La violencia estudiantil ha vuelto a manifestarse. En realidad, calificarla de “estudiantil” es una injusticia doble. Primero, porque casi con toda seguridad quienes la vienen practicando hace ya muchos años, no son efectivamente alumnos de los establecimientos en que se manifiesta y, segundo, porque aunque algunos lo fueran, la condición de estudiante es absolutamente incompatible con el ejercicio de la violencia. O se estudia o se lanzan molotovs.

Una reacción frecuente ante los gravísimos incidentes que protagonizan los overoles blancos y sus colaboradores es ¡que se haga cargo el Estado! ¡que la Municipalidad administradora tome las medidas del caso! Y cuando los incidentes –que los ha habido alguna vez– han tenido lugar en algún colegio particular subvencionado, la queja se ha expresado en un ¡que se haga cargo el sostenedor!

Sin duda, tanto las municipalidades como los sostenedores, tienen que ejercer las facultades de que están investidos, pero eso no debe descargar a los padres y apoderados de los deberes que tienen en la materia. Si se insiste tanto en que los padres son los primeros educadores y en la necesidad de resguardar ese derecho en el nivel constitucional y hacerlo operativo en el plano legal, ese énfasis no debe ocultar el deber correlativo que obliga a los padres a involucrarse activamente en la formación de sus hijos. Y, ciertamente, ese deber se hace muy evidente cuando el ambiente formativo de los jóvenes se hace imposible por el ejercicio de la violencia. No es coherente que los padres invoquen su derecho a escoger el establecimiento para sus hijos y, después, priven a los colegios y liceos en conflicto de su colaboración en los momentos de crisis.

No se nos oculta que estamos hablando de padres y madres con cargas fuertes de trabajo, con problemas familiares, económicos y conductuales en sus propias casas, pero nada de eso exime a esos adultos del deber de involucrarse abiertamente en las situaciones que ponen en peligro extremo la formación de sus hijos. Todos tienen el derecho de cambiarlos de colegio si ven que ya no es posible mantenerlos en un determinado establecimiento, pero en la medida en que sus hijos estén vinculados a un colegio, tienen el deber de colaborar en la solución de los conflictos.

Por supuesto, a los colegios y liceos les debiera interesar una alianza con los padres y apoderados, que les permita enfrentar adecuadamente las situaciones más graves. Hay dos instrumentos poco explorados para conseguir esos objetivos.

Por una parte, las Escuelas de padres, gestionadas por los mismos establecimientos, pero dirigidas por entidades ajenas a los colegios, para que no haya un doble vínculo en la relación con los padres. Una Escuela de padres solo dará frutos con el paso de los años… pero los dará. Y, por otra parte, el Encargado de padres y apoderados, un directivo del colegio que sea el nexo directo con el Centro de padres y con los padres delegados de cada curso, para que el Director del establecimiento no tenga que desgastarse en esa tarea.

Son dos modos de generar compromiso, alianza y responsabilidad paterna. Y también por supuesto, de detectar a aquellos padres que son, no lo ocultemos, los activistas que a través de sus hijos generan la violencia.