La noción de “derechos humanos” no solo se ha consolidado en Occidente, sino que en la actualidad constituye una especie de “religión laica” a la que nadie puede oponerse, que lo invade todo y que busca transformar profundamente nuestra realidad. De esta manera, la idea es que nada quede excluido o al margen de estos derechos, por el bien de los ciudadanos.

Sin embargo, al mismo tiempo se está dando un complejo fenómeno: este consiste en que quienes dicen defender sus pretensiones bajo el paraguas de los “derechos humanos”, cualesquiera que estas sean, se sienten y muchas veces están bajo una protección mal entendida, que les otorga una cuasi invulnerabilidad que hace no solo que puedan atropellar impunemente otros derechos humanos de sus oponentes (que convenientemente son rebajados a derechos de menor categoría), sino que les otorga una peligrosa impunidad.

De este modo, basta que un grupo determinado diga y considere que está defendiendo y a la vez siendo amparado por ciertos “derechos humanos”, para que se sienta con un cheque en blanco para aplastar todo lo que se oponga a sus pretensiones, violando muchas veces otros derechos más valiosos de los que dice tutelar, al punto que ni siquiera la fuerza pública estaría en condiciones de evitar estos atropellos, pues estaría violando sus “derechos humanos”. Con lo cual, el resto de la ciudadanía quedaría en la más completa indefensión.

¿Es lo anterior correcto? ¿Basta con escudar cualquier pretensión en determinados “derechos humanos” para que sus promotores actúen en la más completa impunidad para arrasar todo a su paso y salir indemnes de tal empresa?

Claramente no, pues si bien los derechos humanos son universales, en estricto rigor, no otorgan una “carta de triunfo” a sus titulares para desconocer otros derechos, en particular si actúan de manera violenta, atentando contra un Estado democrático de derecho. O si se prefiere, por muy noble y necesario que sea el “derecho humano” que dice defenderse y por el cual se está luchando, aquí el fin no justifica los medios. De hecho, debiera ser al revés: que quien actúa atentando injustamente contra otros derechos, tan “humanos” como los que dice defender, debiera perder su legitimidad al obrar de ese modo, pues no resulta lógico defender ciertos “derechos humanos” arrasando con otros “derechos humanos” tanto o más valiosos, se insiste, porque el fin no justifica los medios.

Es algo similar a lo que ocurre con la institución de la legítima defensa propia del Derecho penal: quien ataca injusta e ilegítimamente a otro ser humano inocente que no ha motivado o contribuido a dicho ataque, no tiene derecho en ese momento y respecto del atacado a exigir que se le respeten a su vez sus propios derechos. Y no lo es, porque él mismo se ha puesto voluntaria y libremente en una situación en que no es justo que pueda exigir respeto, si él mismo no respeta a su prójimo. 

Sería, como se dice en jerga jurídica, un “abuso del derecho”. Por eso, quien se defiende de este ataque injusto no es responsable por el daño que ocasione al agresor, siempre que su respuesta sea proporcional a la magnitud del ataque, o al menos, como la percibe. Y una idea similar debiera aplicarse en el tema que nos ocupa. Lo contrario es arribar a la ley de la selva y en el fondo, atentar contra la base elemental (el orden mínimo que necesita una sociedad) que permite el disfrute de esos “derechos humanos” que se dice estar defendiendo.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por el diario El Sur de Concepción. El autor es Doctor en Derecho y profesor de filosofía del derecho en la Universidad San Sebastián.