El 11 de marzo de 2026 asumirán nuevas autoridades políticas en nuestro país. Cambiarán las personas que ocuparán los cargos en la Presidencia de la República, el Senado y la Cámara de Diputados. Como en todo nuevo ciclo político, se abrirán espacios de negociación para impulsar reformas largamente discutidas, se retomarán viejos debates y surgirán nuevos asuntos que marcarán la agenda pública. Para quienes, entre estas nuevas autoridades, se reconocen cristianos —católicos apostólicos romanos, ortodoxos, protestantes o evangélicos—, este momento exige recordar una distinción tan fundamental como a menudo olvidada: la que existe entre bienes negociables y bienes no negociables.

La política requiere prudencia. Los problemas que afectan a nuestro prójimo exigen no solo su detección y denuncia, sino también la responsable deliberación sobre las distintas alternativas para solucionarlos. La buena política demanda búsqueda, debate y, finalmente, consenso para alcanzar, por ejemplo, un financiamiento adecuado de la educación, un sistema político robusto o metas razonables de sostenibilidad energética. En estos ámbitos, el diálogo, el acuerdo y la transacción no solo son posibles, sino necesarios para atender las múltiples necesidades de las personas, especialmente de las más vulnerables, pues así lo exige la justicia distributiva.

Sin embargo, distinto es cuando se trata de la vida humana, de la familia fundada en la unión conyugal entre el hombre y la mujer, de la educación de los hijos y de la libertad de todo ser humano para rendir culto a Dios. Este ámbito se refiere a aquello que Benedicto XVI reconoció con lucidez como “bienes no negociables”. En virtud de ellos, sostenía que “los políticos y los legisladores católicos, conscientes de su grave responsabilidad social, deben sentirse particularmente interpelados por su conciencia, rectamente formada, para presentar y apoyar leyes inspiradas en los valores fundados en la naturaleza humana” (Benedicto XVI, Exhortación Apostólica Postsinodal Sacramentum Caritatis).

La obligación de reconocer la importancia de estos bienes no se agota en una confesión particular, sino que incluye y trasciende a las diversas tradiciones cristianas profesadas, en buena hora, por muchos de los que integrarán el Congreso Nacional y, con seguridad, por parte importante de los colaboradores del nuevo Presidente de la República. Bien lo ha señalado el teólogo protestante Bradford Littlejohn, quien sostiene que estos valores, bienes o principios, “aunque quizás son reconocibles con la luz de la naturaleza, son particularmente claros en virtud de la revelación y (…) deben guiar a cualquier ciudadano o representante cristiano” (Littlejohn, “Nueve Prioridades para una Política Cristiana”).

La centralidad de estos valores descansa en una visión antropológica del ser humano fundada en su propia naturaleza. Y aquí se encuentra, paradójicamente, una de sus mayores fortalezas en el momento actual: aunque a menudo se acusa a quienes los defienden de vulnerar lo “laico”, estos principios pueden ser compartidos por personas que no profesan una religión. La razón es simple: su fundamento último no es la fe (la cual ciertamente ilumina su comprensión), sino la naturaleza humana misma, cognoscible por toda persona con buena voluntad para reconocer en estos principios la protección de bienes insustituibles y necesarios para toda convivencia y existencia auténticamente humana.

Una segunda virtud de estos principios no negociables en el momento de hoy es que se encuentran profundamente arraigados en la vida cotidiana y social de las personas. Constituyen el tejido básico sobre el cual se desenvuelven la mayoría de las personas, manifestándose en su dimensión asociativa. La familia, la fe y las comunidades intermedias cobran más fuerza cuando se viven y se experimentan junto a otros. Ya lo advertía el historiador inglés John Neville Figgis cuando señalaba que, al menos en su país, “son estas asociaciones más pequeñas las que siempre han significado más en la vida de los individuos. Su escuela o colleges, su parroquia o su región, su sindicato o regimiento, su mujer o su familia son la parte más vitalmente formativa en la vida de la mayoría de los hombres” (Figgis, “Iglesias en un Estado Moderno”).

Distinguir estos bienes de aquellos asuntos en los que es posible —y necesario— el entendimiento y la transacción de posiciones es fundamental para el buen ejercicio de la política. En la vida pública confluyen ambos ámbitos. Tan cierto es que la política requiere acuerdos para intentar resolver las necesidades de las personas, especialmente de las más vulnerables, como lo es el hecho de que una recta organización social exige el respeto de bienes no negociables, que en definitiva sostienen sus fundamentos.

El nuevo período que comienza desafiará, como lo hacen todos los ciclos políticos, a las nuevas autoridades, especialmente a aquellas que profesan una fe de la que es imposible e injusto despojarse al ostentar una magistratura en la República. Será necesario dialogar y construir consensos, pero será urgente comprender la importancia de preservar (y recuperar) aquello que no les pertenece negociar. Para todo político que diga ser cristiano, será indispensable actuar con prudencia y con justicia.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por Suroeste el martes 20 de enero de 2026. La ilustración fue realizada por José Ignacio Aguirre para Revista Suroeste.