Ya no hay semana en que no seamos sorprendidos por alguna noticia que involucre negativamente al gobierno. En la que recién termina hubo dos y en ambas se trata de negligencias inaceptables.

La primera es que el país se enteró recién que ya en el año 2024, Transelec identificó que se había cobrado un exceso de US$100MM en las cuentas de energía y le comunicó “de manera oportuna y voluntaria esta situación al Ministerio de Energía, la CNE y el Coordinador Eléctrico Nacional, solicitando la adopción de medidas para corregir el nivel tarifario y restituir los montos correspondientes a los clientes finales”. Pero el Gobierno optó por el silencio y no hizo nada.

Como si eso fuera poco, el error de cálculo de este año aumentó en US$110MM más el exceso cobrado a los usuarios. Dicho error lo sabía el gobierno desde septiembre, pero al igual que en 2024, callaron, no hicieron nada y frente a la gravedad de los hechos, por supuesto que el Ministro Diego Pardow tuvo que ser defenestrado del gabinete.

Sin embargo, algo positivo se conoció a raíz de esta inaceptable negligencia. Toda la oposición, sin excepción de partido alguno, va a presentar una acusación constitucional (AC) contra el exministro Pardow, la cual muy probablemente contará con los votos para ser aprobada en la Cámara, con lo cual pasaría al Senado. De ser acogida por los senadores, Pardow quedaría imposibilitado de ejercer cargo público alguno durante cinco años.

Lo positivo de esta AC es que, por primera vez, los parlamentarios de los ocho partidos opositores anunciaron que presentarán “en el más breve plazo” el libelo acusatorio contra Pardow. Ese anuncio implica que toda la oposición logró ponerse de acuerdo y unirse para sancionar una negligencia inaceptable de este gobierno, lo cual genera una nota de esperanza que esto se transforme en algo que madure y perdure en el largo plazo para brindarle así a Chile la posibilidad de tener varios gobiernos seguidos de oposición -tal como lo logró la Concertación- lo que nos permitiría volver a soñar en ser un país desarrollado.

Una segunda negligencia inaceptable fue lo ocurrido con la prueba Simce de 8° básico. El miércoles pasado, todos los colegios del país tenían que dar inicio a dicha prueba -que no se tomaba desde 2019 en ese nivel- pero en cientos de establecimientos no se pudo acceder a ella pues no aparecieron ni los evaluadores ni las pruebas, mientras que en algunos colegios estaban listos para responderla. Lo que se informó fue que en 218 cursos no fue posible rendirla, perjudicando a cerca de 7 mil estudiantes.

Y por supuesto el Ministerio de Educación culpa a la empresa proveedora del personal que esto haya ocurrido, como si no tuvieran nada que ver en el problema. Esto es gravísimo pues los responsables del proceso debieron haberse asegurado con anticipación que estaba todo el personal disponible para tomar la prueba y no llegar el día mismo en que se rendiría a enterarse que no era así, decretando posteriormente que se postergaría dos semanas en los establecimientos perjudicados.

Ante esto, cabe preguntarnos si las preguntas de la prueba que se tomará en dos semanas serán diferentes o si se mantendrán las mismas de la que ya se rindió. En ambos casos, todos los estudiantes saldrán perjudicados, pues si son las mismas, los que no pudieron contestarla podrían conocerlas y saber anticipadamente las respuestas correctas. Y si son diferentes, podrían ser o más fáciles o más difíciles, generándose ventajas o desventajas para algunos estudiantes, lo que no sólo es inaceptable, sino que los resultados medirían el conocimiento de muchos alumnos sometidos a evaluación bajo distintas condiciones, lo que los invalida.

La subsecretaría de Educación comunicó haber instruido un sumario para analizar las causas de esta situación. Tarde para eso pues debió preocuparse antes de saber si estaban aseguradas todas las condiciones para que los estudiantes rindieran la prueba. Y si no lo estaban, suspenderla y fijar una nueva fecha que le garantizara a todos los alumnos que rendirían la misma prueba el mismo día.  

Lo ocurrido en Energía y en Educación son sin duda negligencias inaceptables.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero el domingo 26 de octubre de 2025.