Hace poco la UNESCO ha publicado un documento llamado “Directrices para la gobernanza de las plataformas digitales”, que establece un “conjunto de deberes, responsabilidades y funciones para los Estados, las plataformas digitales, las organizaciones intergubernamentales, la sociedad civil, los medios de comunicación” y otras entidades de todo tipo, a fin de atacar la “desinformación, el discurso del odio y las teorías conspirativas”. Es decir, pretende controlar desde instancias internacionales, ayudadas por los gobiernos respectivos, qué se puede decir y qué no en el ciberespacio.

El problema es que al no existir control sobre los entes fiscalizadores, casi cualquier cosa podría ser considerada “desinformación”, “discurso de odio” o “teorías conspirativas”, al ser completamente subjetivos los criterios para su determinación. Lo cual no puede estar más lejos del espíritu que anima y precisamente justifica la democracia: el pensar distinto y poder expresarlo libremente, sin perjuicio de responder a posteriori por eventuales daños que eso produzca. Sin embargo, aquí estamos ante una descarada censura.

Es por eso que posiblemente uno de los mayores logros de nuestra época ha sido la internet, en que la libertad de expresión es tal vez más fuerte que en ninguna otra parte, lo que ha permitido no pocas veces, y gracias a información independiente, percatarse de graves y peligrosas situaciones que habrían pasado desapercibidas de otra manera.

De ahí que se haya advertido tantas veces aquí sobre el surgimiento cada vez más evidente de un gobierno que se pretende mundial, que busca imponerse a las soberanías nacionales y las decisiones democráticas de los pueblos. Es cosa de recordar, por ejemplo –y como también se ha señalado aquí–, el “Convenio, acuerdo u otro instrumento internacional de la OMS sobre prevención, preparación y respuesta frente a pandemias” (“CA+ de la OMS”), un nuevo proyecto de tratado pandémico que pretende lograr una gobernanza sanitaria global al mando de este organismo para la “prevención de pandemias, preparación, respuesta y recuperación del sistema de salud, y en la convocatoria y generación de evidencia científica”, lo que le permitiría ordenar el cierre de fronteras, restricciones de viajes, la denegación de entrada a ciertos países, el rastreo de contactos, cuarentenas forzadas, exámenes médicos, e incluso la medicación forzada de las personas.

Por eso, y volviendo al tema que nos ocupa, una iniciativa como esta es, en realidad, un intento más o menos soterrado por limitar la libertad de expresión y en el fondo, acabar con ella, al más puro estilo totalitario, por mucho que se disfrace lo anterior con bonitas palabras o apelando a los “derechos humanos”. Ello, a fin de poder imponer una “verdad oficial” a nivel global, contra la cual no se pueda disentir.

De esta manera, los organismos internacionales y los Estados se convierten en una “policía del pensamiento” al más puro estilo orwelliano, buscando así silenciar a quienes tengan concepciones diferentes a la oficial. Y lo más contradictorio y peligroso del asunto, es que lo anterior se hace en nombre de los “derechos humanos”, que surgieron precisamente para impedir situaciones como esta.

¿Vamos a seguir tapándonos los ojos, empeñados en que sólo existe e importa nuestra “comarca jurídica nacional”, sin mirar lo que ocurre más allá de nuestras fronteras?

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por el diario El Sur de Concepción. El autor es Doctor en Derecho y profesor de filosofía del derecho en la Universidad San Sebastián.