Como frente a cada escándalo, la prensa abunda en las sanciones, multas y destituciones a las que se exponen los millares de funcionarios públicos, 25 mil, que viajaron al exterior haciendo uso de licencias médicas. El mismo gobierno salió a apagar el fuego anunciando que de los casi 8 mil trabajadores del gobierno central involucrados, se habían iniciado 6.592 sumarios y 1.102 ya no estaban en sus cargos. Eso aseguró el ministro Mario Marcel, sin aclarar si está incluyendo situaciones previas al informe de Contraloría del 23 de mayo. El Presidente Boric posteó en X que los funcionarios de confianza deberán dejar sus cargos de inmediato, pero todos deberán tener sumarios, para que no quede impune el delito y la consecuente inhabilidad para trabajar en el sector público por cinco años.

¿Irá a pasar algo semejante? Difícil, muy difícil. Estamos acostumbrados a apagar los fuegos comunicacionalmente, pero no a hacernos cargo del problema. Y menos, a aplicar la ley y escarmentar. También se anunciaron masivas investigaciones administrativas y sanciones cuando el SII dio a conocer, en octubre de 2020, que 37.100 funcionarios cobraron indebidamente un bono de $500 mil de la época destinado a trabajadores que hubieran tenido consecuencias de empleo o sobre sus ingresos producto del Covid 19. Fueron muchos más (casi medio millón los pillos), pero esos 37.100 mil conservaron ininterrumpidamente sus puestos de trabajo y salarios.

El antecesor de Marcel en Hacienda, Ignacio Briones, recordaba que instruyó sumario, pero como no avanzaban, solicitó al contralor Jorge Bermúdez llevarlos adelante, pero recibió un rotundo no, “pues significaba que muchas personas perderían su trabajo. A lo cual le dije que no podía entender esa respuesta, porque teníamos que hacer cumplir la ley. Pero no hubo caso”.

Esa es la verdad. Los servidores públicos se han convertido en una cofradía que se sirve a sí misma, con mejores sueldos que en el sector privado, inamovilidad en la práctica y bonos anuales según evaluaciones donde todos califican en el nivel superior. Volviendo a los subsidios en la pandemia, el Sence también detectó un fraude por $3.574 millones con el bono IFE, que era un subsidio por $300 mil mensuales que se entregaba hasta por tres meses a trabajadores cesantes que consiguieran un trabajo formal. La gran mayoría de los que lo recibió (totalizando estos $2.559 millones) corresponde a personas que prestaban servicios a honorarios al Estado y otro tanto (por $435 millones) a funcionarios contratados por un empleador estatal. El Sence les dio 60 días para restituir los fondos. 

Hasta el día de hoy no se sabe qué ocurrió con los servidores públicos que se pasaron de listos, si hubo sanciones efectivas y si devolvieron algo. La actual administración dijo no estar informada del desenlace. Pero lo que sabemos, es que cuando se llegan a hacer sumarios administrativos, entre amigos, son eternos y se los lleva el tiempo antes que el viento. El amigo del Presidente Boric que entró a trabajar ni más ni menos que como jefe de la división de fiscalización de la Subsecretaría de Telecomunicaciones en marzo 2022 y renunció esta semana, estaba siendo sumariado desde enero de 2025. Pero se le abrió la investigación sólo después que, en diciembre de 2024, la misma Contraloría iniciara un proceso disciplinario en su contra, un año y medio después que la indagatoria interna no tuviera avances. Esta se inició en julio de 2023, luego que una denuncia anónima señalara que Raúl Domínguez, con un ingreso mensual bruto superior a los $7 millones, después de viajar a China en comisión de servicio, y junto al subsecretario que seguro no vio nada, decidió alargar su viaje a Europa “tirando una licencia”.  Y, además, contraviniendo un instructivo presidencial de su amigo Boric, alargó más la estadía en el viejo continente tomando días de feriado legal, algo expresamente prohibido por el instructivo presidencial de 2023, para que los vivos no prolonguen sus viajes financiados por el Estado.  

Es difícil pensar que esta vez tendremos un desenlace aleccionador, si pensamos que el Poder Judicial, que tiene que resolver las apelaciones, anunció que investigará por su cuenta 125 mil licencias de funcionarios y jueces (excluidos del informe de Dorothy Pérez) que salieron del país en los últimos 5 años. La investigación de la Contraloría abarcó solo dos años: 2023 y 2024.

Los funcionarios son peritos en enredar las cosas y escalar sus causas hasta la Corte Suprema, si es necesario. Esta semana nos dio clases de cómo sortear una destitución el Sindicato de Asistentes de la Educación de Ñuñoa, donde instruía cómo impedir las desvinculaciones por falta a la probidad en esa comuna. Les instruían a los que viajaron con permiso de reposo, no firmar los documentos, recurrir a la Dirección de Trabajo, a Carabineros, pedirle al médico tratante un documento autorizándolo a salir del país durante la licencia, etc. ¿Se imagina eso a la escala de 25 mil “servidores”?

Una vergüenza que no sorprende, en verdad, porque abarca toda la gama de funcionarios, del gobierno central, de municipalidades, de hospitales, de empresas públicas y qué decir en educación, donde la Junji e Integra campean en el ranking de los tramposos. Nada de raro, porque la educación de los niños parece estar en manos de los más versados en violar las reglas. Los profesores acaban de hacer otro llamado a paro nacional, el quinto desde el año pasado, el próximo 4 y 5 de junio. Saben que, aunque el Estatuto Docente hable de remoción ante ausencias injustificadas, ninguno ha sido destituido a pesar de las largas movilizaciones, algunas por meses, como en Atacama. El Ministerio (porque este es un problema con el sistema público) ni siquiera descuenta los días no trabajados, porque pactan “alargues” de recuperación. Un descrédito para todos, pero en beneficio de los intereses gremiales de los profesores.

Y en Salud, el segundo sector con más abusos de licencia para viajar al extranjero, no andamos mucho mejor. La transgresión que comienza como excepción se convierte en la regla gracias a la impunidad. La evasión en el Transantiago comenzó como algo marginal, pero luego de 14 años, desde su creación, subió en 185% y hoy el 40% no paga la tarifa, restándole al erario público alrededor de 100 millones de dólares al año.  El comercio ambulante se ha normalizado ya con estructura, los famosos toldos azules, porque le permitieron asentarse y tomarse las calles impunemente. Y por el mismo camino de contagio pegajoso iban las tomas, llegando al peak en 2021 con 2.490 ocupaciones ilegales denunciadas, pero al menos se interrumpió la curva de crecimiento gracias a leyes que interrumpieron la impunidad.

Quizá lo único positivo en este escándalo es que ha aflorado es que el gasto del sector público sí se puede recortar sin continuar modificando las metas de déficit fiscal cada año o condicionando los recortes a leyes no aprobadas y a que lo haga el próximo gobierno. Como calculó el propio ministro de Hacienda, el exceso de licencias médicas, respecto a la pre pandemia, es “equivalente a 35 mil funcionarios, de los 400 mil que hay en el gobierno central. Y en términos de recursos, representa alrededor de US$300 millones”.  ¡Sí que se puede! Y es más fácil que encontrar las platas de los convenios truchos.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero el sábado 31 de mayo de 2025.