¡Oh, la ironía del destino! En el lejano 2021, cuando José Antonio Kast propuso la construcción de zanjas para frenar la llegada de inmigrantes ilegales y la comisión de delitos en la frontera, la izquierda lanzó epítetos como “extremo” o el siempre elegante “facho”, para desestimar la idea. “Realmente macabro”, “migrar es un derecho humano”, “medida insuficiente”, “es absurdo”; eso es lo que dijeron con particular agresividad, desde la izquierda. 

Pero, el 20 de enero, la Seremi de Obras Públicas de Tarapacá difundió la ejecución de “trabajos de excavación y confección de petriles en complejo fronterizo en Colchane”. ¿Qué es esto? Ni más ni menos que ¡zanjas!

Así, el gobierno del Frente Amplio y el Partido Comunista hace propia la idea que tanto criticó, argumentando que –en realidad– las zanjas “están hace un rato y hoy día se están reforzando a propósito de que en la región y en esta zona, el delito de robo de autos que pasan del extranjero a Chile es muy alto”.

Lo triste de esta historia es que, por enésima vez, el gobierno de Boric tiene que desdecirse e impulsar medidas a las se opusieron tenazmente en el pasado. Y no las rechazaban porque hicieran un análisis profundo de su eventual efectividad, sino por pura sobreideologización y desconocimiento de la realidad.

Es cierto que el fenómeno migratorio en Chile no explotó cuando el Presidente Gabriel Boric se puso la banda; pero también es cierto que sus complejos e ideología le impidieron ver a tiempo cómo enfrentar de mejor manera las graves consecuencias que la inmigración descontrolada está generando en las familias que viven en nuestra patria. Porque no me van a decir que el hallazgo de dos casas de torturas del Tren de Aragua en Maipú puede considerarse como un delito común o un hecho aislado, sino que es una muestra de la gran penetración que esa organización criminal ha tenido en Chile.

Si bien, evidentemente, estamos ante un fenómeno multifactorial, lo cierto es que los datos dan cuenta de la incidencia de bandas extranjeras. De hecho, de acuerdo a la información aportada por la Unidad de Investigación de Radio Biobío a partir de datos del Poder Judicial, en marzo del año pasado, los extranjeros formalizados por homicidios habían aumentado en un 270% en 4 años. 

Desde el Ministerio Público, en tanto, en noviembre del año pasado crearon –en coordinación con el Ministerio del Interior– un organismo especializado llamado Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH). Este lunes, informaron que, desde el 13 de noviembre de 2023 hasta el 14 de enero de 2024, se han contabilizado 155 concurrencias a “sitios del suceso”, 104 homicidios y 216 víctimas de delitos ligados al crimen organizado.

En específico, los expertos expusieron que, además de los 104 asesinatos, se han registrado al menos 32 secuestros y/o sustracción de menores y 58 otros ilícitos vinculados al crimen organizado, tales como infracción a la ley de armas, tráfico de drogas o lesiones graves.

Esa es la realidad que enfrentamos: una violencia desconocida hace solo pocas décadas en nuestro país y cuyo impacto atemoriza a vecinos de distintas comunas, que ven sus vidas truncadas por el terror de una “bala loca”.

En resumen, no estamos aquí para hacer ficción, pero es imposible no preguntarse: ¿cuánto habría contribuido la creación de zanjas hace dos años? Pero claro, eso hubiera requerido poner atención a las ideas de la derecha, algo que este gobierno parece hacer solo cuando la realidad los golpea en la cara. Tal vez podríamos haber evitado la entrada de personajes que ahora siembran el temor en nuestro querido país. Pero, claro, eso hubiera sido demasiado conservador, ¿verdad?

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero el domingo 28 de enero de 2023.