdad sólo lo que dice la ideología, y más, cuando el conocimiento culmina en acción, de lo contrario o no sirve, o no es verdadero conocimiento, cuestión que también critica Habermas –recientemente fallecido– en su conferencia “Ciencia y técnica como ideología”.

Cuando esto ocurre, la formación académica deja de orientarse a la verdad y pasa a orientarse a la mera adhesión. Las categorías se simplifican: opresores y oprimidos, justos e injustos, legítimos e ilegítimos, buenos y malos. En ese esquema, el interlocutor deja de ser un interlocutor para convertirse en un adversario, y peor aún, a quien hay que derribar o, en el mejor de los casos, “frenar” en su avance.

Ahí se produce un giro decisivo: el desacuerdo, para los ideólogos revestidos con ropajes de académicos, deja de ser tolerable. Y cuando el desacuerdo deja de ser tolerable, la violencia encuentra su justificación. El grado de tolerancia, por lo demás, en una mente corroída por la ideología, deja sus márgenes normales, y se estrecha a escala milimétrica considerando “agresión” la sola existencia de ideas distintas, considerando “violencia”, las acciones políticas de su adversario, considerando “objetivos de combate” personas que adhieren a ideas ajenas a determinada ideología.

Este fenómeno permite comprender un cambio que empieza a hacerse visible: el surgimiento de una violencia política que ya no proviene de sujetos marginados de la sociedad, anarquistas, o de sujetos con ciertas condiciones mentales perturbadas, psicópatas, ni de cuadros o movimientos organizados en contextos de alta confrontación ideológica explícita —como ocurrió en otras épocas—.

Lo que comienza a emerger es algo distinto: una forma de odio ilustrado.

Se trata de personas profesionales, muchas veces con estudios universitarios avanzados, magíster o doctorados, incluso en instituciones de alto prestigio, no pocas veces realizando sus posgrados en prestigiosas universidades extranjeras, que no actúan por desajuste psicológico ni por pertenencia a estructuras terroristas, sino por una especie curiosa de convicción. Una convicción que se percibe como moralmente justificada y que, en ciertos casos, cada más con mayor frecuencia, que se traducen en acciones violentas que terminan con ataques, y con la vida, de representantes políticos contrarios a ellos, no de “dictadores” o “tiranos”, sino de autoridades elegidas democrática y legítimamente

Los ejemplos recientes no deben ser leídos como anomalías aisladas, sino como síntomas de un sistema de educación universitaria en el que hemos normalizado, no la militancia activista política, sino la preparación ideológica de un revolucionario.

Recientemente en nuestro país, la agresión a la ministra Lincolao sufrida en la Universidad Austral, protagonizada por estudiantes en un contexto académico, en el que supuestamente solicitaban no reducir becas para estudios doctorales en el extranjero. De ese nivel académico estamos hablando. Retuvieron, en una forma de “secuestro” como ha aceptado llamar la propia Fiscalía, más de 4 horas a la Ministra de Ciencias para luego, en su huida, agredir a sus escoltas y asesores, y a ella misma, con diversos objetos, como lo atestiguan los videos que circularon posterior al ataque. También en un ambiente universitario se le dio muerte al político norteamericano Charlie Kirk en medio de un campus en septiembre de 2025. Su asesino, un estudiante de la Universidad de Utah que encontró digno de un objeto de tiro al joven conservador por instalarse en los campus a debatir con estudiantes de ideas políticas diferentes a la suya.

En otras latitudes, el reciente intento de asesinato contra Donald Trump por parte de un profesional altamente calificado, licenciado y magíster en ciencias, ex alumno de prestigiosas universidades como el Instituto Tecnológico de California CALTECH, y la Universidad de Pensilvania, rankeada como una de las 5 mejores de EEUU, y profesor de ciencias de la informática, apunta en la misma dirección que el ataque a la Ministra chilena.

Lo mismo puede decirse de otros casos donde individuos con formación universitaria han pasado del juicio al acto con una motivación explícitamente política, pero perpetrada por profesionales, académicos con excelencia formativa. Es el caso también de Luigi Mangione, quien asesinó a Brian Thomson, un alto ejecutivo de una empresa gigante de productos farmacéuticos. Mangione se había graduado cum laude en Pensilvania en ingeniería y posee un Magíster en Ciencias de la informática y computación con una subespecialización en matemáticas y había sido distinguido con una beca para una pasantía en la Johns Hopkins University sobre investigación en robótica, además de haber sido consejero en Inteligencia Artificial en la Universidad de Stanford.

La diferencia con otros episodios de ataques políticos o ataques a autoridades puede parecer sutil, pero no lo es. No estamos frente a sujetos clínicamente desequilibrados, como en el caso de John Hinckley Jr., quien disparó al Presidente en ejercicio Ronald Reagan el 30 de marzo de 1981. Este sujeto, como lo demostró el caso, quería impresionar a su amor platónico, la actriz Jodie Foster, de quien el sujeto estaba enamorada desde que la vió en una película, así lo declaró la Corte y lo internaron a tratamiento psiquiátrico durante 30 años. Tampoco estamos presenciando casos como el del Senador en ejercicio Jaime Guzmán, conocido por cualquier chileno, perpetrado por grupos paramilitares, armados y terroristas, en una asociación ilícita, pero orgánica, formados para la acción violenta en contextos de radicalización política estructurada. Los casos que hemos venido presenciando en el último tiempo poseen la gran diferencia de estar protagonizados no sólo en ámbitos académicos, sino también por profesionales universitarios altamente calificados académicamente.

Se trata de individuos que han internalizado marcos ideológicos que les permiten reinterpretar la violencia política como un acto legítimo, incluso necesario –hay algo mesiánico en toda ideología propiamente tal–. No operan al margen de la racionalidad: operan dentro de una racionalidad absoluta, pero deformada.

Tal deformación no surge de la nada. Y la hemos normalizado.

Durante décadas, diversos autores, desde T.S. Eliot, pasando por Thomas Molnar hasta el notable trabajo de Robert Hutchins La Universidad de Utopia, advirtieron sobre el riesgo de someter la universidad a la ideología. Cuando la inteligencia se desvincula de la verdad y se pone al servicio de una acción práctica, la formación pierde su orientación fundamental. La universidad deja de ser un espacio de búsqueda y se convierte en un espacio de validación.

Lo inquietante es que ese proceso no solo afecta al plano teórico.

Hoy se ve reforzado por un entorno cultural marcado por la hiperconectividad y la mediación digital. Las redes sociales no solo amplifican ideas: intensifican las emociones que siembran las ideas. La indignación se convierte en un motor permanente, y la percepción de amenaza se vuelve constante. En ese contexto, la combinación entre formación ideologizada y estimulación emocional continua produce un tipo de subjetividad particularmente inestable: convencida, movilizada y dispuesta a la acción violenta.

Así, el paso desde la idea al acto se acorta.

La universidad, que debiera operar como espacio de mediación racional —donde las diferencias se elaboran, se contrastan y se comprenden—, corre el riesgo de transformarse en un espacio donde esas diferencias se radicalizan y se absolutizan.

Ese es el punto crítico.

La violencia, en este contexto, ya no aparece como ultima ratio, sino como consecuencia necesaria. Por eso, el problema no es simplemente la existencia de ideas políticas en la universidad, ni siquiera la intensidad del debate. El problema es haber normalizado un tipo de formación donde el desacuerdo se vive como intolerable y donde el adversario es percibido como ilegítimo. Cuando eso ocurre, el resultado no es más pensamiento crítico, sino su contrario. Y sus consecuencias violentas —como ya hemos comenzado a ver— trascienden el plano de las ideas.