Muchos recordamos la celebración del “Bicentenario”. Se dijo que se estaban conmemorando “los doscientos años de vida independiente”, sin embargo, lo más preciso era indicar que correspondían a los dos siglos de la Primera Junta Nacional de Gobierno y no de la Emancipación. Si bien a partir del 18 de septiembre de 1810 comenzamos un período de autonomía, lo fue producto de la acefalía de la Corona en la Península, al haber sido capturado el Rey Fernando VII por Napoleón dos años antes. 

Aunque ha habido una gran discusión historiográfica aún abierta respecto de si la junta fue leal al rey o partidaria de la emancipación, lo cierto es que basta ver su nombre oficial –Junta Provisional Gubernativa del Reino a nombre de Fernando VII– para darse cuenta de que al menos de palabra nació para custodiar el territorio mientras el monarca se encontrara cautivo.

Pese a que hoy todos celebramos la Independencia –aunque la conmemoremos en septiembre y no en febrero, cuando realmente ocurrió–, lo cierto es que los primeros años de vida emancipada estuvieron marcados por una profunda inestabilidad política, que la historiografía tradicional ha denominado “Anarquía” entre la abdicación de Bernardo O’Higgins y un evento algo desconocido pero que la semana pasada estaba de aniversario número 196: la Batalla de Lircay. 

El 17 de abril de 1830 no sólo se daba término a la llamada revolución de 1829, producto de la sublevación del bando pelucón ante la flagrante violación de la Constitución de 1828 en que habrían incurrido los pipiolos. Con dicho combate a orillas del río homónimo, cerca de la ciudad de Talca, se daba término al período revolucionario, marcado por la inestabilidad y la absoluta incapacidad de gobierno, y se abría paso a prácticamente un siglo de orden y estabilidad como pocos países en el continente. 

Alberto Edwards explica que era necesario “que hacer surgir del caos revolucionario un gobierno improvisado, hijo de la revuelta, pero que a la vez inspirase, desde el principio, la veneración religiosa que por lo regular sólo acompaña a las instituciones consagradas con el tiempo” (La fronda aristocrática en Chile (Santiago: Editorial Universitaria, decimoséptima edición, 2012), 65). De esta manera, luego de un gobierno de transición encabezado por José Tomás Ovalle, se desarrollarían elecciones en las que Joaquín Prieto comenzaría los llamados “Decenios Conservadores”. 

Prieto sería electo “casi en las mismas condiciones que si hubiera sido el sucesor regular de una larga serie de presidentes constitucionales”, pese a haberse desarrollado dichos comicios apenas “dieciocho meses después de terminada la revolución”. Luego de su elección, Prieto se convertiría en “el jefe de un gobierno impersonal, el representante visible de esa fuerza tradicional y abstracta, superior a las vicisitudes de la política y al prestigio de los hombres, que iba a ser el inconmovible fundamento de la majestuosa construcción de Portales”. (La fronda aristocrática en Chile (Santiago: Editorial Universitaria, decimoséptima edición, 2012), 68-69).

Lircay no sólo constituiría la inauguración de un período de estabilidad excepcional en el continente. También, siguiendo a Edwards, sería la restauración del orden institucional propio del período hispánico, sustentado en la obediencia a la autoridad legítima, primero del rey y luego de los Presidentes. Guardando las debidas proporciones, el actual Gobierno también ha sucedido a una “revuelta”, la iniciada en octubre de 2019 y concluida en septiembre de 2022, y también ha sido electo con el mandato de restaurar el orden y las instituciones. Esperemos que José Antonio Kast, como Joaquín Prieto hace doscientos años, pueda reimprimir a nuestro país el sentido de autoridad, estado de derecho y estabilidad política.