Durante las últimas semanas continuamos siendo testigos de los más variados hechos de corrupción que golpean con fuerza a nuestro país. No se tratan de casos aislados ni de errores administrativos. Hablamos de delitos cometidos desde el mundo público y privado, muchas veces de forma deliberada para defraudar al Estado y dañar a la ciudadanía. Si bien no podemos obviar las responsabilidades personales e institucionales de los distintos hechos, lo verdaderamente preocupante es lo que revelan: la profunda crisis moral que atraviesa nuestra sociedad.

La corrupción que hoy vivimos es apenas la punta del iceberg. Su raíz más profunda se encuentra en una cultura extendida que hemos ido naturalizando a diario. El no pago del transporte público, pedir factura en el supermercado, la compra sin boleta, las licencias falsas, el aprovechamiento de vacíos legales y otras actitudes que han debilitado los vínculos de confianza y cohesión que sostienen un tejido social sano y una democracia robusta.

Frente a esta realidad, está claro que las leyes, normativas, protocolos y reglamentos son necesarios, pero insuficientes. Nunca habíamos tenido tantos mecanismos de control, sin embargo, los escándalos no cesan. En este contexto, los millones de chilenos honestos y trabajadores, que cumplen con la ley y hacen lo correcto, han visto socavada su confianza en las instituciones, en sus líderes y en el sistema en su conjunto.

Esa desconfianza es más peligrosa que cualquier crisis económica o política, porque carcome desde dentro los cimientos del Estado y daña la esperanza de vivir en una sociedad justa. Sin un compromiso ético real, sin una cultura de integridad moral compartida, las normas quedan sin un sustrato interno, siendo como un cascarón vacío. No hay ley que funcione si no hay convicción personal y colectiva que le dé sustento.

Urge una regeneración moral del país. Esto no se logra sin un esfuerzo decidido desde los liderazgos políticos, sociales y también empresariales. Desde la empresa tenemos el deber de encarnar con el ejemplo un estándar ético que permee al conjunto de la ciudadanía. No basta con condenar públicamente los actos ilícitos, se necesita responsabilidad y coherencia en todas nuestras prácticas empresariales que fomenten poder cambiar conductas arraigadas que han ido degradando nuestra cohesión social.

Como nos recuerda el Papa León XIV, lo importante no son sólo los problemas o sus respuestas técnicas, sino la forma en que los enfrentamos, con principios éticos claros y con apertura a la gracia de Dios, que nos invita a vivir con un propósito orientado hacia la búsqueda del bien común de nuestro país.

Este trabajo empieza en casa: en nuestras familias. Pero también debe estar presente al interior de nuestras empresas y organizaciones, que son espacios clave de formación y desarrollo integral de la persona. Conforme a su rol social, la empresa está llamada a la generación de una cultura de integridad. Si queremos personas íntegras, necesitamos formar no sólo en habilidades técnicas, sino en virtudes, valores y responsabilidad pública. No podemos quedarnos de brazos cruzados porque requerimos un pacto social renovado sobre mínimos éticos, una moral compartida que reoriente nuestro rumbo como país.

Chile necesita recomponer su alma. Eso parte por hacer lo correcto, hacer lo que corresponde incluso cuando nadie nos ve, como un principio rector de nuestras vidas. Sólo así recuperaremos la confianza y construiremos una sociedad con vocación de bien común para alcanzar un país más próspero, solidario y humano. Si cada uno de nosotros pone su granito de arena, estoy seguro de que podremos salir de la crisis moral en que nos encontramos.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero el domingo 22 de junio de 2025.