En un reciente despliegue de retórica vacía y desviación de responsabilidades, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, ha señalado que la meta del gobierno de Gabriel Boric de construir 260 mil viviendas sociales está en riesgo debido a “restricciones del sistema financiero”. Esta afirmación, en su esencia un cantinfleo, no sólo es engañosa, sino que también revela una profunda falta de comprensión o, peor aún, un intento deliberado de obviar la verdad sobre la ineptitud administrativa del gobierno actual.

En primer lugar, es imperativo destacar que las viviendas sociales son financiadas con fondos estatales, no mediante créditos a las constructoras. La insinuación de Montes de que la banca es de alguna manera culpable de la potencial falla en cumplir con las promesas de vivienda del gobierno es francamente una falacia atrevida. Es evidente que la intención detrás de sus palabras podría ser que la banca preste dinero a las constructoras para financiar estos proyectos debido a la incapacidad del Estado de pagar a estas empresas, ya sea por mala gestión o por una alarmante falta de recursos.

La realidad es que muchas empresas constructoras en Chile han quebrado o están al borde del colapso financiero, no por restricciones bancarias, sino por el flagrante incumplimiento del gobierno en pagarles a tiempo. La Ley del Pronto Pago, que establece un plazo máximo de 30 días para que las empresas y el Estado cancelen las facturas, es actualmente ignorada con una frecuencia alarmante por entidades gubernamentales como el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) y el Ministerio de Obras Públicas (MOP). En muchos casos, el plazo de pago se extiende mucho más allá de lo estipulado, dejando a las constructoras en una situación financiera insostenible.

La administración Boric ha demostrado una capacidad impresionante para formular promesas ambiciosas sin una estrategia realista o un plan de implementación efectivo. Este último fiasco en el sector de vivienda es sólo el ejemplo más reciente de una serie de fracasos que subrayan una tendencia preocupante: la incompetencia estructural y la falta de responsabilidad.

Es fundamental que el gobierno deje de culpar a factores externos y asuma la responsabilidad por su propia ineficacia. La narrativa de que las “restricciones del sistema financiero” son la raíz del problema no sólo es irreal, sino que también es una distracción peligrosa de la verdadera causa: la mala gestión gubernamental y la falta de planificación adecuada.

La administración Boric debe enfrentar la realidad de sus deficiencias y tomar medidas concretas para rectificar la situación. Esto incluye cumplir con la Ley del Pronto Pago y asegurar que las empresas constructoras reciban los pagos a tiempo, proporcionando así la estabilidad financiera necesaria para que puedan completar los proyectos de vivienda social.

En última instancia, el fracaso en cumplir con la meta de construir 260 mil viviendas sociales no recae en las “restricciones del sistema financiero”, sino en las profundas y persistentes fallas dentro del gobierno de Boric. Hasta que este gobierno no asuma la responsabilidad plena y adopte medidas correctivas serias, el sueño de proporcionar viviendas dignas para miles de chilenos seguirá siendo solo eso: un sueño irrealizable.

La ciudadanía merece más que excusas y distracciones. Merece un gobierno que pueda cumplir con sus promesas y gestionar sus recursos de manera eficaz. Y, sobre todo, merece la verdad, no el cantinfleo.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero el miércoles 20 de mayo de 2024.