Una de las muchas lecciones que pueden extraerse ya, al final del actual gobierno, es que nuestra institucionalidad ha resultado ser bastante más vulnerable de lo que se creía, lo cual ha quedado de sobra demostrado con los continuos escándalos, sobre todo financieros, que han endilgado a la actual administración.

De hecho –y parece no haberse tomado suficiente conciencia de esto todavía–, tal vez el mayor problema del auténtico desfalco del cual han sido objeto las arcas fiscales, es la notable falta de servicio que ello está ocasionando en las más diversas áreas del Estado, falta de servicio que puede incluso tener consecuencias fatales, como ocurre y lamentablemente ha ocurrido con las prestaciones de salud.

No sólo eso: el hecho de tener un Estado insolvente hace que un sinnúmero de empresas y particulares que negocian con él, sufran graves perjuicios económicos, e incluso puedan quebrar, al serles imposible mantener sus emprendimientos por falta de pago, lo que a su vez, genera más despidos.

En realidad, no resulta exagerado señalar que esta lamentable situación no puede menos que haber sido prevista por las actuales autoridades. Esto es obvio, puesto que como todo el mundo sabe, los recursos son siempre limitados y las necesidades, prácticamente infinitas. En consecuencia, si se desvían fondos, es evidente que muchas de estas necesidades quedarán insatisfechas.

Por eso, no sólo le cabe responsabilidad a quienes han procedido a este desfalco por el monto de los recursos sustraídos, sino también por los perjuicios causados a la población, fruto de este doloso comportamiento. Este es un tema que debiera investigarse en el futuro.

En consecuencia, a menos que se quiera convertir a Chile en un Estado fallido (algunos dicen que en parte ya lo es), resulta imperioso un drástico cambio de rumbo, lo que exige un fuerte golpe de timón por parte del próximo gobierno, pues la situación es tan grave, que aquí ya no caben medias tintas.

Lo anterior exige así, reforzar la institucionalidad existente, a fin de evitar las fugas y escándalos antes señalados y, además, colocar gente honesta en los cargos clave, pues de poco sirve una normativa idónea, si quienes tienen el deber de aplicarla no están a la altura de las circunstancias.

Todo lo dicho hace, pues, que la próxima elección sea una de las más importantes de los últimos tiempos (aunque obviamente, toda elección lo es), dada la auténtica encrucijada en la que se encuentra Chile en estos momentos.

Finalmente, también se necesita responsabilidad cívica, lo cual exige concurrir a votar, al margen de que el sufragio sea obligatorio o no. Ello, pues el argumento de quienes no votan, en virtud del cual no les importa lo que ocurra en el ámbito político, resulta falaz; y lo es, porque las actividades cotidianas de aquellos que no voten, se verán igualmente afectadas por quienes resulten electos. De nada les servirá a los no votantes escudarse en su omisión. Por eso, al menos deben sufragar por lo que consideren el mal menor.

A votar entonces. No tendrán derecho a quejarse de su futura situación quienes pretendan desentenderse tan fácilmente de su responsabilidad cívica.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por el diario El Sur de Concepción. El autor es Doctor en Derecho y profesor de filosofía del derecho en la Universidad San Sebastián.