No tengo experiencia en la materia, pero me imagino que el tipo de preguntas que le hacen a alguien que se conecta a una línea con servicios de pornografía debe ser muy semejante a las que se confrontaron los niños de 5° básico en un colegio subvencionado de Arica esta semana. No las repito aquí, porque mis lectores son personas respetables.

Con todo, lo que más me sorprende en esta triste historia no es la lamentable actividad que se llevó a cabo con el pretexto de “educación sexual”. Corruptores de menores ha habido siempre y hemos de estar precavidos e incluso contar con el apoyo de la ley para conseguir que, si corresponde, las personas que abusan de los niños terminen en la cárcel. Habrá también que preocuparse por atenuar el daño que han sufrido esos niños que, según sus padres, están “muy afectados”.

Lo que me desconcierta particularmente es la reacción de la directora de esa escuela. En un comunicado oficial, ella señaló que en su establecimiento educacional se han limitado a aplicar el protocolo de sexualidad, afectividad y género, en el marco de los programas ministeriales de educación y salud.

En su lenguaje no advertimos la más mínima empatía respecto de la sensibilidad de los padres y, lo que es peor, no da ninguna muestra de comprender que estamos ante un problema. No en vano las propias autoridades de Salud —que no son precisamente conservadoras— han pedido la renuncia al seremi de Salud e instruido un sumario, mientras que la PDI decidió recopilar los antecedentes para ponerlos a disposición del Ministerio Público.

Cuando uno lee el comunicado de la directora es inevitable hacerse algunas preguntas. ¿Por qué a ella le parece que una actividad como la que realizó el Criaps (Centro regional de información y apoyo para la prevención del VIH/Sida) se enmarca en los planes del Gobierno? ¿Ha malentendido las intenciones de las autoridades? ¿O quizá ha sacado, de manera un tanto burda, las conclusiones de una serie de señales que ha recibido durante este par de años?

Quizá la actual administración no sepa bien qué hacer con la delincuencia, la inmigración o la economía, aunque en esos temas da señales de que puede cambiar de opinión, mientras que en su obsesión por el sexo parece que no ha experimentado ninguna variación. Ni siquiera el respeto que debería tener por el elemental protagonismo de los padres en estas materias constituye un límite a su cruzada pansexualista. Este es el gobierno más sexualizado de nuestra historia.

Si la directora simplemente se ha limitado a aplicar los criterios que le vienen de arriba, los reproches de los padres no deberían dirigirse tanto contra la dirección del colegio como contra un Gobierno que quiere imponernos desde niños toda una forma de entender la sexualidad.

Por supuesto que las víctimas de estas políticas no somos todos los chilenos, sino solo aquellos que tienen que conformarse con una educación gratuita (y no precisamente de calidad) para sus hijos. Los padres que carecen de los medios para costear una mejor educación están inermes frente a visiones monolíticas y degradantes de uno de los aspectos más delicados de la vida. En muchos casos, observan impotentes cómo determinados funcionarios estatales tienen el poder de moldear las mentes y los corazones de sus hijos. Esto no es justo. Esto es un flagrante abuso.

No ignoro que los chilenos tenemos profundas diferencias en materias como el sentido de la sexualidad y la mejor forma de ejercerla. Pero esa es una razón para tener especial cautela en las clases de educación sexual, para entregar unos contenidos generales y dejar luego a cada familia desarrollarlos de la forma que considere mejor para sus hijos. Esto vale para todo tipo de estructuras familiares. ¿Por qué el Estado va a transmitir de manera monopólica la visión más pobre y materialista de entender el sentido del sexo? Y la llaman “educación sexual integral”.

El caso de Arica nos pone ante una cuestión delicada, que no resulta fácil de resolver. En Chile queremos tener educación pública. Sin embargo, ¿cómo asegurar, también en esos establecimientos, un adecuado protagonismo de la sociedad civil? ¿O los chilenos de menos recursos tienen que ser meros observadores de cómo otros deciden la forma en que se educa a sus hijos en materias que son muy sensibles? ¿Acaso ellos no tienen nada que enseñar o enseñarnos y son meros receptores de las ideas y políticas ajenas?

La noticia de la actividad del Criaps en un colegio apareció en los medios porque fue especialmente grotesca, pero ¿podemos estar tranquilos acerca del respeto con que se tratan las sensibilidades de los padres cuyos hijos estudian en el sistema público de educación? Evidentemente, no me refiero solo a este Gobierno, porque el problema es mucho más antiguo, aunque en la actualidad se ve agravado por las tendencias mesiánicas de algunas de nuestras autoridades.

Ser acreedor de respeto no puede ser una consecuencia del hecho de tener dinero y la solución para este problema no es restringir la educación privada, sino ser más exigente con la pública, que bien puede funcionar de otra manera. ¿Cómo lo sé? Porque alguna vez fue muy distinta.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio el domingo 24 de marzo de 2024.