Siempre impresiona la fragilidad del orden social. Lo vemos cada vez que en nuestra Hispanoamérica la inestabilidad deviene en caos. El movimiento revolucionario octubrista de 2019 en Chile es un claro ejemplo, y otros los podemos ver en las revueltas o “estallidos sociales” que hubo ese mismo año en Ecuador, Bolivia y Colombia. Todos estos casos fueron ocasión para poner sobre la mesa el dilema del uso legítimo de la fuerza pública, supuestamente en conflicto con el respeto por los derechos humanos. Pero el 9 de enero Ecuador nos mostró con mucha más crudeza la misma verdad que ya en los estallidos de 2019 se podía ver: es necesario en ocasiones usar la fuerza, incluso letalmente. Y no sólo es fácticamente necesario, sino también moral y jurídicamente legítimo.

¿Por qué se hace tan difícil comprender una verdad tan sencilla? En ocasiones, pareciera existir una ensalada mental en la que se confunden ideologías actuales, consignas pacifistas y resabios de la noción del Estado liberal.

Da la impresión de que en ocasiones el discurso de los derechos humanos sirve como instrumento de manipulación de masas, pretendiendo que vivimos en un mundo irreal. Simplemente, no vivimos en un mundo de ángeles, en el que un funcionario de policía en un escenario de combate y bajo condiciones ambientales adversas, es capaz perfectamente de inmovilizar muchedumbres armadas sin causarles el menor rasguño. Los juicios del socialismo del siglo XXI contra el uso de la fuerza provienen de este mundo irreal ―el mismo realismo mágico que en economía causa estragos por gastar plata que no se tiene para comprar cosas que no se necesitan―, el mundo de Strawberry fields forever. Así, pacifismo y nueva izquierda ―izquierda caviar― se toman de las manos en una ronda feliz donde todos sonríen y cantan, mientras el mundo popular sufre los balazos del narco, los secuestros del terrorista, el fuego de la subversión.

Pero junto con esos eslóganes pacifistas, existe una incomprensión de la política en cuanto tal. Si la comunidad política se define por los vínculos de amistad, simplemente hay algunos que son parte de ella ―y que son interdependientes entre sí, solidarios entre sí―, y “otros que no actúan para el bien común”, sino que “no son parte del organismo social”. Ellos, usando “su vitalidad interna para alcanzar objetivos ajenos, se comportan del mismo modo que los agentes patógenos en el cuerpo humano” (Juan Antonio Widow, El hombre, animal político). Se nos trata de decir que la guerra es contra otros Estados (resabio de la rigidez conceptual de los teóricos del Estado liberal), y que contra el crimen el Estado debe usar con mucha menor intensidad la fuerza. Pero el caso de Ecuador nos mostró no un conjunto de delincuentes comunes traficando drogas o realizando ciertos crímenes: se trata de un grupo que ex professo busca derrocar al gobierno legítimo, causar terror en la población y destruir el orden social, usando todos los medios a su alcance y sin escatimar en homicidios y secuestros de civiles. Es algo incluso peor que un enemigo en un caso de guerra contra otro Estado (pues allí los soldados de ambos bandos pueden actuar dentro de ciertos límites, que son lo que la filosofía clásica llamaba ius in bello). Es legítimo no solamente defenderse frente a ellos, sino que incluso usar la fuerza para derrotarlos, extirpando el problema de raíz. La fuerza debe ser proporcionada en el caso concreto, por cierto, pero la proporcionalidad no significa igualdad aritmética, sino la necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler una agresión. La proporcionalidad no impide, por ende, causar la muerte en ciertos casos. El terrorismo se ha de combatir así, no con las herramientas de la seguridad ordinaria: se combate como en la guerra. Y eso es legítimo.

―¿Y dónde quedan los derechos humanos de los terroristas?

―Es simple: la injusticia no puede tener más amparo que la justicia. Vim vi repellere licet: es lícito repeler con violencia la violencia. Incluso el ACNUDH lo ha reconocido así (cfr, ACNUDH, “Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley”). ¿Es acaso contrario a los derechos humanos proteger mediante fuerza proporcionada a los ciudadanos pacíficos, si ello conlleva causarle la muerte a un terrorista? ¡De ninguna manera! El bien común exige proteger al inocente, y eso a su vez hace necesario y legítimo eliminar la subversión. Se trata de algo perfectamente compatible con un respeto irrestricto a la dignidad humana, es decir, a los derechos humanos bien entendidos.

Los hijos de nuestro tiempo no somos los primeros en enfrentarnos a este tipo de crisis (ni tampoco los primeros en tener conciencia de la dignidad de la persona humana). El Derecho bebe de las fuentes imperecederas de una larga tradición, que se remonta a Grecia y Roma, pasando por la filosofía escolástica. Quizás para enfrentar las interrogantes de hoy y del futuro sea conveniente dejar de repetir consignas, cuestionar los discursos dominantes de hoy… y restaurar las ideas de los que nos precedieron.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por Suroeste el miércoles 17 de enero de 2024.