En los últimos años, y en particular gracias a las conclusiones a las que anualmente llega el Foro de Davos, se han impulsado una serie de políticas bastante drásticas, fundamentadas en el cambio climático, que podrían tener pese a sus supuestas buenas intenciones, efectos bastante más graves de los que se pretenden solucionar o evitar. O si se prefiere, resulta llamativo la notable falta de previsión respecto de las nefastas y hasta desastrosas consecuencias que podrían surgir, de cumplirse estas ideas a rajatabla.

Ello, al margen de la falta de legitimidad que tiene este organismo para dictaminar ya no las políticas fundamentales de un país, sino del mundo entero, no sólo porque no han sido en absoluto consultadas a la población, sino también, porque no existe ningún control sobre las actividades de esta entidad.

Nos referimos específicamente a dos grandes líneas de acción: en primer lugar, al cambio de la matriz energética que se busca lograr, desde las energías así llamadas “contaminantes” a otras “limpias” y más amigables con el medio ambiente; y en segundo lugar, la verdadera guerra que con motivo del cambio climático se está emprendiendo en estas mismas semanas contra el mundo rural (agricultores y ganaderos), situación que tiene sumida a buena parte de Europa en un auténtico caos, motivado por las multitudinarias protestas de este sector en varios países contra tales políticas, pese a que los medios de comunicación tradicionales le han dado bastante poca o incluso nula cobertura.

Ahora bien, el problema, según se adelantaba –y suponiendo, pero no concediendo, que las políticas que se impulsan sean las correctas–, es que al menos da la impresión de que no se han contemplado en absoluto las desastrosas consecuencias de su puesta en práctica, que podrían generar un auténtico colapso global, al menos en Occidente.

En efecto, respecto del cambio de matriz energética, existen al menos dos razones: porque esta nueva matriz no alcanza ni de lejos para cubrir las actuales necesidades de los países, sobre todo de los industrializados, y fruto de lo anterior, debido al enorme encarecimiento de la electricidad, todo lo cual repercute de lleno en la economía. Y en cuanto a la agricultura y la ganadería, porque puede dejarnos literalmente sin alimentos, por mucho que sus promotores busquen sustituir la actual dieta con carne sintética o la ingesta de insectos (no es broma), condenando a la hambruna a poblaciones enteras.

En consecuencia (y al margen de su legitimidad, según se ha dicho), se están adoptando medidas draconianas motivadas por el cambio climático, sin reparar en las nefastas consecuencias que ellas acarrean para la gran mayoría de la humanidad, al punto de que podrían morir miles de personas por su puesta en práctica.

De este modo, además de estar dogmatizando la causa del cambio climático, pese a la existencia de muchas voces disidentes a las que no se les otorga la tribuna que merece un debate de esta importancia; y también por tratarse de medidas impuestas desde las alturas sin ningún tipo de consulta a sus principales afectados (todos nosotros), pareciera que lo único importante fuera hacerle frente lo antes posible y de manera inmediata a estos supuestos problemas, al margen de los costos que conlleve.

¿Parece lógico este modo de proceder? ¿Aquí el fin justifica los medios?

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por el diario El Sur de Concepción. El autor es Doctor en Derecho y profesor de filosofía del derecho en la Universidad San Sebastián.