No hay impunidad que dure cien años. En Caracas, tras una operación militar y una recompensa histórica, fue capturado el dictador, Nicolás Maduro, y la ex primera dama. Los cargos de narcoterrorismo, conspiración y delitos vinculados al uso de armas automáticas, continuarán por la vía judicial en territorio norteamericano. Maduro anaranjado enfrentará el debido proceso, ese mismo que negó a miles de sus compatriotas asesinados, perseguidos y encarcelados. La noticia ha recorrido el mundo. El eventual fin de la pesadilla chavista y dictadura bolivariana no admite defensas de ningún tipo. El pueblo venezolano ha padecido hambre, miedo, persecución, tortura, control político y terrorismo. Venezuela y su diáspora piden libertad, democracia y justicia. Quieren vivir en paz y en progreso, quieren su propio “derecho de vivir en paz”.

En Chile, el régimen dictatorial de Maduro genera debate, adeptos y detractores. Tras la operación norteamericana, las caretas se han caído y las banderas ideológicas vuelven a las calles. El presidente Boric, sin diferenciar su investidura de Jefe de Gobierno y de Estado, cree que: “la democracia no se construye desde la fuerza ni desde la imposición”. Su declaración suena bien, pero es impracticable en territorio venezolano, es una muestra más de su falta de realismo. Su advertencia es falaz: “Hoy es Venezuela, mañana podría ser cualquier otro”. No hay dicotomía entre la violación de los derechos humanos constante y la soberanía. La indignación generacional e ideológica ya no es suficiente. Ese deseo de presentarse por sobre el bien y el mal no es genuino. En paralelo, el Partido Comunista, en sintonía con el extinto premio, Lenin de la Paz, “rechaza y condena enérgicamente la criminal agresión del gobierno de los Estados Unidos”. Palabras del baúl de los recuerdos y ese trasnochado antiimperialismo que confunde las víctimas y opresiones. En Venezuela, los criminales son Maduro, la casta militar y sus cómplices. La comunista Jara sostiene que: “Estados Unidos ha violado el derecho internacional atacando a Venezuela”. Su careta de candidata moderada ya no sirve, la lealtad al partido es irrenunciable. El derecho internacional es la nueva consigna de la izquierda radical para desviar la atención y no asumir la complicidad e impunidad del régimen narcoterrorista del inocente Maduro.

Para el Frente Amplio (FA), la presencia norteamericana representa: “un acto flagrante de injerencia sobre la soberanía de un país latinoamericano y una violación abierta del derecho internacional”. El FA y su superioridad moral, olvida el bullado caso Ojeda y la noche en la cual fue secuestrado, torturado y asesinado en Chile, con ribetes de crimen transnacional. La violación sistemática a los derechos humanos en Venezuela no es una invención del imperialismo. El frenteamplismo ha demostrado su complicidad con la impunidad del dictador. Su indignación es selectiva y de escritorio. Desde Cuba, desde el paraíso socialista, se exige la “liberación inmediata” de Maduro. Para Hamás, lo ocurrido es “un atentado contra la soberanía”. Hamás vendiendo cruces.

Lo ocurrido en Venezuela no genera unanimidad en el abordaje. La política de Trump es controversial y de espectáculo. La izquierda identitaria determina quién es el opresor y la víctima. Los más osados señalan que Maduro se encuentra secuestrado por el imperialismo. La izquierda radical solidariza con el dictador y levanta el escudo del derecho internacional. Palabras que suenan bien, pero no se ajustan a la realidad ni al sufrimiento del pueblo venezolano. El peligro para la democracia siempre fue Maduro y la fracasada receta socialista persistente en el continente. Las organizaciones supranacionales, una vez más, demostraron su agenda propia y turismo ideológico desde el mundo desarrollado. Las costas venezolanas esperan el zarpe de la flotilla de Greta.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Pingüino el domingo 11 de enero de 2026.