El viernes recién pasado se cumplió un nuevo aniversario del 18 de octubre de 2019, denominado en ese entonces “estallido social” y que cada vez mejor comprendemos que se habría tratado, en palabras del ex Presidente Piñera, de un “golpe de estado no tradicional”. Y es que a partir de dicho día comenzó una hecatombe de violencia incontrolable y de autor desconocido, pero con un objetivo claro: la subversión de nuestro orden establecido. 

Llama la atención que en cinco años no se haya podido encontrar a los responsables, aunque sabemos quienes han sido sus beneficiarios directos, que durante esas semanas azuzaron el caos callejero para desestabilizar al gobierno de Sebastián Piñera, organizaron una plataforma de organizaciones sociales que convocaban a las sucesivas marchas e incluso fueron encontrados como partícipes en algunas de las protestas violentas. Todo eso redundó en un infructuoso intento de destitución, por las “buenas” –la acusación constitucional– o por las “malas” –el caos en las calles–, del gobierno. 

Simultáneamente, comenzó el clamor por una nueva Constitución, que nos llevó a dos procesos constituyentes caros, que pusieron en peligro la continuidad institucional del Estado, y que fueron incapaces de llegar a puerto, para que –como en el “Día de la Marmota” o en el “Gatopardo”– siguiéramos prácticamente igual. Pero realmente no estamos igual que hace cinco años. Todos los indicadores económicos y sociales están peor, consolidamos el estancamiento económico en el que nos metimos en 2014, y se han terminado de debilitar nuestras instituciones políticas. Es cosa de ver cómo en las últimas semanas dos ministros de la Corte Suprema han sido destituidos por corrupción, o los casos de las Fundaciones, que hoy muchos quieren olvidar.

Esta semana fueron reconocidos con el llamado Premio Nobel de Economía tres cientistas sociales que han dedicado su carrera académica a estudiar las causas del progreso y fracaso de los países. Nos referimos a Daron Acemoğlu, James A. Robinson y Simon Johnson. No es ésta una columna con la intención de defender su obra y tomar al pie de la letra sus proposiciones. Pero sí queremos destacar la lucidez de su diagnóstico: la importancia de fortalecer las instituciones políticas y económicas. 

Chile puede ser considerado un ejemplo paradigmático tanto del progreso como del fracaso. Durante treinta de los últimos cuarenta años el país trabajó por un proyecto compartido en política y economía, y nuestra sociedad mejoró en muchísimos indicadores económicos y sociales, alcanzando el sitial del país más rico de Hispanoamérica, así como uno de los con mejores niveles de enseñanza, salubridad pública, pobreza, desigualdad, etc. Todo eso, con unos sectores políticos que ponían el bien de Chile por sobre el suyo propio, y trabajaban por reforzar nuestras instituciones y no crearlas desde cero. 

A partir de 2014, en cambio, ha triunfado el anhelo refundacional, primero en una versión reformista estructural (Bachelet II) y luego tomó una expresión revolucionaria –el octubrismo–. Paralelamente, ha habido un proceso sistemático de debilitamiento de nuestras instituciones, por volverlas incapaces de cumplir sus funciones, o por poner directivos que enlodan la legitimidad social de la institución con su comportamiento contrario a la probidad. Es lo que ha ocurrido con Carabineros, el Poder Judicial, el Congreso Nacional –tanto oficialistas como opositores– y el Gobierno.

En estas circunstancias, urge la reconstrucción de nuestras instituciones políticas. Y esto pasa por lo que diría Diego Portales al Congreso Nacional en 1831: “Evitar novedades violentas, perfeccionar nuestra constitución por los medios que ella misma franquea sin cortar la continuidad de la vida política, es el voto de los pueblos y la marcha que sin duda, aconsejará la prudencia”. A partir de ese año, los pelucones al mando de José Joaquín Prieto y Diego Portales lograron reconstruir las instituciones políticas devastadas con la Independencia, devolviéndolas al curso de nuestra Constitución histórica. Lo hicieron restaurando el principio de autoridad y reforzando las instituciones. Nuestros políticos deberían tomar nota de la proeza alcanzada por el país durante la República Conservadora.