Comenzamos este mes con la triste noticia de que Francia consagraba en su Constitución Política “la libertad garantizada de la mujer a recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo”. Se convertía, así, en el primer país del mundo en consagrar el aborto como un derecho constitucional. La reforma constitucional se aprobaba prácticamente por unanimidad, por un total de 780 de 925 parlamentarios, con 72 en contra y 50 abstenciones.

Es bien llamativo que la ley haya sido promulgada un 8 de marzo. No sólo coincide con el día internacional de la mujer –el aborto se ha convertido en una de las principales banderas de lucha de los movimientos feministas– sino que se produce diecisiete días antes del Día Internacional del Niño por Nacer, coincidente con la fiesta de la Anunciación de la Virgen –y Encarnación del Señor–, reconocido en una decena de países del mundo, principalmente de Hispanoamérica y Europa.

El aborto es uno de esos temas que divide a los países en dos visiones de sociedad muy claras: los que creen que la vida es un bien indisponible y que la dignidad de la persona es el fundamento de cualquier orden político justo, y los que creen que existen valores más importantes como el desarrollo profesional de la mujer o la eliminación del sufrimiento, aún a costa de la vida de personas –en este caso, de tu propio hijo o de tu paciente–.

En palabras del catedrático español Rafael Domingo, discípulo de Álvaro D’Ors, “se está intentando crear un derecho humano que sea totalmente opuesto a las religiones abrahámicas de manera que los derechos humanos queden en manos de los poderes y no haya una influencia religiosa sobre ellos”.

Prácticamente en todos los países donde se legisla el aborto en ciertos casos, sus impulsores comienzan apelando al dolor y no a la “libertad de la mujer”. Y es entendible: prácticamente todos los casos de aborto se producen en situaciones dolorosas. De acuerdo con las investigaciones del Dr. Elard Koch (Melisa Institute), “más de 92%” de los motivos “para abortar” se explican por “seis factores”: “coerción de padres o pareja o de un tercero con o sin violencia doméstica (44,4%); interferencia con expectativas de vida (22,8%); ocultamiento del embarazo por temor a reacción de padres o pareja (20,4%); abuso sexual reiterado, violación e incesto (2,1%); abandono de la pareja (1,9%); y problemas de tipo psicológico o emocional (1,9%)”.

Sin embargo, y como hemos podido ver en nuestro país, al poco tiempo de aprobar leyes “restrictivas”, cambia el discurso, para centrarlo en la “libertad de la mujer para abortar”, la misma que se consagró este mes en el país galo, que ya contaba con ley de aborto desde 1975 y en 2001 el Consejo Constitucional francés “basó su aprobación del aborto en la noción de libertad consagrada en la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789, que técnicamente forma parte de la Constitución”.

Sin ir más lejos, en Chile estuvimos muy cerca de llegar al extremo de la reforma promovida por Emmanuel Macron. La memoria es frágil, pero la propuesta constitucional de 2022, rechazada por ocho millones de chilenos, consagraba en su artículo 61 que “Toda persona es titular de derechos sexuales y reproductivos. Estos comprenden, entre otros, el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción”. En particular, “El Estado garantiza su ejercicio sin discriminación, con enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural; así como el acceso a la información, educación, salud, y a los servicios y prestaciones requeridos para ello, asegurando a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, un parto y una maternidad voluntarios y protegidos. Asimismo, garantiza su ejercicio libre de violencias y de interferencias por parte de terceros, ya sean individuos o instituciones”. Sí, como leyó, el Estado se iba a obligar a asegurar “a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar […] una interrupción voluntaria del embarazo”.

Siguiendo al profesor Domingo, “Para buscar soluciones a este problema”, la premisa fundamental es “que Francia ha cometido un error y por seguir el modelo americano, por ejemplo la línea que hace unos días fijó el Tribunal de Alabama que reconoció a los embriones congelados como personas”. En ese sentido, apuesta por reforzar la noción de la vida como don y no como derecho: “Al olvidarnos del sentido trascendente de la vida ha quedado reducida a un derecho personal sobre el que yo tengo una capacidad cuando yo no me he dado a mi mismo la vida”.