La rana que se mete al agua tibia que se va calentando gradualmente, hasta causarle la muerte es la metáfora que mejor interpreta la situación de Chile. Hay innumerables situaciones que revelan que las condiciones se deterioran progresivamente y no hay ninguna reacción para detener el peligro, que puede terminar siendo mortal.

Los países no mueren, pero se convierten en Estados fallidos y ejemplos tenemos varios a la mano, de agonía permanente sin nunca fenecer, lo que es peor, porque impide a esas naciones apostar por una refundación.

Es lo que ha pasado con la seguridad en Chile. Nos hemos ido adaptando al deterioro progresivo de las condiciones de vida cambiando rutinas y tomando resguardos, pero el problema de fondo sigue intacto: que hoy el crimen organizado y el narcotráfico se han apoderado de este país, de la mano de extranjeros violentos y de próceres que apoyaron la violencia para llegar al poder.

Pero el agua atemperándose peligrosamente está también con las políticas erráticas que desalientan la inversión, el crecimiento y, consecuentemente, el empleo. Hemos retrocedido 10 años, creciendo bajo el promedio mundial desde el segundo gobierno de Bachelet y esta administración tendrá incluso un resultado peor al de la Presidenta socialista, que era el más malo. Pero hay una parte de Chile que tiene el poder para impedir retomar el crecimiento, aunque sea inmoral porque ellos no lo necesitan. Tienen ingresos asegurados en el aparataje político, pero los más vulnerables, sí y desesperadamente.

Vemos aguas ganando temperatura y acercándose al punto de ebullición en situaciones puntuales sólo de la última semana. Al martes hubo una escalada de encerronas en cuatro comunas que terminaron con tres personas asesinadas y un cuarto baleado en el tórax y el brazo. El miércoles balearon en el rostro a una niña que iba en auto con su madre y asesinaron a un adolescente en Peñalolén. Nada extraordinario para un país que ya se adaptó a suspender las clases cuando hay narcos funerales y donde las personas, adaptadas a los turbazos, portonazos y asaltos, sólo aspiran a que no les disparen y los asesinen.

Algo muy parecido ocurre en La Araucanía y otras tres regiones del sur. Hemos ignorado que son cientos de miles los afectados por un agua quemante que les quitó la paz. La crítica situación la hemos enfrentado con estado de excepción, sabiendo que no es ninguna solución porque los militares que patrullan ciertas carreteras no están operativos para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado para el robo de madera que reemplazó las reivindicaciones territoriales. Hasta el Presidente Boric ha calificado de terrorismo los delitos en la zona que incluyen asesinar a tres carabineros y luego quemarlos. Pero el gobierno busca que nos conformemos con que el estado de excepción (lo ha decretado 30 meses) han disminuido los atentados y los agricultores conviertan en costumbre sembrar con Plan Siembra y a cosechar con Plan Cosecha para evitar que indeseables extorsionen de locales. Esta administración exige a las forestales hacerse responsable de los incendios deliberados per se y a los subcontratistas asumir como parte del escenario diario un atentado imprevisto que los puede dejar en la calle.

Tampoco hay ninguna reacción de fondo para impedir de una vez los ingresos clandestinos y masivos que suman 120 mil desde el inicio de este gobierno y que van gradualmente deteriorando las condiciones de los chilenos. Aquí el curso de la temperatura la deciden los ilegales y los chilenos se adaptan a 1 millón 600 mil extranjeros, muchos de ellos delincuentes, que no pueden ser reconducidos a los países limítrofes, por decisión de Boric, y tampoco a Venezuela, por responsabilidad de Maduro, y las expulsiones son marginales. La ley en trámite en el Congreso no va a sustituir la falta de convicción para enfrentar el problema y el peligro creciente de una nueva oleada venezolana cuando Trump asuma en Estados Unidos y endurezca las restricciones porque en Chile no se castiga el ingreso ilegal, se puede trabajar sin papeles e incluso legalizarse. Esa era y es la política del Frente Amplio que nos recordó hace unos días el jefe de sus diputados, Felipe Sáez, y por eso nadie se sorprendió cuando Boric le quitó la urgencia al proyecto, que tuvo que reponerla ante la crítica incluso de sus aliados del socialismo democrático.

Donde la rana ya se quemó literalmente es en educación. La temperatura del agua fue subiendo lentamente a costa de movilizaciones violentas desde 2011 que la izquierda defendió con el slogan de “no criminalizar la protesta social”. Y entró en fase de ebullición en los ex liceos emblemáticos con las reformas de Bachelet 2.  En vez de mejorar sus resultados (“gratuita y de calidad”) se consagraron como escuelas de violencia, destrucción de infraestructura y fábricas de molotov para enfrentar a carabineros. Mientras se recuperan los 35 heridos del INBA con los juguetes combustibles que almacenaban al interior del colegio, la comisión de Educación realizó una sesión extraordinaria el martes para analizarlos hechos, pero estamos tan acostumbrados a la violencia de los overoles blancos, los lanzamientos de bencina a los rectores y las rectorías, que se excusaron de asistir los ministros de Educación y de Salud.

Por supuesto que, con la violencia estudiantil naturalizada, la izquierda votó en contra la indicación que aprobaron 73 diputados para que los alumnos que sean sancionados por la Ley del Aula Segura, por actos graves en la etapa escolar, no puedan beneficiarse de la gratuidad de la educación superior el año siguiente a su egreso.

¿Tendrá un punto final de deterioro el Transantiago?  Parece que no porque esta semana conocimos que respecto a 2009, sus costos aumentan 185%, los subsidios suben 87%, pero los usuarios caen en un 51,2%. Hay menos de la mitad de pasajeros, mientras la evasión se dispara al 42,8%, desde 15%, en 14 años. Claro que podía mejorarse, pero las autoridades han elegido el peligroso camino de la conformidad de la rana.

No puedo terminar la columna sin dejar de mencionar la permisología, donde también normalizamos que es lícito impedir que Chile sea desarrollado torpedeando todos los proyectos. Los buenos y los malos por igual. No hacemos nada por cambiar que después de la ardua tramitación ambiental los jugadores sean devueltos al casillero cero, para hacer consultas indígenas no solicitadas antes o para empezar el juego en otro tablero, el judicial.

Como nos vamos hundiendo lentamente en diferentes sectores, buscando flotar en condiciones que empeoran en forma gradual sin remedio, el peligro inminente es que el agua empiece a hervir sin que podamos saltar fuera.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero el sábado 23 noviembre de 2024.