No son 30 pesos, son 30 años, inventó la izquierda radical para justificar la revolución que comenzaba a desplegarse un viernes 18 de octubre de 2019, con hordas de estudiantes secundarios saltándose los torniquetes del Metro gritando “Evadir, no pagar, otra forma de luchar”. Diez días antes, el Presidente Piñera había declarado: “En medio de esta América Latina convulsionada, veamos a Chile. Nuestro país es un verdadero oasis: con una democracia estable, el país está creciendo, estamos creando 170 mil empleos al año, los salarios están mejorando”, lo que para la izquierda radical era inaceptable.

Para la izquierda radical latinoamericana del Foro de São Paulo, incluyendo la nuestra, el sistema de desarrollo de Chile constituía un verdadero anatema y les era insoportable que triunfara. Que Chile fuera líder en América Latina y reconocido mundialmente por la enorme disminución de la pobreza, el aumento del bienestar de la población, el pleno empleo que llegamos a tener y además que fuera considerado un milagro económico, no era tolerable. Baste decir que el ingreso per cápita de Chile, según el Banco Mundial, en 1970 era tan solo de US$931, en 1990 US$2.289 y en 2018 US$15.820.

Ese éxito del llamado modelo neoliberal por la izquierda que instauró el Gobierno Militar y lo continuó acertadamente la Concertación –aunque después renegara de su obra– era el espejo que les enrostraba el fracaso de sus ideas con las que tenían sometidos a la miseria a sus pueblos. Por esa razón, no podían permitir que siguiera siendo exitoso ni que en Chile se hicieran las reuniones de la APEC con Xi Jing Pin y Donald Trump junto al Presidente Piñera firmando un acuerdo y tampoco la COP-25 –las que tuvieron que suspenderse– pues eso le brindaría un enorme prestigio internacional al país y al Presidente.

Qué mejor que destruir ese faro de libertad, de crecimiento económico y de desarrollo humano, intentando el derrocamiento del Presidente Piñera, un cambio de sistema político y un cambio de modelo de desarrollo. Y cómo hacerlo, ejerciendo la violencia a niveles nunca vistos en Chile, aprovechándose del descontento social que se había manifestado pacíficamente.

Tan solo en el Metro, 7 estaciones resultaron totalmente quemadas, 18 parcialmente destruidas, 93 con múltiples daños y solo 18 resultaron indemnes, con un costo de reparación de US$300MM. Pero no fue sólo el Metro; quemaron buses, iglesias, hoteles, bancos, edificios, museos y bibliotecas; saquearon farmacias, supermercados, comercios de todo tipo y el costo de recuperación de todo lo destruido, explicados en mi columna del 24 de diciembre pasado, ascendió a más de UF89MM.

Con la violencia brutal en las calles, Carabineros tuvo que actuar para intentar mantener el orden, con lo cual, inventaron que había un centro de tortura en la Estación Baquedano y acusaron a Carabineros y al Presidente Piñera y su gobierno de violar en forma sistemática los DD.HH., llegando a presentar una demanda ante la CIJ por delitos de lesa humanidad en su contra, lo que fue desechado por dicha Corte. Hablaron de refundar Carabineros, los trataron de asesinos y hoy tienen formalizados a dos ex Generales Directores, con arraigo nacional y firma quincenal, como si fueran delincuentes. Pero los vándalos y los indultados están libres y nunca se ha logrado saber quiénes fueron responsables de los incendios del Metro.

Cuando la crisis parecía que seguiría escalando a niveles incontrolables, se llegó al Acuerdo por la Paz y una nueva Constitución, que en cierta medida enfrió los ánimos violentos, pero lo cierto es que la paz nunca llegó y los disturbios semanales no pararon, con epicentro en la Plaza Baquedano, bautizada por los violentistas como plaza dignidad.

Lo que finalmente lograron los octubristas fue el acceso al poder con Gabriel Boric, con la promesa de que “si Chile fue la cuna del neoliberalismo en Latinoamérica, también será su tumba”. Asumido el mando de la Nación, rápidamente luchó porque se aprobara la nueva Constitución que pretendía refundar Chile y clave para implementar su programa, pero fracasó en el intento pues un 62% la rechazó el 4-S de 2022, con lo cual el gobierno se quedó sin saber que hacer, hasta hoy. Vino enseguida el segundo episodio de nueva Constitución que también fracasó, por lo que sigue vigente la de 2005 firmada por el Presidente Ricardo Lagos, a pesar de todos los afanes por eliminarla.

Las consecuencias de todo lo ocurrido hace cinco años, aún se sienten en el país, pues este gobierno no ha sido capaz de nada. Salud, Educación, Empleo, Crecimiento, Construcción, Obras Públicas, todo estancado y con una permisología que ahuyenta las inversiones. Pero lo más crítico es la inseguridad, por presencia del crimen organizado en su grado máximo. La incapacidad en el combate de las bandas internacionales, el narcotráfico, etc., tiene al país sumido en el miedo y los asaltos, portonazos y homicidios están a la orden del día, sin que se vea solución.

Chile cambió, pero para peor. La izquierda radical logró su objetivo, que era terminar con el liderazgo de Chile en la región y en lugar de mantenerse la admiración internacional por el país, esos líderes hoy se preguntan sin entender, que le pasó a Chile que se transformó nuevamente en un país latinoamericano del montón. Señores, lo que nos pasó se llama 18-O.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero el domingo 20 de octubre de 2024.